NUEVO DIGITAL Internacional - Las lagunas en el control del comercio exterior facilitan la generación de dinero ilegal en la Triple Frontera con supuesto destino final en Hezbollah o en Al Qaeda (2/2)
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Las lagunas en el control del comercio exterior facilitan la generación de dinero ilegal en la Triple Frontera con supuesto destino final en Hezbollah o en Al Qaeda (2/2)

Las lagunas en el control del comercio exterior facilitan la generación de dinero ilegal en la Triple Frontera con supuesto destino final en Hezbollah o en Al Qaeda (2/2)

14.03.06 • 06:11 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

Las operaciones de comercio exterior y dentro del sistema financiero local son los métodos más utilizados por las bandas ilegales que operan en la denominada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay para lavar el dinero proveniente de maniobras ilícitas que posteriormente se destina al financiamiento del terrorismo islámico.

La revelación sobre los mecanismos con los que operan los grupos sospechosos de recaudar fondos en la región para las operaciones del Hezbollah o Al Qaeda fueron realizadas en las últimas horas desde Washington, donde la administración de George Bush sigue con preocupación la situación de la Triple Frontera y ha exigido a los gobiernos de la región que adapten sus legislaciones para poder dar un combate certero contra el negocio ilegal que desde América Latina financia el terrorismo.

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En este sentido, un informe difundido en las últimas horas por el Wall Street Journal señalaba que el gobierno norteamericano ha comprobado cómo los narcotraficantes, contrabandistas y falsificadores que operan en la zona limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil recurren en forma sistemática a las operaciones de comercio exterior para blanquear el dinero que después es utilizado por las organizaciones terroristas con presencia global.

Según se describe, el modus operandi de esas bandas se concreta a partir de negocios de sobrevaloración y subfacturación de exportaciones.

En el primer caso, el exportador vende su mercadería a un precio inflado, que es pagado por el importador, quien de esa forma convierte el dinero ilícito en mercaderías que posteriormente son comercializadas en forma legal, lo que da por resultado el blanqueo de los fondos.

En el caso de las subfacturaciones, el encargado de realizar la exportación compra los productos en el mercado interno de su país de origen y los vende al exterior a un valor mucho menor que los precios de mercado, con lo que también ahorra el pago de impuestos aduaneros. El importador que recibe la mercadería en otro país se encarga de revenderla a su precio real: el dinero sucio ya está lavado y las autoridades ni siquiera detectaron la maniobra.

En general, este tipo de operaciones involucra mercaderías de muy bajo valor, que no atraen la atención de las autoridades aduaneras encargadas de controlar las exportaciones e importaciones que abarcan productos de mayor precio y, por lo tanto, que pagan una carga impositiva mucho más importante.

El auge que ha experimentado en la Triple Frontera el recurso del comercio internacional para lavar el dinero que financia a los terroristas internacionales ha obligado a Estados Unidos a promover acuerdos con los gobiernos de la región para combatir esas técnicas.

En enero pasado, funcionarios de la administración de George Bush se entrevistaron con autoridades de Argentina, Brasil y Paraguay con el objetivo de avanzar en la creación de las denominadas "unidades comerciales de la transparencia", destinadas a que los países compartan información detallada respecto de cada una de las operaciones de exportación e importación. El programa apunta a que las autoridades aduaneras corroboren la información que poseen con la de los otros países en la busca de irregularidades que podrían indicar la presencia de una maniobra de financiamiento terrorista o de otra actividad criminal.

"La idea detrás del esquema es simple", afirma Charles Allen, jefe de la unidad comercial de la transparencia en la inmigración de Estados Unidos. "Si un negocio extranjero dice que está exportando el valor 100 pesos de martillos a Estados Unidos, pero la documentación del importador menciona otros números, algo es incorrecto. Lo que sale debe emparejar lo que viene adentro: Si no lo hacen, hay que determinar si puede haber una conexión con la actividad criminal", explica el funcionario.

Aunque es difícil de cuantificar, las autoridades norteamericanas sostienen que alrededor del 70 por ciento del dinero ilegal de la región es lavado en operaciones de comercio exterior. "Es que las organizaciones criminales ya establecidas se han beneficiado con las barreras creadas por la carencia de información por parte de las autoridades sobre los negocios de comercio exterior. Con el programa que pretendemos se ponga en marcha en la Triple Frontera queremos tirar abajo esas barreras y exponer algunas de las prácticas que afectan mil millones de dólares", indicó Julia Myers, otra de las responsables de la unidad de transparencia comercial norteamericana.

Por otra parte, las bandas ilegales dedicadas al financiamiento del terrorismo en punto tripartito también recurren a los puntos débiles de los sistemas financieros locales para el blanqueo de los fondos provenientes de operaciones ilícitas.

Justamente en los últimos días se reunieron en Buenos Aires las principales autoridades financieras de la región con el objetivo de avanzar en la discusión de mecanismos para mejorar la prevención de maniobras de lavado. En ese marco, el secretario adjunto del Tesoro norteamericano, Patrick O`Brien, planteo la necesidad de una actualización de las normas regionales para adecuarse a la legislación internacional, según lo establecido por instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El funcionario de la administración Bush también consideró urgente el desarrollo y fortalecimiento de los organismos que se ocupan de combatir los delitos de lavado, como el caso de las unidades de información financiera y los distintos actores judiciales de la región.

De acuerdo con los informes norteamericanos, ciertas excepciones en el marco legal regional para "el caso de amigos o familiares que puedan realizar emprendimientos financieros en nombre de otros y la ampliación del secreto bancario, entre otras maniobras" son utilizados por las organizaciones ilegales que operan en la Triple Frontera para blanquear el dinero sucio.

Los gobiernos de la región ya han ratificado su disposición de avanzar en diversos programas de control de las actividades ilegales. Uno de ellos referido a la implementación de una suerte de «certificación de calidad» respecto de las prácticas de las entidades bancarias para detectar cualquier operación que implique lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, tanto las autoridades de Argentina como de Brasil han criticado duramente la aplicación de la denominada ley de Acta Patriótica, sancionada por el congreso norteamericano en noviembre de 2001, dos meses después del atentado a las Torres Gemelas, para prevenir el financiamiento del terrorismo.

"Con esa norma se está ante un riesgo de discriminación que debe ser evitado", cuestionó el titular del banco central argentino, Martín Redrado. El funcionario explicó que la consecuencia de la fuerte vigilancia que pide el gobierno estadounidense a las entidades provocó entre diciembre de 2001 y setiembre de 2005 el cierre de 200 «cuentas corresponsales» que bancos argentinos mantenían en bancosamericanos, sobre un total de 700. Para las casas de cambio, el resultado fue aún peor: sufrieron el cierre de 60 por ciento de las cuentas que poseían en entidades norteamericanas en el mismo período.

Esas cuentas permiten, entre otras cuestiones, realizar giros desde Argentina hacia los Estados Unidos y viceversa, por lo que resulta un servicio clave, sobre todo para el comercio exterior y las operaciones financieras. Se trata de operaciones que quedan registradas y pasan por el circuito legal de la economía.

"No tiene ninguna relación esta cantidad de cierres con los hechos de terrorismo que se pudieron haber registrado en la región", advirtió Redrado, quien aseguró el mismo problema lo padecen todos los bancos de América Latina. "Creemos que el peligro de aplicar este tipo de normas es generar el efecto contrario, ya que se incrementa la informalidad", añadió.



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