El terror que sumergió en los últimos días a la ciudad brasileña de Sao Paulo, con bandas de narcos atemorizando a la población y coaccionando al Estado sobre sus propios intereses, ha echado luz sobre un fenómeno de violencia y caos que comienza a extenderse en América Latina. Con características diferentes, también la violencia ha comenzado a ganar fuerte terreno en México, lo que pone en evidencia que los episodios de Sao Pablo están muy lejos de constituir un hecho aislado en la región.

El caos se ha convertido las últimas semanas en un denominador común de la realidad mexicana en medio de la carrera electoral para los comicios presidenciales del próximo 2 de julio. Se han repetido sin cesar incidentes graves y disturbios sociales, a la vez que la ciudadanía ha pasado a ser víctima constante de lA creciente acción de la delincuencia común así como de las bandas dedicadas al narcotráfico y otros negocios ilegales.

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La situación ha llevado a instalar en la población la idea de que, a medida que se aproximan las elecciones generales, el país se tambalea al borde del descontrol. En este sentido, una encuesta publicada días atrás por el diario Excelsior reveló que más de la mitad de los mexicanos considera cómo el gobierno está a punto de perder el control político del país debido a la multiplicación de hechos de violencia vinculados tanto con demandas sociales como con situaciones delictivas.

"Estamos frente a una señal de advertencia muy fuerte", indicaron desde la consultora Parametría, la responsable de la muestra, al evaluar la percepción popular respecto de los incidentes violentos registrados en los últimos tiempos en el país. En ese sentido, el gran temor de la ciudadanía se relaciona con el recrudecimiento de los crímenes sangrientos perpetrados por las bandas de narcotraficantes y con la multiplicación, en varias ciudades, de asesinatos, robos y secuestros, que, en su mayoría, quedan impunes.

También la población ha expresado su inquietud por la extensión de conflictos sociales que han derivado en situaciones de caos generalizado y que, en su opinión, han puesto en serio riesgo la gobernabilidad del país. De hecho, los últimos enfrentamientos entre trabajadores mineros y policías federales en la localidad de Lázaro Cardenas, como los disturbios en San Salvador de Atenco, han provocado un fuerte impacto social en el país.

En ese contexto diversos sectores han reclamado a las autoridades del país que garanticen la aplicación de la ley de forma estricta de manera de evitar la profundización de la violencia. Entre esos grupos se responsabiliza claramente al gobierno de Vicente Fox por la supuesta debilidad para poner en marcha medidas eficaces contra la inseguridad. Pero también se advierte de que la notoria corrupción policial también es una de las causas centrales del problema.

De hecho, hace apenas unas semanas un informe realizado por una conocida organización internacional reflejó que México se ha convertido en uno de los países de la región más amenazados por el avance de la corrupción, situación que desborda el aparato del estado para instalarse con toda su fuerza en todos los ámbitos de la vida social del país.

Los datos que evidencian esa realidad son categóricos: Los mexicanos gastan anualmente 1.700 millones de dólares en el pago de sobornos o "mordidas", como describe el folklore popular local. Sobre la base del número de habitantes del país, se calcula que cada familia mexicana paga en promedio cinco coimas al año.

Para la mayoría de los analistas, la ola de inseguridad que sacude al país ha ganado ya el centro de atención de la campaña electoral y podría convertirse en un elemento determinante del resultado de los comicios que se realizarán dentro de cuarenta días.

En ese sentido, algunos especialistas consideran que la impresión popular acerca de que el gobierno ha perdido la batalla contra la delincuencia y el caos podría perjudicar al candidato del oficialista Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, quien por ahora encabeza la intención de voto para los comicios.

Esa especulación sostiene que la incapacidad de las actuales autoridades para resolver el problema afectará la opinión de muchos electores sobre Calderón y volcará a buena parte de los indecisos en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que postula a Roberto Madrazo, situación que terminaría por beneficiar a quien marcha en segundo lugar en las encuestas, el candidato opositor Manuel López Obrador.