Lo han bautizado como el "Día sin migrantes". Y se trata de una gran protesta nacional convocada para el 1 de mayo por los movimientos que nuclean a los emigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que, como parte de un ambicioso boicot, piden a la población no asistir a los centros de trabajo, a los estudiantes de todos los niveles a no concurrir a las escuelas, a no comprar ningún producto y a mantener los negocios cerrados.
El objetivo de la protesta apunta claramente a la necesidad de asestar un duro golpe a la economía norteamericana poniendo en evidencia la contribución estratégica que realizan a diario los once millones de emigrantes ilegales que viven en Estados Unidos y que exigen al gobierno de George Bush una ley migratoria más integral y más humana que la norma que actualmente se debate en el parlamento local.
Sin embargo, la oportunidad de la huelga nacional ha comenzado a abrir profundas brechas entre los movimientos de origen latino. Extraoficialmente ha trascendido en la prensa que la división entre los miembros de la coalición que lanzó a millones de emigrantes a las calles de Estados Unidos el último 10 de abril es cada vez más visible.
Por ahora, las diferencias entre los diversos grupos se vinculan con la metodología que se debe privilegiar para exteriorizar las peticiones, pero si esos desajustes se mantienen en el tiempo terminarán por afectar también las metas centrales que dan sustento a la postura de los indocumentados. De hecho, algunos dirigentes del sector ya han advertido que la división interna podría reducir la participación popular en la jornada del 1 de mayo y hacer perder ímpetu al movimiento.
De un lado se encuentran quienes argumentan la necesidad de una demostración pública para señalar la importancia que los emigrantes ilegales que viven en el territorio norteamericano tienen para la economía del país. Por eso el boicot plantea la paralización de actividades laborales, la no compra de productos fabricados por empresas estadounidenses y hasta dejar vacías las aulas de escuelas y universidades.
En cambio, otros temen que la huelga convocada sólo aliente el malestar de la ciudadanía estadounidense y que esa situación termine poniendo en contra de los indocumentados a aquellos legisladores que aún no han tomado posición respecto a la polémica reforma migratoria, cuya autoría corresponde al representante James Sensenbrenner.
Además, hay una fuerte preocupación entre los movimientos de emigrantes sobre la posibilidad de que los ilegales que adhieran a la protesta sean despedidos de sus trabajos.
A la postura contraria a la huelga se ha sumado incluso el gobierno de México, que ha prohibido a los funcionarios de sus consulados en Estados Unidos que participen del boicot a productos estadounidenses.
"Apoyar estos mecanismos implicaría violar la soberanía de otro país, mantener una actitud injerencista que no queremos que nadie la tenga con nosotros", señaló Rubén Aguilar, portavoz del presidente mexicano Vicente Fox.
No obstante, organizaciones de México como de otros países latinoamericanos, con significativa presencia de inmigrantes en Estados Unidos, han llamado a sus respectivas poblaciones a sumarse a la campaña para no comprar durante la jornada de protesta aquellos productos que son producidos o vendidos por empresas norteamericanas.
"Recuerden, nada de gringo el primero de mayo", anuncian las consignas de los impulsores de la adhesión regional al boicot que son publicitados a través de los medios de comunicación o difundidos masivamente por correo electrónico entre los latinos.
Los sindicatos, grupos políticos y comunitarios, periodistas y varias organizaciones sociales de México, un país que tiene alrededor de 6 millones de indocumentados viviendo en Estados Unidos, ya anunciaron que se unirán a la protesta y realizarán manifestaciones contra comercios de origen norteamericano. También obispos de la iglesia católica del país han pedido a sus fieles que apoyen el boicot comercial de forma de apoyar el reclamo de los emigrantes al gobierno norteamericano.
A su vez, en Guatemala, la poderosa Central General de Trabajadores (CGTG) informó que, en apoyo a las medidas contra la reforma migratoria, ha organizado una movilización frente a la embajada de Estados Unidos en el país.
Ese fervor, sin embargo, contrasta con el pensamiento de muchas de las organizaciones que concentran la representación de los inmigrantes latinos en Estados Unidos. "Éste no es el momento para un boicot", dijo Jaime Contreras, presidente de la Coalición de Inmigración de la Capital Nacional, una organización con sede en Washington.
El dirigente señaló que la mayoría de los grupos que integran esa coalición consideró que la protesta no era un mecanismo adecuado porque "pone en serio riesgo la credibilidad" de los indocumentados como comunidad.
"Hemos demostrado nuestro poder político, pero si no lo podemos demostrar a nivel económico, perderemos", coincidió Armando Navarro, coordinador de la Alianza Nacional por los Derechos Humanos, una organización del sur de California.
En tanto, otros sectores sociales han propuesto como alternativa realizar diversas movilizaciones públicas, pero sin apelar a la estrategia de la huelga o el boicot comercial.
Al respecto, representantes del Centro de Cambio Comunitario de Washington expresaron su inquietud sobre el impacto personal de la inasistencia laboral o escolar, y por ello han anunciado que solo efectuarán una manifestación.
También el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, quien desde hace tiempo viene respaldando los reclamos de los indocumentados planteó sus cuestionamientos a la estrategia del boicot. "Vayan al trabajo. Vayan a la escuela", instó Mahony durante la misa que ofreció en el marco de las celebraciones de la Pascua.
En cambio, quienes argumentan en favor del boicot sostienen que si la protesta es lo bastante contundente como esperan, esa situación protegerá a los indocumentados de eventuales represalias.
Sin embargo, en los últimos días algunos indicios parecen señalar que las medidas de fuerza de los indocumentados ya comienzan a generar algunas réplicas. Este martes, cientos de obreros extranjeros fueron detenidos en redadas realizadas por autoridades migratorias estadounidenses en varias fábricas de una compañía alemana, como parte de una campaña enérgica contra quienes emplean a ilegales.
En paralelo, la semana pasada tres restauranteros de Baltimore declararon haber contratado ilegales, y nueve personas vinculadas a agencias de empleo en Nueva Jersey, Ohio y Pensilvania fueron acusadas por lo mismo. Y a inicios de abril una veintena de trabajadores, todos ellos mexicanos, de una planta procesadora de carne en Detroit fueron despedidos, por asistir a una marcha en defensa de los derechos de los inmigrantes.
Las movilizaciones proinmigrantes surgieron espontaneamente a principios de marzo a partir de convocatorias de grupos locales y de locutores de radio de habla española, aunque al mismo tiempo sin una organización nacional ni líderazgos establecidos. Su objetivo central es impedir que la administración Bush apruebe leyes antimigratorias que son consideradas como lesivas para los derechos humanos.
Las principales iniciativas abarcan la criminalización y aumento de penas contra los indocumentados y el castigo para ciudadanos estadounidenses que los ayuden.
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