En un abierto desafío a la ofensiva autonomista de los habitantes del rico departamento de Santa Cruz y a la dura oposición del principal sector empresario boliviano, Evo Morales decidió acelerar los plazos de la reforma agraria decretada por su gobierno con el anuncio de la distribución entre campesinos y comunidades indígenas de 2,5 millones de hectáreas de tierras fiscales y la ratificación de que sus próximos pasos abarcarán la expropiación directa de los latifundios improductivos actualmente en manos privadas.

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Rodeado por miles de campesinos y familias pobres provenientes de distintos puntos del país, Morales copó este sábado la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de ofrecer una fuerte demostración de apoyo popular que sirviera de respuesta a los cuestionamientos que recibió en las últimas horas de parte de los principales sectores económicos del país, quienes le acusaron de haberse embarcado en "una aventura ideológica" que provoca la "indigna dependencia" de Bolivia de las decisiones de "Venezuela y Cuba".

La crítica posición de siete de las nueve principales federaciones de empresarios privados de Bolivia quedó reflejada en una declaración publicada el pasado viernes en la prensa local, en la cual esos sectores acusaron al mandatario de carecer de plan económico y advirtieron sobre las graves consecuencias que deberá enfrentar el país a raíz de la nacionalización de los recursos naturales dispuesta por el actual gobierno.

Al frente de tormenta generado por los planteamientos empresariales también se sumó la profundización del enfrentamiento que la administración de Morales mantiene con los productores rurales de la poderosa Confederación Agraria Nacional, quienes decidieron retirarse de la mesa de diálogo abierta con las autoridades, disconformes con la política oficial de reparto de tierras fiscales y ociosas.

En contrapartida, esos productores, en su mayoría provenientes de la región de Santa Cruz, amenazaron con avanzar en sus propuestas autonomistas, de manera de posibilitar que las autoridades municipales sean las encargadas de otorgar títulos de propiedad agraria que no puedan ser revisados por el estado nacional.

"Lo que sucede es que aquí tenemos empresarios patriotas y productivos y otros que son vendepatrias y parásitos del Estado", fue la contundente respuesta pública de Morales frente a las críticas que arrecian en su contra. El mandatario aseguró que no siente "ningún miedo" por las advertencias que le formulan sus opositores y sostuvo que en el caso de la reforma agraria está decidido a seguir avanzando porque quienes lo cuestionan "son los mismos que nos avasallaron durante más de 500 años e incluso hoy siguen avasallando las tierras fiscales".

La apuesta de Morales en favor de la redistribución de las tierras que, en su opinión, no son debidamente utilizadas por sus propietarios para favorecer el desarrollo productivo del país forma parte de los ejes centrales de la propuesta de reforma constitucional que el mandatario presentará a la Asamblea Constituyente que será elegida en julio próximo.

"La redistribución equitativa de la propiedad agraria es competencia estatal y se debe realizar conforme a las necesidades económico-sociales y el desarrollo rural integral" del país, indica el documento "Refundar Bolivia para vivir bien", que contiene los principales lineamientos que el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, impulsará en el marco de la discusión por la futura constitución.

Ese documento también incorpora otras cuestiones bastante innovadoras y polémicas como el hecho de anteponer los derechos colectivos y de los pueblos a los individuales y fijar derechos exclusivos para los indígenas. "A lo largo de la historia de Bolivia los indígenas, los campesinos y los sectores mayoritarios fueron marginados de la vida republicana. La historia de Bolivia es la historia de la resistencia indígena-popular frente a la discriminación y la pobreza", afirma el texto del partido de Morales, a la vez que menciona que el país está ahora ante la oportunidad de entregar a esos pueblos "su derecho a la autodeterminación y la territorialidad".

Además de otorgar especiales derechos indígenas en materia social o de tierras el proyecto de reforma constitucional que alienta el presidente boliviano también fija "el derecho al reconocimiento de sus sistemas políticos y de conformación de autoridades", a gestionar sus recursos colectivos "de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres", a practicar su medicina ancestral, y a "ejercer derechos políticos y ciudadanía diferenciada, de acuerdo a sus usos y costumbres".