"Hubo grupos de poder que se beneficiaron con tierras que no trabajan y sólo usan para negocios especulativos, para venderlas a un precio mucho mayor o como garantía para créditos bancarios". Ese argumento ha esgrimido el gobierno de Evo Morales para avanzar con sus planes de nacionalización que, tras la expropiación de los hidrocarburos a las empresas de capital internacional, ahora se propone confiscar los campos a los productores rurales para entregarlos a las comunidades indígenas de Bolivia.

Pese a la conmoción internacional que generó la nacionalización de los recursos naturales del país y el conflicto que esa situación desató con varios gobiernos de América Latina, Morales está decidido a llevar adelante su propuesta para que el estado boliviano recupere el control en el manejo de las áreas claves de la economía local. En ese sentido, se ha anunciado que en los próximos días se oficializará el decreto que dispondrá la estatalización de las tierras que actualmente son explotadas por productores privados.

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La iniciativa, que remite de modo inevitable a la reforma agraria iniciada en 1953 durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, plantea la expropiación de unos 10 millones de hectáreas de campos, ubicados principalmente en los distritos de Santa Cruz de la Sierra, Pando y Beni.

La medida afectaría a los productores rurales de familias tradicionales del país, los que, según advierten colaboradores de Morales- se hicieron de esos terrenos "pagando al fisco precios viles" o logrando "favores como amigos del poder", en referencia a que la mayoría de las tierras fueron concedidas por las administraciones de Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Losada a sectores que compartían sus respectivos proyectos políticos.

"Acá esta claro que sólo el entorno poderoso tiene acceso a las tierras", denunciaron funcionarios del ministerio de desarrollo de Bolivia al fundamentar los términos del decreto presidencial que prepara el gobierno del país.

La intención de Morales es que, una vez que el estado boliviano se apodere de esos terrenos, estos sean entregados para su explotación a los representantes de las principales comunidades indígenas, a las que el presidente considera como "los verdaderos dueños de la tierra". "Actuaremos en función de un mandato histórico que tenemos con los pueblos indígenas de nuestro territorio", sostienen dentro de la administración de Evo.

Si bien en las cercanías del mandatario reconocen que la medida generará un duro conflicto con los sectores económicos más importantes del país, consideran que en cambio la medida redundará en un fuerte respaldo popular para Morales debido especialmente a los cuestionamientos sociales por la forma en que los grandes hacendados se han hecho de la propiedad de ess tierras.

"Hubo en Bolivia grupos de poder que se beneficiaron con tierras que no trabajan y sólo usan para negocios especulativos, para venderlas a un precio mucho mayor o como garantía para obtener créditos bancarios. En muchos casos, incluso, obtuvieron la tierra de manera irregular", acusó al respecto el viceministro de tierras boliviano, Alejandro Almaraz.

Desde la administración de Morales se ha afirmado que el decreto de expropiación de los terrenos no incluirá garantías de indemnización para los actuales dueños de esos campos, ya que se recurrirá a la figura de la reversión. "Claro que esperamos la oposición de estos grupos de poder, pero ojalá que esta oposición se someta a los medios pacíficos que tiene la ley porque así obraremos nosotros", aseguran desde el gobierno.

La determinación de Evo se vincula centralmente con los datos de algunos estudios que en los últimos tiempos revelaron que existen en Bolivia unos 28 millones de hectáreas en manos de sólo el 7 por ciento de propietarios de instalaciones agrícolas. Y que mientras los campesinos poseen apenas 4 millones de hectáreas, es decir, el 13 por ciento de los campos, el restante 87 por ciento, pertenece a los grandes hacendados. "El problema aquí es que la mayoría de esos campos está sin trabajar. Algunos alquilan vacas durante los días de pericias de saneamiento y utilizan la ganadería como pantalla", acusan las autoridades.

No obstante, sostienen que la determinación presidencial también abarcará una protección especial para aquellos productores rurales "que han obrado correctamente" y que, en la opinión oficial, "trabajan por la recuperación del país y no para llenar sus bolsillos".