El conflicto diplomático generado entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos fábricas de pasta celulosa -una de ellas de capital español- en zona limítrofe entre ambos países ha sumado en las últimas horas un nuevo y sorpresivo protagonista: el gobierno de la Xunta de Galicia. En medio de su visita oficial a la región, Emilio Pérez Touriño, la máxima autoridad de la Xunta, ha tomado posición en favor de la actitud de las autoridades argentinas, que rechazan la radicación de las papeleras a la vera del río Uruguay por considerar que producirían efectos altamente contaminantes en la zona.

Pese a que una de las conflictivas plantas que se proyecta instalalar en Uruguay es propiedad de la española Ence, cuyo capital accionarial tiene mayoría gallega, Pérez Tourino advirtió, en el marco de la disputa entre los socios del Mercosur, de que la fábrica que la empresa ya posee desde hace años en la ciudad de Pontevedra, en Galicia, "no es un buen espejo para mirar".

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"La implantación de la planta de celulosa en Pontevedra, que es conflictiva, data de los años sesenta. Es tecnología atrasada que está incrustada a los pies de la ciudad y, por lo tanto, hoy nos genera un problema", afirmó el presidente de la Xunta de Galicia en un planteamiento que coincide con los argumentos expresados por el gobierno del presidente Néstor Kirchner para rechazar la instalación de la empresa frente a las costas de la argentina provincia de Entre Ríos.

En un reportaje con el diario La Nación, el mandatario gallego admitió que su gobierno lleva adelante una negociación con los responsables de Ence para trasladar o reubicar la fábrica en otro espacio y con nueva tecnología. Justamente la misma propuesta que el gobierno argentino elevó meses atrás a las autoridades de Uruguay con la intención de tratar de superar el diferendo, pero que fue terminantemente rechazado por el presidente Tabaré Vazquez.

La papelera española se instaló en Pontevedra en la década de los 70 con un contrato de concesión que vencerá en 2018, y desde su llegada a esa ciudad fue objeto de innumerables denuncias por contaminación. Una de las denuncias, promovida por un vecino en 1990, dio inicio a un proceso judicial que terminó tres años atrás con la condena de seis directivos de la compañía por delito ecológico.

"En enero volvimos a denunciarlos porque la contaminación no se detiene. En este momento, está provocando la desaparición de casi todas las especies de mariscos de la zona", aseguró el biólogo Anton Masa, presidente de la Asociación por la Defensa de la Ría.

En esas denuncias sobre la situación en Pontevedra, además de otros informes ambientalistas, el gobierno argentino ha basado su fundamento contra la instación de la papelera en Sudamérica. Son las mismas denuncias que han llevado al gobierno de Pérez Touriño a plantear el traslado de la planta de la ciudad gallega y a reconocer su simpatía pública con la posición argentina en el conflicto con Uruguay.

No obstante, el presidente de la Xunta de Galicia ha advertido de que las otras dos plantas que Ence posee en el territorio español, en Huelva (Andalucía) y Navía (Asturias) cuentan con la tecnología suficiente para evitar los problemas de contaminación, por lo que reclamó a las autoridades de Argentina y Uruguay que negocien en forma conjunta con la empresa para garantizar una situación similar con el caso de la planta que se instalará en Fray Bentos.

Tregua en el conflicto

"Mi deseo y el de España es que los presidentes Kirchner y Vázquez puedan encontrar un camino propio para poder resolver al conflicto que los enfrenta con la mejor solución ambiental para los dos. En Galicia, donde ENCE tiene una presencia en el capital muy importante, apostamos por ese camino de encuentro", afirmó Pérez Touriño.

Justamente este sábado, en el marco de los actos por la investidura presidencial de Michelle Bachelet en Santiago de Chile, los presidentes de Argentina y Uruguay alcanzaron una tregua en el conflicto por las papeleras, luego de diversas conversaciones reservadas.

El acuerdo fue anunciado junto al pedido de "gestos" de reconciliación desde ambas orillas del Río Uruguay: que se suspendan por noventa días las obras de las plantas de Fray Bentos, y que se levanten los cortes de las rutas y puentes protagonizados por ciudadanos argentinos que han paralizado el tránsito en la frontera durante los últimos tres meses.

Si se cumplen esos pasos “es la condición“, ambos presidentes concertarán dos reuniones cumbre entre ellos; una en Anchorena, departamento de Colonia (Uruguay) y otra en Mar del Plata (Argentina), en las cuales se avanzaría en una etapa posterior del entendimiento.

El objetivo es constituir una comisión de expertos, imparcial e incuestionable, conformada por técnicos ajenos a ambos países, que tendrá a su cargo la definición del impacto ambiental de las plantas y una recomendación sobre las medidas necesarias para neutralizar la potencial contaminación de la región del río Uruguay.

"Hemos resuelto en conjunto solicitar un gesto a las empresas que están construyendo las plantas de pasta celulosa: que detengan las obras por un máximo de 90 días. Y a los ciudadanos argentinos que cortan los puentes que unen a los dos países: que inmediatamente levanten los cortes", anunció Vázquez tras la reunión con su par argentino.

Funcionarios de ambos países confiaron que las dos empresas ya decidieron suspender temporalmente la construcción de sus plantas a la espera del resultado de la negociación entre las autoridades, en tanto que los asambleístas que mantienen cortados los puentes y rutas fronterizos ratificaron que levantarán los piquetes apenas se paralicen las obras en las papeleras.

La disputa entre Argentina y Uruguay se inició a mediados de 2005, pero en los últimos meses el conflicto se agudizó de tal forma que se convirtió en un duro golpe para las instituciones del Mercosur, y para las expectativas de avanzar en la consolidación política y económica del bloque en la región.

Incluso, el gobierno de España -a través de su canciller, Miguel Angel Moratinos- decidió intervenir en el conflicto y realizó diversas gestiones ante las autoridades de ambos países para comprometerlas en una negociación que permita superar la disputa y avanzar con el proyecto. "España desea que haya un arreglo y haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontrar una solución, que estoy convencido de que se encontrará", afirmó Moratinos, durante la visita que realizó a Montevideo y Buenos Aires en febrero pasado.