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Los emigrantes ilegales en México soportan abusos, maltratos y deportaciones fulminantes mientras incluso los legales tienen vetada su participación en prácticamente cualquier cargo público

Los emigrantes ilegales en México soportan abusos, maltratos y deportaciones fulminantes mientras incluso los legales tienen vetada su participación en prácticamente cualquier cargo público

24.05.06 • 03:39 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

Las acusaciones de abusos, torturas, violaciones y hasta de asesinatos contra inmigrantes sin papeles en México se han multiplicado de forma notable en los últimos tiempos. Una situación que parece habilitar un profundo debate sobre desde qué posición el gobierno mexicano exige a Estados Unidos un trato igualitario con los emigrantes cuando dentro de su propio territorio llueven las denuncias acerca de violaciones a los derechos humanos de los extranjeros que viven ilegalmente en el país.

Los medios periodísticos locales gastan a diario chorros de tinta describiendo las actitudes presuntamente xenófobas y discriminatorias con las que las autoridades norteamericanas castigan a los indocumentados pero poco o nada dicen respecto a lo que ocurre dentro de los límites de su propia frontera. Sólo las redes que integran a diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido claramente la situación a partir de las miles de quejas de abusos a emigrantes por parte del poder político mexicano.

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"Existen reportes de emigrantes asaltados, golpeados por autoridades y siendo sus cuerpos lanzados junto a las vías del ferrocarril para aparentar que se cayeron del tren", afirma Edgar Cortés, portavoz de la organización 'Todos los derechos para todos'. El dirigente suele citar como ejemplo el caso de dos centroamericanos que fueron asesinados por agentes de seguridad privada en un centro comercial cuando ingresaban a un local para pedir alimentos.

Las cifras oficiales señalan que el flujo de inmigrantes indocumentados en México se ha incrementado un 70 por ciento en los últimos años (pdf). Cada seis meses el gobierno local ofrece la legalización a quienes han estado en el país por más de dos años, pero a condición de que tengan un trabajo o propuesta de empleo o algún enlace con un ciudadano mexicano. Sin embargo, la mayoría de los recién llegados son capturados y deportados inmediatamente sin apelación posible.

Diversos relevamientos realizados por las autoridades aseguran que, en el mismo período, más de 240.000 emigrantes han sido detenidos y repatriados a sus respectivos países en cumplimiento de las leyes migratorias locales.

Los que logran sortear con éxito la deportación tampoco tienen el futuro resuelto. Muchos indocumentados terminan siendo víctimas de la extorsión de las propias autoridades. Al respecto, un informe reciente reveló que al menos 185 agentes del área de migración mexicana fueron relevados de sus deberes en los últimos cuatro años por haber intentado sobornar a los emigrantes.

Las grandes limitaciones que México impone a los que no han nacido en su territorio no terminan ahí. Desde el año 2003 la administración de Vicente Fox, quien por estas horas visita Estados Unidos para tratar de 'ablandar' la posición de la Casa Blanca contra los indocumentados mexicanos que viven en suelo norteamericano, ha estimulado a las ciudades del interior del país a que no contraten a personas de origen extranjero para cumplir funciones de policía, bombero o juez.

Además, y a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los inmigrantes tienen totalmente prohibido el acceso a cualquier tipo de cargo público, incluso si son ciudadanos naturalizados legalmente. Más allá de no poder ocupar la primera magistratura nacional, tampoco pueden ser miembros de las cámaras del congreso, las legislaturas regionales, ni integrar los tribunales del poder judicial.

Expresamente la letra constitucional establece que esos puestos junto al resto de los trabajos federales, municipales y cualquier posición dentro de las fuerzas armadas están reservados para aquellos ciudadanos nacidos dentro de los límites del país. En Estados Unidos, sólo los cargos de presidente y vicepresidente están reservados en exclusiva a los nacidos dentro del territorio de la nación.

La fortaleza de las restricciones implementadas por el gobierno mexicano ha llevado a algunos analistas a ironizar sobre la conveniencia de que la Casa Blanca aplique esas mismas medidas con los más de 11 millones de indocumentados que viven dentro del territorio nortemericano.

"La constitución mexicana es una guía útil si Estados Unidos busca modelos legales para fundamentar nuevas leyes con el fin de restringir la inmigración", recomendó el especialista Michael Waller, del centro de políticas de seguridad de Washington.

Pero más allá de las discusiones sobre los alcances de las normas en cada uno de los países, también han surgido en los últimos tiempos acusaciones mutuas respecto de la firmeza de los controles puestos en marcha en la frontera entre ambos territorios. En ese sentido, un documento interno de la Border Patrol, la patrulla de frontera estadounidense, ha advertido que un porcentaje ínfimo de los inmigrantes detenidos tratando de ingresar ilegalmente al país en las cercanías de San Diego son procesados según las leyes vigentes, una situación que -según el informe- "desmoraliza" la tarea de los agentes que tienen a su cargo la vigilancia de la zona fronteriza.

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