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Varios países del África negra subsahariana aceptan una "parte de responsabilidad" en la solución de la oleada de inmigración ilegal masiva hacia las Islas Canarias

Varios países del África negra subsahariana aceptan una "parte de responsabilidad" en la solución de la oleada de inmigración ilegal masiva hacia las Islas Canarias

18.05.06 • 14:05 GMT • Javier Monjas - Madrid Email

Aun a costa de arriesgar sus propias vidas en el viaje, los emigrantes sin papeles continúan llegando masivamente a España debido a la capacidad de la economía sumergida para absorber la mano de obra ilegal. Esa es la conclusión que expertos internacionales en movimientos migratorios exponían a la BBC cuando eran cuestionados por la oleada de pequeñas embarcaciones que continúan llegando sin cesar a las Islas Canarias y cuyo número se ha recrudecido de forma sorprendente en los últimos días.

España ha pedido ayuda a la Unión Europea para enfrentarse a la intensa violación de su frontera por las Islas Canarias, una vez prácticamente abandonadas las rutas de penetración ilegal a través del Mediterráneo hacia la costa meridional española debido a las reforzadas medidas de vigilancia impuestas desde Madrid y a la mayor colaboración de Marruecos alrededor de lo que su agencia oficial de noticias califica como las "ciudades ocupadas por España" de Ceuta y Melilla.

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En la segunda mitad del año pasado, miles de emigrantes saltaron las vallas de separación entre Marruecos y las ciudades españolas con el fin de forzar su admisión en territorio español y a pesar de las terribles historias de sufrimiento relatadas por quienes fracasaban en el intento o por quienes habían conseguido llegar a un destino, sin embargo, muy distinto del soñado.

Durante algunas semanas, la acción represiva de las fuerzas militares marroquíes desplegadas en la frontera causaron decenas de muertos entre los subsaharianos de raza negra que constituían la práctica totalidad de quienes intentaban "el salto a España" mediante la escalada masiva y simultánea de las vallas fronterizas con España por parte de cientos de personas.

Una vez en territorio español, bien sea mediante la entrada por las ciudades españolas en África, bien a través de desembarcos en la costa andaluza del sur de España o en las Islas Canarias, los recién llegados generalmente ocultan sus países de procedencia o mienten sobre ellos con el fin de evitar su repatriación al no existir acuerdos de devolución de ilegales, con la mayor parte de ellos, generalmente pertenecientes al área de la África negra y comprendidos en la zona media del continente.

Aunque las autoridades socialistas españolas aseguran que los emigrantes ilegales serán expulsados, el hecho es que, al fracasar su identificación nacional, estas personas evitan su repatriación, tras lo cual son trasladadas a territorio continental español donde se les deja en libertad con una orden de expulsión que no va más allá de un mero trámite administrativo formal que nunca se ejecuta. Según los últimos datos, en lo que va de año ya han sido trasladados a la zona continental española más emigrantes ilegales que en todo 2005.

Según refleja la prensa regional canaria, ni tan siquiera Mauritania -país con el que se anunció un acuerdo de repatriación- ha aceptado la readmisión de los miles de emigrantes subsaharianos que llegaron desde su territorio a bordo de pequeños barcos durante el pasado mes de marzo. Por el contrario, sí que se ha detectado que ese país ha abandonado en zonas desérticas fronterizas a cientos de emigrantes subsaharianos sin proveerles ni tan siquiera de agua.

La oposición conservadora española acusa a la masiva regularización de emigrantes ilegales llevada a cabo por el actual gobierno socialista del sorprendente recrudecimiento de la emigración sin papeles que fuerza su entrada en el país en lo que califica de un imparable "efecto llamada".

Las nuevas medidas impuestas por el gobierno español en aguas territoriales nacionales contemplan un patrullaje reforzado por parte de embarcaciones militares que, sin embargo, tienen prohibida cualquier actuación directa por lo que, según las órdenes recibidas, deben limitarse a comunicar a las autoridades de inmigración la llegada de las embarcaciones con los cargamentos de personas sin ningún tipo de documentación para acceder legalmente al país.

Precisamente con el fin de intentar que los países emisores de la emigración ilegal se hagan cargo de sus propios ciudadanos, el ministro de asuntos exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, ha realizado una gira por varios de estos países subsaharianos con el fin de entrevistarse con sus presidentes y entregar una carta personal del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con una petición expresa en ese sentido.

Según Moratinos, los presidentes de Senegal, Mali y Guinea-Bissau han dado una respuesta "positiva" y han expresado su voluntad de aceptar "parte de la responsabilidad" en la masiva emisión de emigrantes ilegales hacia el territorio español.

Por su parte, Jean-Philippe Chauzy, de la International Organization for Migration, manifestaba a la BBC su impresión de que el "principal factor de atracción (de los emigrantes ilegales) es la existencia de trabajos en las economías de los países receptores".

"Estos trabajos están, en la mayor parte de los casos, en la economía sumergida, de forma que sugeriríamos que si los países tienes una voluntad seria de enfrentarse a la migración irregular, una de las sugerencias sería básicamente el luchar contra el empleo irregular en el país de destino", añadió Chauzy.

Según recogía Nuevo Digital el mes de octubre del año pasado, un dirigente subsahariano del sindicato español Comisiones Obreras llegaba a reconocer en declaraciones a la Voz de América cómo el estatus de emigrante legal, con documentación en regla, se estaba convirtiendo, en realidad, en un factor negativo a la hora de que el trabajador sea contratado en los puestos de más baja cualificación.

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