Nada parece haber cambiado en Estados Unidos tras el anuncio de Bush de desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México. Los mexicanos fuera y dentro del territorio estadounidense consideran que se les criminaliza y que, de todas formas, cualquier medida represora será como poner puertas al campo. O al desierto. Por su parte, los demócratas se encuentran divididos, desde los que manifiestan su preocupación por una rápida degeneración del mercado de trabajo por la reducción de los estándares laborales y salariales hasta los que apoyan el cerrojazo militar a la frontera, en especial, los gobernadores de los estados fronterizos.

Por su parte, los republicanos también siguen tan divididos como siempre, con una mayoría que continúa sin aceptar la persecución de la zanahoria de la "militarización fronteriza" para hacer olvidar el palo de lo que sigue siendo para ellos una increíblemente indigesta reforma migratoria. Según uno de los más influyentes "think tanks" conservadores, la ley pondrá 193 millones de extranjeros “masivamente mexicanos- en territorio de Estados Unidos en las próximas dos décadas. Y eso les suena a algunos a "la destrucción de la clase media de este país" ante la enorme presión asistencial que debería soportar, como ha manifestado el senador “demócrata- por Dakota del Norte, Byron L. Dorgan, cuyos puntos de vista en este sentido son frecuentemente atacados por los medios más afines a su cuerda política.

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Según un estudio de la Heritage Foundation, la reforma migratoria que volverá a discutir el Senado en las próximas semanas podría permitir que entraran en Estados Unidos durante las próximas dos décadas más de 193 millones de inmigrantes, ya legalizados bajo el amparo de la nueva legislación, y que equivaldrían nada menos que al 60 por ciento de la población total actual estadounidense, ya fuertemente escorada hacia la minoría mayoritaria hispana.

El director del estudio, Robert Rector, asegura que, aunque la amnistía contemplada en el proyecto de ley haría emerger los más de 10 millones de emigrantes ilegales actuales, el auténtico impacto vendría después, con la duplicación de la actual tasa de entrada de emigrantes a más del doble, esto es, a unos 2 millones por año. A ellos habría que añadir los 325.000 nuevos trabajadores anuales bajo el programa de trabajadores-invitados que también podrían reclamar más tarde la ciudadanía.

Aunque el estudio considera que una cifra más realista de emigración en las próximas dos décadas se encontraría en el entorno de los cien millones de personas, con los reagrupamientos familiares consecuentes, la población anual de desplazados crecería de forma exponencial, aunque lo peor para Rector sería que "la decisión de quién puede venir estará controlada casi por completo por el deseo de las personas que quieran emigran a los Estados Unidos antes que por el gobierno de los Estados Unidos".

En otras palabras, el informe alerta sobre una pérdida de control total del flujo emigratorio y, por ende, de la demografía estadounidense que iría acompañado, además, del virtual colapso de los servicios asistenciales públicos puesto que los emigrantes podrían traerse a sus padres, quienes a su vez, tendrían derecho a las prestaciones de la Seguridad Social aunque nunca hubieran pagado por ella.

A todo ello, habría que añadir el peso extra de los 50.000 millones de dólares anuales que los contribuyentes estadounidenses deberían pagar en impuestos adicionales para hacer frente a la gestión y asistencia de tan enormes flujos humanos en movimiento.

El estudio ha sido avanzado por el diario The Washington Times, la biblia conservadora en la capital federal propiedad de Sun Myung Moon, cuya polémica "iglesia" habría contribuido también a la financiación de la Heritage Foundation en el pasado, según algunas informaciones de prensa.

Por su parte, esta última organización se ha encontrado tras las más cruciales decisiones de política geoestratégica conservadora de las últimas décadas, incluyendo las grandes líneas de política internacional de Ronald Reagan -como la financiación de movimientos anticomunistas para limar el poder soviético o la constatación de que el propio derrumbe del Moscú comunista era un objetivo realista de la política exterior norteamericana- pero también tras la vigilancia de los líderes republicanos para que no abandonaran la ortodoxia de las políticas de libre mercado.