La reforma agraria dispuesta por Evo Morales en Bolivia, que establece la expropiación por parte del Estado de las tierras no explotadas por sus dueños para entregarlas a las comunidades indígenas, ha desatado una ola de usurpaciones ilegales de terrenos comandadas por grupos de campesinos y sindicatos agrarios, en una situación que coloca al país ante el riesgo concreto de una "guerra civil", según las amenazas de una parte del país que alude a su derecho a la "autodefensa".

Las usurpaciones comenzaron después de que Morales suscribiera el decreto que habilita la nacionalización de las tierras que, según las autoridades, constituyen latifundios ociosos que no son utilizados por sus propietarios para incrementar la productividad del país. La semana pasada representantes del denominado "Movimiento Sin Techo" de Bolivia decidieron hacer cumplir por mano propia el decreto presidencial y ocuparon ilegalmente unos campos del departamento de Oruro, exigiendo la entrega formal de los terrenos para construir sus viviendas bajo la amenaza de que, si no eran atendidas sus demandas, cerrarían las válvulas del sistema de aprovisionamiento de agua a la ciudad.

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Pero los sucesos de Oruro no constituyeron un hecho aislado. En paralelo, 60 familias de campesinos usurparon parte de las 2.000 hectáreas de una hacienda propiedad de dos importantes ex funcionarios del país en el territorio de Santa Cruz, mientras que un grupo liderado por sindicalistas de los gremios agrarios Montenegro y 24 de Septiembre tomaron las tierras que pertenecían a una comunidad religiosa menonista de la localidad de Jorge Andrés Moreno.

"Aquí se ha conformado una oligarquía andino centrista" que, amparada por las decisiones del presidente Morales, actúa en contra de los intereses del país, denunció el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, luego de que se conocieran las usurpaciones de algunas haciendas ubicadas en esa provincia.

Costas dijo que aunque el gobierno boliviano prometió respeto a los productores que cumplen con el mandato constitucional de darle a la tierra su función económico y social, esa "oligarquía andino centrista" aspira a quedarse con las tierras mediante "las prebendas, el favor político y la usurpación".

El prefecto aseguró que los productores de Santa Cruz van a hacer valer su propiedad y lo que les pertenece porque "nadie tiene que atreverse a usurpar lo que por legalidad y legitimidad nos corresponde". "No nos obliguen a utilizar nuestro legítimo derecho a defendernos, no nos agredan, no somos tierra de expansión, ni piso de ninguna cultura imperialista", advirtió el funcionario.

A la vez, los comités cívicos de Santa Cruz, Beni y Pando se declararon en estado de emergencia y movilización, y reafirmaron la voluntad de mantener "la unidad inquebrantable" en la defensa de sus derechos constitucionales, su forma de vida, su cultura, su territorio, sus recursos naturales y su identidad originaria. "Si el presidente Morales no suspende sus decretos nacionalizadores y de redistribución de la tierra, el oriente del país no se hace responsable por una guerra civil", alertaron.

Las advertencias formuladas por las autoridades de las provincias más ricas del país provocaron una dura réplica de parte de la dirigencia del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, que denunció la conformación de un frente integrado por terratenientes, empresarios y fuerzas políticas de la oposición que aspiran a desestabilizar al gobierno boliviano.

"Se ha integrado una coalición de empresarios, parlamentarios de Podemos y otros sectores oligárquicos que están dentro de esa estrategia. Hay muchos más, tenemos un gran listado", acusó el legislador César Navarro, jefe de la bancada del MAS en la cámara de diputados local.

Tras la habilitación de la reforma agraria, la administración de Morales ha detectado unos 4,5 millones de hectáreas de campos ociosos que serán redistribuídos entre agrupaciones indígenas y de campesinos. Además, ha focalizado como potenciales zonas de tierras fiscales algunas haciendas ubicadas en los distritos de Santa Cruz, Chaco y Beni, donde -según los anticipos de varios funcionarios- se concretarían las primeras confiscaciones oficiales.