"Donde haya dos haitianos, matad a uno. Donde haya tres haitianos, matad a dos. Pero siempre dejad escapar a uno para que pueda volver a su país y contar lo que ha sucedido". Estas son las órdenes de las bandas de linchadores dominicanos en su acción contra los emigrantes procedentes del vecino Haití tras la muerte de un trabajador dominicano por parte de "dos hombres negros", un suceso que ha radicalizado la explosiva (falta de) convivencia entre emigrantes haitianos y sus anfitriones dominicanos, cientos de miles de ellos, a su vez, dejando su propio país para emigrar a España o a Estados Unidos.

La situación ha llevado a que el sacerdote belga Pedro Ruquoy se haya visto obligado a abandonar con urgencia la República Dominicana tras recibir muy creíbles amenazas de muerte por haber declarado como suyos a dos niños de origen haitiano, hecho que provocó una gigantesca polémica nacional. Aministía Internacional llevaba convirtiendo al sacerdote católico en centro de protección desde hace años, alarma que renovaba hace tan sólo unos días ante la gravedad de la situación y que, finalmente, no ha podido impedir que el religioso “muy comprometido con la Teología de la Liberación- tuviera que salir urgentemente en un vuelo con destino a Madrid tras treinta años de misión en la República Dominicana.

Seguimiento:

Organizaciones como Human Rights Watch y el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas han alertado sobre expulsiones masivas de haitianos y sobre la denegación de enseñanza y sanidad a los niños nacidos en la República Dominicana de padres haitianos. Todo el problema se basa precisamente en las permanentes quejas de los dominicanos ante la situación de "ilegalidad" en que se encuentran los haitianos y sus hijos nacidos en la República Dominicana.

El Club de París “al que pertenece España junto a otra quincena de países occidentales- acaba de conceder cinco años de gracia en el pago de 137 millones de dólares que la República Dominicana tenía que pagar este año. Además, dependiendo de acuerdos bilaterales, cada país puede convertir su deuda en ayuda humanitaria o al desarrollo.

Mientras, según informaciones locales, el 79 por ciento de los dominicanos considera que el gobierno del país es corrupto, problema del que han advertido también organizaciones internacionales y los propios Estados Unidos, que han amenazado con bloquear los beneficios que el Tratado de Libre Comercio concede a la República Dominicana en el ámbito de los acuerdos firmados entre el país norteamericano y Centroamérica.

Son precisamente mafias aliadas con los grandes terratenientes del país -y dirigidas por altos miembros del ejército o de la policía- las que gestionan y se lucran con el tráfico ilegal de emigrantes haitianos, a pesar del discurso hostil hacia sus vecinos más pobres.

Ante la situación de enfrentamientos, palizas y amenazas de linchamientos masivos, miles de haitianos han huido de vuelta hacia su país, según informaciones recogidas sobre el terreno por periodistas del New York Times.