"Los terratenientes deberán aceptar calladitos" la redistribución de las tierras ociosas de Bolivia porque es una medida de carácter obligatorio. La advertencia fue lanzada este lunes por el presidente boliviano Evo Morales, quien garantizó que avanzará a paso firme en su proyectada reforma agraria y no dudará en recurrir a la fuerza en el caso de que los propietarios de las tierras que su administración considera improductivas no acepten acordar su entrega a las autoridades.

La amenaza de Morales constituyó una respuesta directa a las múltiples denuncias presentadas en los últimos días que mencionaron la contratación de sicarios y matones a sueldo por parte de productores rurales de la zona oriental del país con el objetivo de defender sus terrenos si el gobierno avanza en la expropiación. "Hemos recibido varias denuncias acerca de la existencia de grupos de extranjeros armados que impiden el libre tránsito y acceso a algunas determinadas zonas de la región de Santa Cruz. Estas denuncias han sido remitidas al Ministerio de Gobierno y están siendo investigadas", declaró a la prensa local el viceministro de tierras, Alejandro Almaraz.

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Además de las acusaciones que mencionan la contratación de grupos armados por parte de hacendados locales, las denuncias también consignaron que algunos sicarios se encuentran apostados en campos que son propiedad de empresarios de origen brasileño y que se ubican dentro del territorio boliviano pero muy cerca de la frontera con Brasil.

De acuerdo con los anticipos ofrecidos por la administración de Morales, el decreto que habilita la reforma agraria involucra como primer paso la expropiación de terrenos en manos de extranjeros. La medida es fundamentada en el sentido de que la legislación local impide que personas que no sean nativos de Bolivia posean propiedades en las cercanías de las zonas fronterizas del país.

De hecho, amparándose en esas normas, el gobierno de La Paz ya desalojó a casi un centenar de ciudadanos brasileños por tener tierras a su nombre dentro de la franja fronteriza de 50 kilómetros. Y, además, ha iniciado una investigación que involucra a otro centenar de campesinos y pequeños productores de origen brasileño que, de acuerdo con diversas denuncias, se han hecho de tierras en la misma zona de forma supuestamente irregular.

La avanzada de Morales sobre los productores rurales brasileños ya ha generado malestar dentro del gobierno brasileño, que por ello reclamó a Bolivia la conformación de una comisión bilateral destinada a analizar caso por caso la situación de los hacendados de su país que viven en el territorio andino.

En rigor la relación entre ambos gobiernos no atraviesa por un buen momento, en especial después de que la decisión de Morales de disponer la nacionalización de los recursos naturales de su país afectó sensiblemente los intereses de la petrolera brasileña Petrobras, la principal empresa inversora en el territorio boliviano. Esa situación generó una durísima reacción de parte del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, quien acusó al venezolano Hugo Chávez de estar detras de la decisión del gobierno de La Paz.

En Brasilia aseguran que los embates de Morales contra los intereses de Petrobras y la actitud hacia los productores rurales de origen brasileño que tienen propiedades en Bolivia recrean un sentimiento de desconfianza permanente hacia La Paz. Y a pesar de los compromisos de racionalidad que le formuló en las últimas semanas Morales a Lula, el choque frontal entre ambos países está muy lejos de ser superado porque ha dejado huellas demasiado profundas.

En la región hay una coincidencia central en el sentido de que nada será igual desde que que gobierno boliviano dispuso la nacionalización de sus recursos energéticos con el auspicio político de Chávez, pero sin contemplar los términos de los acuerdos vigentes con algunos de sus vecinos, como Brasil y Argentina. Y en ese sentido se entiende la dura réplica de la administración de Lula que ha puesto al borde de la ruptura las relaciones con Bolivia.