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Secuestros en Colombia: La clase media colombiana se abandona a la sensación de que el poder político no puede hacer nada para garantizar su seguridad

Secuestros en Colombia: La clase media colombiana se abandona a la sensación de que el poder político no puede hacer nada para garantizar su seguridad

26.05.06 • 15:36 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

El tramo final de la campaña electoral para los comicios generales en Colombia el próximo domingo, en los que el presidente Álvaro Uribe buscará ser reelegido por un nuevo período, ha estado marcada por un profundo debate social en torno a la creciente ola de inseguridad y violencia que sacude a toda la población del país. Las propuestas de Uribe de armar a funcionarios y legisladores así como el escándalo generado por las denuncias que vinculan a oficiales de inteligencia con narcotraficantes y organizaciones paramilitares que operan dentro de los límites del país, han reactivado en buena parte de los colombianos la sensación de que el poder político aún no ha logrado dar con una solución efectiva para contrarrestar el avance de la delincuencia.

El caso de los secuestros extorsivos, la principal forma que adopta el delito en el territorio colombiano, ilustra en gran medida las dificultades que atraviesa el gobierno para frenar la inseguridad. La denominada política de "seguridad democrática" instrumentada por las actuales autoridades logró en lo que va del año una baja importante en el número de raptos, pero no ha podido avanzar en la liberación de ciudadanos retenidos por organizaciones criminales ni ha sabido interpretar los datos que reflejan que la clase media se ha convertido en la presa más codiciada por las bandas de secuestradores.

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Diversas organizaciones del país han advertido cómo en los últimos tiempos, pequeños y medianos empresarios, profesionales y trabajadores de ingresos medios pasaron a ser el principal objeto de interés de los secuestradores no sólo porque manejan sumas de dinero en efectivo, lo que simplifica el cobro de los rescates, sino también porque no ponen tanto cuidado en su seguridad personal como la población de estratos sociales más altos.

"El imaginario social dice que los secuestrados son personas muy ricas. Pero en realidad lo que sucede es que existen muchos sectores vulnerables que no se cuidan y terminan siendo los más expuestos", explicó la directora de la Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez. Esa organización, especializada en la atención de víctimas de secuestros y extorsión, presentó recientemente un informe que prueba que de un total de 405 casos de secuestros ocurridos en la ciudad de Bogotá el último año, el 55 por ciento de las víctimas eran personas de clase media.

La entidad destacó que ese nuevo fenómeno se ha dado incluso en un contexto en el que también siguen repitiéndose los secuestros de políticos, policías o militares por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera más importante del país. La estrategia de los líderes de las FARC es la de canjear a los más de 3.000 rehenes que tiene en su poder por guerrilleros presos en las cárceles colombianas, situación que ha derivado en múltiples debates debido a que desde diversos sectores se sostiene que si las autoridades aceptan esa propuesta estarían dando a la guerrilla un incentivo directo para concretar un mayor número de secuestros.

El narcotráfico y los secuestros constituyen en la actualidad las fuentes más importantes de financiamiento de las FARC, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares de ultraderecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, también recurren a los secuestros los simples delincuentes, que suelen "vender" a sus rehenes a los grupos guerrilleros o cobrar ellos mismos los rescates.

El grave problema que representa para Colombia el auge de los secuestros extorsivos ha sido destacado, además, por importantes organismos internacionales, como el caso de la Cruz Roja, que considera "desolador y dramático" el panorama de la inseguridad en el país. Al respecto, en un informe difundido en 2005, esa entidad reveló que en los últimos cinco años la práctica del secuestro se disparó hasta niveles impensados, situación que -en su opinión- debería "ocupar un lugar privilegiado en el marco de los procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados organizados".

Pero los problemas de inseguridad que a diario castigan a Colombia también presentan otros matices. En su informe anual presentado el último martes, Amnistía Internacional (AI) denunció que durante el último año los miembros de las fuerzas de seguridad del país cometieron al menos una decena de ejecuciones extrajudiciales contra personas que después fueron presentadas ante la opinión pública como guerrilleros fallecidos en combate.

Pese a que el estudio reconoce que han disminuído en una proporción pequeña el número de crímenes y secuestros, aún persisten en forma sistemática los asesinatos de civiles por parte de organizaciones armadas de extrema derecha y de extrema izquierda, además de múltiples situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

AL destacó que la situación de inseguridad ha provocado que en 2005 se registraron unos 310.000 desplazamientos de civiles huyendo de la violencia, en su mayoría habitantes de zonas rurales y aseguró que los grupos paramilitares, a quienes se les atribuye cerca de 2.750 homicidios y desapariciones en los últimos tres años, continúan delinquiendo y manteniendo vínculos con las fuerzas de seguridad del país.

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