La otra 'Guerra de los Aviones': Brasil anuncia una "respuesta" al veto de Estados Unidos sobre la venta de aviones brasileños a Venezuela
XEstados Unidos ha ratificado hoy que negará las licencias especiales de transferencia tecnológica a la empresa estatal brasileña Embrear para la venta de aviones militares a Venezuela, y ello a pesar del malestar que la decisión ha provocado en el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva, que teme perder los 500 millones de dólares que le depararía la operación acordada con Hugo Chávez.
Con el argumento de que la venta de los aviones a Venezuela contribuye a "desestabilizar" la situación política de América Latina, la administración de George Bush anunció su veto a la operación, en una determinación similar a la que tomó en relación a España al negar el permiso para otra venta de aeronaves con componentes norteamericanos al líder caribeño.
"Estamos preocupados por la posibilidad de que esa venta de equipamientos militares para Venezuela contribuya a desestabilizar la situación en Latinoamérica. Ya hemos explicado claramente esta posición a España, a Venezuela y otros gobiernos de la región", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
Seguimiento:
La rechazo de EEUU a la venta a Chávez de los 36 aviones Súper Tucano, especiales para la zona amazónica, generó preocupación en el gobierno brasileño que espera poder hacerse de los 500 millones de dólares que se comprometió a pagar Venezuela por la compra de las aeronaves.
Después de que el canciller de Lula, Celso Amorín, admtiera la semana pasada que recibió "indicaciones" de que Estados Unidos habría interferido en la operación, fuentes diplomáticas de Brasil señalaron que está "en análisis" la respuesta del país por esa actitud, aunque está claro que no será muy condescendiente con los intereses norteamericanos.
En paralelo, funcionarios brasileños iniciaron negociaciones discretas con sus colegas estadounidenses a fin de poder desbloquear la dura posición del gobierno de Bush y poder avanzar en la concreción de la venta a Venezuela.
Brasil argumenta que el bloqueo a la operación afecta los intereses comerciales del país y sostiene que es "políticamente contraproducente" para la imagen de Estados Unidos en la región, según describe la prensa brasileña.
Además, el gobierno de Lula ha asegurado que la venta no implica un peligro en términos militares, ya que los aviones turbohélice que pretende adquirir Chávez son definidos por Embraer, la compañía que los fabrica, como a "aeronaves de ataque leve" que no suelen ser usados para el entrenamiento de pilotos militares.
Sin embargo, las posibiliades de que EEUU modifique su posición son inciertas y remotas, de acuerdo con las palabras que la secretaria de estado norteamericano, Condoleezza Rice, le transmitió a Amorín durante la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada.
En Brasil se muestran optimistas en operación por los aviones y para ello recuerdan la gestión encarada por funcionarios norteamericanos para lograr el apoyo de Lula a una iniciativa destinada a someter el programa nuclear iraní a consideración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La Casa Blanca puede vetar que aeronaves con componentes norteamericanos sean exportadas a países considerados hostiles porque las piezas de instrumental de los aviones de la brasileña Embraer son fabricadas en Estados Unidos. Además, en el caso de la venta a Venezuela, funcionarios de la administración Bush han esgrimido razones políticas al opinar que Chávez busca desestabilizar la región.
La misma situación se registró con los contratos de venta a Venezuela de doce aviones CASA y ocho fragatas construidas por la empresa estatal española Navantia, por un importe total de dos mil millones de dólares.
La embajada de EEUU en Madrid dijo el pasado viernes que Venezuela se ha vuelto más autocrática bajo la admnistración del presidente Chávez, por lo cual teme que la venta de aviones altere el balance militar en la región.
Sin embargo, el gobierno español respondió que seguirá adelante con la operación porque "hay suscritos contratos que están firmados y se deben cumplir", afirmó la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
