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Estados Unidos corta el grifo: La Triple Frontera, de nuevo en el punto de mira de la financiación del terrorismo islámico internacional

Estados Unidos corta el grifo: La Triple Frontera, de nuevo en el punto de mira de la financiación del terrorismo islámico internacional

07.04.06 • 03:47 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

La preocupación con la que el gobierno de Estados Unidos observa el funcionamiento de las bandas ilegales radicadas en la denominada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se reactivó en las últimas horas a partir de la detección, por parte de la justicia norteamericana, de una operación financiera en la que 3.000 millones de dólares procedentes de esa zona de América del Sur fueron transferidos a Al Qaeda y otros grupos terroristas islámicos.

El caso fue desvelado por la fiscalía de Nueva York, que describió cómo los fondos provenientes de negocios ilícitos en la frontera tripartita fueron transferidos a una cuenta del Bank of America neoyorquino a través de giros que involucraban a la empresa financiera con sede en Montevideo. De acuerdo con los investigadores, desde el banco estadounidense el dinero habría sido enviado a cuentas radicadas en Riad, Beirut, y Ramala, ésta última en los territorios autónomos palestinos.

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"No puedo ir a arrestar a Osama ben Laden pero puedo intentar cortarle el suministro de fondos", dijo, en declaraciones al diario The New York Post, el fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, quien detectó la maniobra e incautó los fondos.

Portavoces de la justicia norteamericana, que pidieron no ser identificados porque siguen en curso las investigaciones, indicaron que se iniciaron conversaciones con el Bank of America, el segundo entre los bancos más grandes de Estados Unidos, para que colabore en la investigación. Si bien la entidad aún no ha sido acusada por supuesta complicidad en la maniobra de blanqueo de dinero, ya enfrenta cuantiosas multas por fallas administrativas en las operaciones.

Mientras tanto, el gobierno de Uruguay, país desde el cual se habrían triangulado los 3.000 millones de dólares hacia el banco norteamericano, anunció que ha iniciado una profunda investigación para determinar a los presuntos involucrados en la maniobra de lavado de dinero ilegal para el financiamiento del terrorismo islámico.

En este sentido, el presidente del banco central uruguayo, Walter Cancela, explicó que, de acuerdo a las investigaciones, el envío de los fondos se realizó desde la casa de cambios Gales, ubicada en Montevideo, situación por la cual -según anticipó- las autoridades del país decidieron atender todos los pedidos de informes que solicite la justicia de Nueva York, de manera de cumplimentar los compromisos establecidos en el marco del acuerdo de acción financiera internacional que lucha contra el blanqueo de activos a nivel internacional.

Sin embargo muy diferente fue la actitud de las autoridades de Paraguay, uno de los países que integra la denominada Triple Frontera, que rechazaron cualquier posibilidad de que desde esa zona se envíen remesas de dinero para financiar las actividades de grupos terroristas como Al Qaeda.

"En eso somos contundentes, en eso somos rotundos, y hay que ratificar que desde la Triple Frontera jamás ha habido alguna formulación o algún proyecto terrorista para el mundo", sostuvo la canciller paraguaya Leila Rachid en declaraciones a la prensa de no país.

La funcionaria del gobierno de Nicanor Duarte Frutos aseguró que "jamás se demostró" en forma fehaciente las afirmaciones de las autoridades norteamericanos sobre los negocios ilegales que se habrían montado en la zona tripartita con el propósito de recaudar fondos para el terrorismo.

Las investigaciones sobre los lazos financieros entre la Triple Frontera y grupos terroristas islámicos comenzaron después de que, en 2004, la justicia de Estados Unidos descubrió que una firma financiera de Nueva York, Beacon Hill Services Corp., había transferido fondos sospechosos procedentes del Cono Sur de América latina a cuentas en el Chase Manhattan Bank y otras instituciones.

Funcionarios judiciales de Nueva York declararon la semana pasada ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes sobre el tema y subrayaron que cientos de miles de entidades financieras sospechosas en todo el mundo "están aceptando depósitos de gente que nunca han visto y de compañías ficticias que no tienen más bienes que una cuenta bancaria", muchas de ellas ubicadas en América Latina.

La Casa Blanca ha centrado en los últimos años su atención en la Triple Frontera, una zona que desde hace tiempo es considerada un foco de actividades ilegales, como redes de prostitución, narcotráfico, contrabando y secuestros extorsivos. De hecho Nuevo Digital publicó a mediados de marzo una investigación que ponía en evidencia cómo las bandas ilegales que operaban en la zona utilizan las operaciones de comercio exterior y dentro del sistema financiero local para lavar el dinero proveniente de maniobras ilícitas que posteriormente se destina al financiamiento del terrorismo islámico.

El informe, inicialmente difundido por el Wall Street Journal, señalaba que el gobierno norteamericano ha comprobado cómo los narcotraficantes, contrabandistas y falsificadores que operan en la zona limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil recurren en forma sistemática a las operaciones de comercio exterior para blanquear el dinero que después es utilizado por las organizaciones terroristas con presencia global. El modus operandi de esas bandas se concreta esencialmente a partir de negocios de sobrevaloración y subfacturación de exportaciones.

La inquietud por la situación ha llevado a los funcionarios de la administración de George Bush a promover acuerdos con los gobiernos de la región para combatir esas técnicas. Para ello en enero pasado se entrevistaron con autoridades de los tres países y acordaron avanzar en paralelo con la creación de las denominadas "unidades comerciales de la transparencia", destinadas a que los estados compartan información detallada respecto de cada una de las operaciones de exportación e importación. El programa apunta a que las autoridades aduaneras corroboren la información que poseen con la de los otros países en la busca de irregularidades que podrían indicar la presencia de una maniobra de financiamiento terrorista o de otra actividad criminal.

Además, la dificultad que plantean los puntos débiles de los sistemas financieros locales para el blanqueo de los fondos provenientes de operaciones ilícitas ha llevado a los gobiernos latinoamericanos a promover en forma urgente, y con el apoyo de Estados Unidos, el desarrollo y fortalecimiento de los organismos que se ocupan de combatir los delitos de lavado, como el caso de las unidades de información financiera y los distintos actores judiciales de la región.

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