Favorecido por el vacío legal y la inoperancia de las autoridades públicas, el robo de identidad se ha convertido en un hecho cotidiano en Argentina. Unas cien personas por día sufren el robo de sus datos personales para ser utilizados en el sistema financiero local, situación que genera pérdidas económicas millonarias. Los informes sostienen que las operaciones que involucran la solicitud de tarjetas de crédito y préstamos, la adquisición de bienes, la contratación de servicios o el alquiler de propiedades son las más utilizadas por las bandas ilegales que operan en este negocio.

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Argentina ha registrado en los últimos tiempos un incremento paulatino de los delitos vinculados al robo de identidad, contagiándose de un fenómeno que es fuerte motivo de preocupación a nivel mundial, ya que se calcula que los fraudes realizados a partir de la sustracción de los datos de personas provocan alrededor de 40.000 millones de dólares en pérdidas.

De hecho, tan sólo en Estados Unidos, donde el delito alcanza su mayor magnitud, resultan afectadas unos siete millones de personas por año, con perjuicios económicos que superan los 5.000 millones de dólares.

En el territorio argentino la multiplicación de los fraudes por robo de identidad se ha visto favorecida por un importante vacío legal que impide que las bandas dedicadas a este tipo de maniobras sean sancionadas en los tribunales.

La sustracción de los datos personales de los ciudadanos no está totalmente tipificada en la Argentina, ni tan siquiera en los casos en que ese robo se comete a través de Internet, de la banca electrónica, del teléfono, o a partir de la falsificación de documentos de identidad.

"El Banco Central informa a la entidades sobre los contenidos de sus bases de datos con dos meses de atraso, lo que hace imposible, en muchas ocasiones, el combate de la delincuencia", informaron portavoces del sector bancario local.

En tanto, representantes de las empresas dedicadas al manejo de información comercial consideraron que al no existir una tipificación específica de este tipo de delitos en el código penal argentino "la sustanciación de las causas genera demora y casi nunca prosperan". "En el mejor de los casos pasan años hasta que se pueda probar algún tipo de ilícito", describió Roberto Laterra, gerente de la calificadora de riesgo Veraz, en declaraciones al diario bonaerense Infobae.

Estadísticas extraoficiales coinciden en que en Argentina la mayoría de los delitos se concentra en el canal minorista, lo que facilita la consumación del robo de identidad en operaciones relacionadas con la solicitud de tarjetas de crédito y préstamos y en el cobro de ahorros o pólizas, que generan a cada damnificado una pérdida promedio de 100 dólares diarios.

También es paradigmático el caso de los delitos producidos mediante ataques informáticos, que tienen por finalidad el robo y la falsificación de identidades, y que se dirijen principalmente primero contra los bancos, el comercio minorista o las escuelas, antes que contra tienen un menor nivel de seguridad.

Este tipo de actividad se inició en los países más desarrollados, sobre todo relacionados con las operaciones electrónicas y de Internet, pero ya ha instalado con fuerza también en el resto de los países que no poseen la legislación necesaria para hacer frente a esas situaciones.

En ese sentido, los relevamientos en Argentina han mostrado que se encuentran en pleno auge las modalidades ligadas al ámbito financiero que incluyen el "phishing", como la clonación de tarjetas, la sustracción de códigos y contraseñas en los cajeros automáticos, y los fraudes por banca electrónica.

México, como Argentina, refleja también un crecimiento inusitado de ese tipo de maniobras. Al respecto, un reporte del Departamento de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal Preventiva (PFP) mexicana destacó que en lo que va del año los delitos electrónicos han causado pérdidas por casi 5.5 millones de pesos, y alerta sobre el incremento de las páginas de phising, una de las principales vías de robo de identidad.

Ese monto podría multiplicarse de manera considerable, ya que las propias autoridades aseguran que esa cifra fue elaborada en base a los casos en los que hay una denuncia, que podrían ser sólo 10 por ciento del total de estafas por vía electrónica, porque la mayoría de no serían denunciados.