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Crisis de la sociedad civil brasileña: Una parte de la población de las favelas apoya la revuelta de las bandas de narcotraficantes

Crisis de la sociedad civil brasileña: Una parte de la población de las favelas apoya la revuelta de las bandas de narcotraficantes

18.05.06 • 06:58 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

El estallido de violencia que ha puesto en jaque a la ciudad brasileña de Sao Paulo desde el último viernes, y que ya ha provocado la muerte de más de 150 personas, desnuda la profunda debilidad del sistema político local para enfrentar con éxito el creciente poder y la consolidación del crimen organizado en el país. Una debilidad de tal magnitud que ha obligado a las autoridades brasileñas a sentarse a negociar con los líderes narcos para intentar poner algún freno al caos generalizado que ha desbordado todos los límites posibles.

La fragilidad de instituciones policiales dominadas por altos grados de corrupción sumado a la falta de una estrategia global de seguridad pública posibilitaron que el crimen organizado avanzara hasta convertir al Estado en su propio rehén hasta trastocar los cimientos más firmes sobre los que se ha levantado la sociedad civil en Brasil.

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De alguna manera, los violentos incidentes de los últimos días también evidencian las severas consecuencias de la ausencia del poder público en la relación con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población del país. En palabras del reconocido escritor y ex asesor del presidente Lula Da Silva, Frei Betto: "Hace años que en los barrios pobres los grupos de narcotraficantes suplantan el papel de la autoridades en cuestiones clave como la provisión de salud o el pago de cursos educativos para niños y jóvenes. Eso creó un pacto entre el narcotráfico y la población honestas, que ha quedado casi sin alternativas para sustraerse de ese vínculo".

El análisis del escritor encaja con buena parte de los comentarios que se han repedido una y otra vez en las últimas horas entre los habitantes de las favelas paulistas. Allí la escalada de violencia ha generado profundas diferencias.

Una parte de la población de las favelas ha observado el fenómeno caótico de los últimos cinco días como un hecho "necesario". "En todas las guerras hay bajas y acá también las hubo", afirman desde el anonimato jóvenes que simpatizan con el denominado Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal con más de 20.000 hombres que ha sido la responsable del estallido de violencia y caos que sacudió las calles paulistas desde el último viernes.

Entre esos grupos se admite que, mediante sus actividades ilegales en los negocios de las drogas, los asesinatos y asaltos, los líderes del PCC han financiado la constitución de "una fuerte organización" que les permite enfrentarse de igual a igual con los efectivos de la fuerza de seguridad.

En cambio, otros sectores de las favelas repudian la actividad del crimen organizado entre las clases más vulnerables de la ciudad. En voz baja allí se acusa a los narcos de haber promovido una situación tan violenta que les impidió por varios días concurrir a sus trabajos y perder, en consecuencia, una parte importante de sus salarios.

Esos grupos aseguran que en los últimos tiempos las favelas se han convertido en "un gran semillero" de activistas, criminales y narcotráficantes, una situación que los ha volcado ha exigir a las autoridades la aplicación de una política de "mano dura" con la delincuencia.

El debate que divide a los barrios pobres de Sao Paulo es el mismo que enfrenta a autoridades y especialistas en la materia. Los responsables de la secretaría de seguridad pública, la policía paulista y el departamento del crimen organizado exhiben el discurso de mayor firmeza hacia el accionar de las bandas de narcotraficantes y el control de la delincuencia. Y promueven leyes y castigos más severos contra los delitos.

En cambio, la administración del sistema penitenciario de la ciudad junto a diversas organizaciones sociales han planteado la necesidad de garantizar los derechos humanos y un mejor trato con los presos y detenidos. "El respeto a los derechos humanos en las prisiones y fuera de ellas es un requisito fundamental de la democracia y la línea que separa un estado de derecho de la delincuencia", advirtieron desde esos organismos.

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