El sorpresivo decreto de Evo Morales que este lunes dispuso la nacionalización compulsiva de todos los recursos naturales de Bolivia ha provocado una verdadera sacudida en América Latina, donde la polémica medida decidida por La Paz fue evaluada con incertidumbre y gran preocupación por las consecuencias económicas que podría acarrear a la región en el corto plazo.

La intempestiva jugada de Morales ha conmocionado a las empresas de capitales internacionales dedicadas a la explotación del gas y el petróleo boliviano, pero también a los principales gobiernos de la región, como Brasil y Argentina, que han considerado que la resolución del gobierno boliviano alterará profundamente sus planes y sus intereses en materia energética.

Las autoridades de Brasil y Argentina, en la actualidad los dos mayores importadores de gas boliviano, coinciden en que el endurecimiento de la política de hidrocarburos por parte de Morales afectará el horizonte gasístico regional. Aseguran que la nacionalización provocará la paralización inmedidata de las inversiones energéticas previstas por las multinacionales que operan en Bolivia, una situación que derivará en la reducción de las reservas del país y, en consecuencia, en serios inconvenientes para aquellos estados que viven del gas boliviano.

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Para el gobierno argentino, la medida dispuesta por La Paz agudizará la crisis energética que atraviesa el país y podría poner en serio riesgo el proceso de recuperación económica. En los últimos años, Argentina ha compensado su déficit interno de gas con importaciones desde Bolivia, un proceso que le ha posibilitado un fuerte desarrollo de su aparato productivo. Pero en la administración de Néstor Kirchner consideran que la nacionalización de los hidrocarburos del vecino país causará una reducción de la producción por la falta de inversiones, lo cual derivará en un recorte de las exportaciones y en un aumento de los precios del combustible.

Más allá de los problemas económicos internos, en Argentina consideran que una situación de esas características también podría acarrearle serios problemas con Chile, debido a que si el país no logra mantener las importaciones desde La Paz se verá obligado a cortar el suministro de gas comprometido con Santiago, lo cual generaría una crisis diplomática de proporciones entre ambos gobiernos. "Si esta medida, como presumimos, implica una menor producción de combustibles en Bolivia, los problemas para Argentina serán muchísimos", advirtió un funcionario cercano a Kirchner, quien anticipó que de cualquier forma serán "durísimas" las negociaciones por las compras futuras del gas boliviano.

Por otra parte, las autoridades argentinas también han manifestado sus temores por la situación de la empresa hispano-argentina Repsol YPF, que en los últimos tiempos se ha convertido en centro de los embates por parte de los funcionarios bolivianos. "Lo que está claro es que por lo menos en este tiempo no va a invertir absolutamente nadie y no se van a desarrollar las reservas, lo que claramente nos perjudicará a todos", deslizó un ex directivo de la petrolera, muy cercano a la administración de Kirchner.

Para Brasil, en tanto, la mayor inquietud se vincula con los intereses de la petrolera Petrobras, la principal inversora energética en el territorio boliviano. De hecho, la incertidumbre que generó el decreto de Morales quedó en evidencia a partir de la convocatoria urgente que el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva formuló anoche a su gabinete con el objetivo de decidir los próximos pasos a seguir en las relaciones con La Paz. "Estamos exigiendo que se respeten las inversiones de Petrobras", explicitó el senador Aloizio Mercadante, un íntimo colaborador del mandatario brasileño.

En las cercanías de Lula opinaron que, más allá de la apuesta política interna que persigue Morales con el proyecto de nacionalización, el gobierno de La Paz "debe reconocer el empeño que pusimos en invertir en su país y el hecho de que seamos uno de los principales compradores de su gas".

Analistas regionales advierten que la toma de control por parte de Morales de las explotaciones de gas y petróleo boliviano sin tener en cuenta la posición de las empresas multinacionales que operan en el país recrea un escenario de inseguridad jurídica en América Latina y hace añicos los esfuerzos de algunos gobiernos por brindar señales de estabilidad que ofrezcan garantías sólidas para el retorno de la inversión internacional a la región.

En ese sentido, no son pocas las voces que han planteado que la jugada del gobierno boliviano agudizará los problemas energéticos de América Latina y podría perjudicar seriamente las expectativas de crecimiento económico de varios estados, lo que redundaría en la reproducción de nuevos conflictos sociales y algunos síntomas de inestabilidad política, en una región jaqueada por la pobreza y la falta de empleo.

El decreto firmado por Morales establece que el gobierno boliviano pasa a controlar el 51 por ciento de cada una de las empresa de capital internacional dedicada a la explotación de los hidrocarburos del país. Además, las compañías deben pagar impuestos por el 32 por ciento de sus ganancias y regalías por el 18 por ciento.

La medida entró en vigor este lunes cuando fuerzas militares de Bolivia ocuparon las refinerías y gasolinerías del país de manera de garantizar que las multinacionales entreguen toda su producción a la autoridades, para su comercialización e industrialización.