El gobierno de Bolivia advirtió hoy que las empresas de hidrocarburos que pretendan seguir operando en el país deberán respetar las reglas que imponga el presidente Evo Morales, en una contundente respuesta al anuncio de la petrolera española Repsol YPF de reducir el cálculo de sus reservas de gas y congelar las inversiones que tenía previsto realizar en la nación andina frente a la falta de seguridad jurídica para sus negocios.

Después de que las autoridades bolivianas decidieran registrar como estatales las reservas de gas natural que Repsol había inscrito como propias ante la bolsa de valores de Nueva York, los directivos de la petrolera anunciaron este jueves una reducción del 50 por ciento de sus reservas probadas de hidrocarburos en Bolivia. Esa situación derivó en una abrupta caída en el valor de las acciones de la empresa en la bolsa de Madrid, con importantes repercusiones en los mercados latinoamericanos.

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El presidente de Repsol, Antonio Brufau, también informó sobre la determinación de la petrolera de congelar las inversiones que iba a realizar en Bolivia por unos 476 millones de dólares, la mitad de las previstas en su plan estratégico hasta 2009, con el argumento de que la mayoría de los proyectos que se pretendían encarar resultan "inviables económicamente" tras la entrada en vigor de la nueva ley de hidrocarburos sancionada por las autoridades de ese país en mayo de 2005.

En una conferencia de prensa convocada por explicar la revisión a la baja de sus reservas, Brufau aseguró que la compañía quiere seguir invirtiendo en Bolivia, pero precisó que para ello "es necesario clarificar las reglas de juego" por parte de la administración de Morales.

Los anuncios realizados por Repsol causaron fuerte malestar en el gobierno boliviano. Morales estuvo reunido más de siete horas con los principales miembros de su gabinete de ministros evaluando el tema y la respuesta que ofrecería su país.

A este respecto, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, negó que el gobierno de su país haya tomado decisiones que apunten a "expulsar" a las empresas que operan en el mercado de hidrocarburos, pero sostuvo que la intención es que se respeten las decisiones oficiales.

"Las empresas que quieran seguir operando en el país deberán hacerlo bajo las reglas de juego que vamos a establecer, no las estamos echando, no las estamos expropiando", advirtió el funcionario.

Alvarado ratificó la decisión de la administración de Morales de avanzar en la modificación de la ley de Hidrocarburos, que es resistida por las petroleras de capitales externos que operan en el país, al afirmar que constituye una "facultad soberana" del gobierno.

"No puede haber seguridad jurídica si no está garantizada la equidad y la igualdad para el pueblo boliviano", indicó al salir al cruce de los planteamientos de los directivos de Repsol que reclamaron reglas de juego claras para mantener sus negocios en el país.

El titular de YPFB cuestionó duramente el papel de las multinacionales petroleras en el mercado energético de su país y dijo estar "muy preocupado" porque esas empresas "no han hecho trabajos de exploración de nuevos campos y por eso corremos el enorme riesgo de ver reducidas nuestras reservas en lugar de incrementarlas".

La relación entre Bolivia y Repsol se tensó el último martes cuando Andrés Solíz Rada, el nuevo ministro de hidrocarburos designado por Morales, anunció que su país registraría como estatales las reservas de gas natural, en una decisión que afectó directamente los intereses de la petrolera.

Solíz Rada, abogado y periodista de reconocida filiación marxista, es el mismo dirigente que, previo a la asunción de Morales en su cargo, denunció públicamente que los directivos de Repsol se habían "apropiado" de las reservas de gas de su país al inscribirlas como propias, lo que, en su opinión, constituía un "delito federal" o, cuanto menos, "un fraude".

En esa oportunidad, la acusación de Solíz Rada generó diversos rumores en los medios bolivianos, los cuales mencionaron la posibilidad de que la petrolera española fuera "expulsada de Bolivia", y hasta advirtieron sobre una eventual intervención militar a los campos controlados por la compañía.

Además, el funcionario declaró la intención de Morales de que los nuevos contratos que se negociarán con las petroleras incluyan una readecuación para "tomar el control estatal pleno sobre la industria y elevar los ingresos fiscales por la explotación de gas y petróleo".

Hasta el momento, las principales compañías que operan en el mercado boliviano de petróleo y gas han recurrido a convenios bilaterales de protección de inversiones para evitar que las autoridades locales las obliguen a firmar los contratos de readecuación como los que impulsa la flamante administración de Morales. Esos convenios se encuentran vigentes hasta el próximo 30 de junio, y si las empresas y el gobierno boliviano no alcanzan un acuerdo deberán recurrir a una instancia de arbitrajes.