La determinación de Evo Morales de avanzar en la confiscación de grandes latifundios bolivianos, actualmente en manos privadas, ha desatado un verdadero terremoto político en el país, situación que pone en evidencia las profundas diferencias que separan a los sectores más acomodados de la población de los más desfavorecidos, y que amenaza con derivar en un conflicto social de características violentas.

Tras la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, Morales decidió jugar a fondo con su plan estatalista y anunció la puesta en marcha de una reforma agraria que se propone revisar la propiedad de entre 11 y 14 millones de héctareas de tierras fértiles, pero ociosas, al menos en la opinión del gobierno de La Paz. En rigor, el plan abarca la confiscación de los campos a sus propietarios privados y su posterior entrega a las comunidades indígenas del país, que son consideradas por las autoridades como "los verdaderos dueños de la tierra".

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La medida oficial provocó en las últimas horas una dura reacción de parte de las organizaciones que nuclean a grandes hacendados y productores rurales, que advirtieron que no permitirán la expropiación de sus tierras y que están dispuestos a armarse para proteger su propiedad. "No lo vamos a permitir. No es posible que décadas de tradición familiar y sacrificio sean víctimas de un acto político", advirtió el dirigente Mauricio Roca, titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la entidad que agrupa a los productores rurales de la región más fértil y rica del país, los que se verán más afectados por la reforma agraria.

El dirigente no dudó al ser consultado por la prensa respecto de hasta dónde estarían dispuestos a llegar en defensa de su propiedad. "Nosotros apelaremos a la ley. Pero si eso no funciona se defenderá como se pueda", arremetió.

Sin embargo, la advertencia lanzada por los hacendados de la próspera provincia de Santa Cruz de la Sierra que se oponen a la medida no ha logrado desactivar los planes de la administración de Morales. De hecho, sólo sirvió para calentar aun más los ánimos y el conflicto.

Es que lejos de frenar el proyecto y abrir una etapa de diálogo y negociación, como exigieron los productores privados, el gobierno boliviano aclaró que no descartará recurrir a la fuerza si no son desalojados los campos cuando así lo dispongan las autoridades. "Seguramente los hacendados van a oponer resistencia a la nueva reforma, y en estos casos extremos, el gobierno no dudará en utilizar la fuerza pública para expropiar las grandes extensiones de tierra improductiva", afirmó el viceministro de tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz.

El avance de Morales sobre los sectores que poseen la propiedad de la tierra, en su mayoría concentrados en la rica Santa Cruz, ya ha logrado unir las voces de productores rurales y autoridades provinciales y municipales en contra del proyecto. Y la discusión ha puesto nuevamente sobre el tapete la histórica pelea que ha enfrentado al Oriente próspero de Bolivia (dueño además de los yacimientos de gas) y el Occidente empobrecido, de mayoría indígena. En un marco de profunda decadencia de los partidos políticos tradicionales, ese fenómeno social ha comenzado a tener también un fuerte protagonismo político: es que los empresarios, dirigentes y productores de la región oriental del país conforman ahora la verdadera y única oposición al gobierno de Morales.

"Las medidas que prepara el presidente generan mucha preocupación y tensión creciente. En el Occidente no entienden que en el Oriente se asegura la alimentación del país y que los productores agropecuarios aportamos el 14 por ciento del PBI. Eso debería ser apoyado, no destruido", denunciaron los productores de Santa Cruz, quienes consideran la actitud de Morales como "un gran show".

En conflicto ha reanimado también las voces de quienes desde Santa Cruz alientan su autonomía del resto de la nación. Al respecto, el Comité Pro Santa Cruz envió este miércoles una carta al gobierno expresando su repudio a la reforma agraria y advirtiendo que "se van a producir enfrentamientos" si las autoridades intentan quitarles las tierras.

"Acá se está presumiendo que todos somos terratenientes, oligarcas, cuando en los últimos 50 años hemos sido el departamente que más aporta al país. Si estas tierras son repartidas y colonizadas por gente del altiplano que vendrá a destruir los recursos forestales y agrícolas de los cuales vive la gente de Santa Cruz, va a haber enfrentamientos", amenazó el dirigente Germán Antelo, responsable de esa organización.