La inquietud que genera en Estados Unidos el nuevo mapa político latinomericano, caracterizado por el ascenso de la izquierda y algunas propuestas populistas y nacionalistas, ha llevado a la Casa Blanca a intentar aumentar en los últimos tiempos su presencia militar en la región.

Pero las exigencias de Washington para que los líderes de América Latina concedan inmunidad diplomática a las tropas norteamericanas para operar en sus territorios ha chocado una y otra vez con la negativa de los gobiernos regionales, que consideran que una autorización de esas características atentaría contra su propia autonomía y le daría a Estados Unidos un margen de acción para intervenir ante cualquier situación que no se ajuste a sus intereses políticos o económicos.

En este sentido, Colombia y Paraguay han sido los únicos estados sudamericanos que aceptaron conceder permisos especiales a las fuerzas militares norteamericanas destinadas a sus respectivos países. El primer caso fue determinado en el marco del denominado 'Plan Colombia', con el que la Casa Blanca ha fundamentado su cooperación con el gobierno local en el combate contra las narcoguerrillas que operan en ese territorio.

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La situación de Paraguay es mucho más polémica porque la autorización dada por el gobierno para el despliegue de las tropas de EEUU en la zona de la "Triple Frontera" que limita con Brasil y Argentina ha generado gran revuelo en el Mercosur. La administración de George Bush y el gobierno paraguayo han argumentado la inmunidad en la necesidad de dar combate a la red de negocios ilegales que opera en la zona supuestamente destinada a financiar los movimientos de terroristas islámicos.

Pero, en cambio, en el resto del bloque regional sospechan de cierto interés de Washington por el control del acuífero guaraní, la mayor reserva mundial de agua dulce, ubicada en el mismo lugar en el que están asentados los marines norteamericanos. Tanto Brasil como Argentina han llevado hasta sus parlamentos la discusión sobre el pedido de inmunidades planteado por Bush para sus soldados, pero en ambos casos las fuerzas políticas locales han rechazado en forma terminante la solicitud.

Oficialmente los presidentes Luis Inacio Lula Da Silva y Néstor Kirchner han fundamentado esa decisión en el compromiso que sus administraciones mantienen con los postulados de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que establecen que los delitos cometidos por militares de cualquier país en un territorio extranjero deben ser juzgados en el lugar donde se produjeron los delitos y no en el país de origen de los úniformados, como pretende la Casa Blanca.

Pero más allá de las razones que se han esgrimido en público, las autoridades argentinas y brasileñas consideran que conceder una habilitación como la reclamada por Bush sería una violación de su propia soberanía. Con inmunidad -dicen- las tropas norteamericanas se creerían con poder para intervenir ante cualquier circunstancia que pudiera poner en riesgo sus proyectos dentro de la región.

La posición de los dos principales socios del Mercosur ha sido puesta de ejemplo más de una vez por el líder venezolano Hugo Chávez, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con la administración norteamericana.

Chávez hasta ha denunciado la presencia ilegal de militares y servicios de inteligencia de Estados Unidos operando dentro el territorio venezolano, como parte de una maniobra que tendría como principal objetivo el de desestabilizar su gestión. Ese motivo lo ha llevado, incluso, a promover una especie de campaña proselitista regional para convencer al resto de los gobiernos latinoamericanos a que se resistan a otorgar las inmunidades que pide Bush.

La gestión de Chávez tuvo un éxito rotundo en Bolivia, donde a mediados de 2005 los sectores políticos alineados con la entonces candidatura presidencial del cocalero Evo Morales rechazaron en el parlamento del país la solicitud norteamericana. Tras su llegada a la presidencia del país, Morales ratificó esa postura, lo cual le generado fuertes encontronazos con la Casa Blanca.

De hecho, este martes la representación diplomática de Estados Unidos en La Paz solicitó al cocalero la devolución de las armas que ese país le prestó a la fuerza contra terrorista conjunta de Bolivia (FCTC) en un gesto de desconfianza por la designación de un jefe de las fuerzas armadas del país.

Morales repudió la actitud norteamericana y ordenó a sus jefes militares no entregar ningún armamento ni equipo solicitado. "Esto es un chantaje, una intimidación de Estados Unidos contra las fuerzas armadas bolivianas", denunció públicamente el mandatario. Y aseguró: "No es posible que vengan fuerzas externas a intimidar, amedrentar, a cambiar comandantes; eso de cambiar ministros y de cambiar comandantes por presiones se acabó".

Según sostienen analistas bolivianos, la devolución de armamento solicitada por Estados Unidos no estaría solamente vinculada con la designación del nuevo jefe militar, sino también con la decisión de Morales de resistirse a conceder inmunidades para que las tropas norteamericanas operen en el territorio andido.

"Aquí hay una vinculación muy estrecha de esta medida de presión norteamericana, con que Bolivia se haya negado a suscribir el acuerdo para otorgar inmunidad a soldados y ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar delitos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad", indicó el analista Roger Cortés en declaraciones a la prensa local.

Cortés recordó que "hay fuerte oposición a este tratado de parte de varios países de América Latina" y mencionó que en el caso de su país "el gobierno sólo ha mantenido la línea que impulsó desde la oposición".

El senado boliviano había ratificado en junio de 2004 la firma del acuerdo bilateral por la inmunidad, pero la gestión no pasó de la cámara de diputados, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía ya entonces una fuerte bancada e hizo pesar su influencia para rechazar el acuerdo. Ahora, el partido de Morales controla el Congreso y los plazos de aprobación otorgados por Washington ya han expirado.