La controvertida reforma agraria de Evo Morales en Bolivia fue impulsada con el declarado propósito de paliar los efectos de la pobreza entre las clases más vulnerables del país. Pero más allá de la brecha que esa decisión provocó entre los sectores ricos y pobres de Bolivia, la situación amenaza ahora con derivar en una guerra sin cuartel entre las propias comunidades indias debido al enfrentamiento entre los grupos que pretenden hacerse de la propiedad de terrenos y aquellos indígenas que han sido contratados por los grandes productores rurales para defender sus haciendas.

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La lucha entre las diferentes comunidades indígenas ya ha podido palparse durante un grave incidente ocurrido el último fin de semana en un terreno propiedad de un ex funcionario público en las cercanías de la ciudad de Guarayos. Allí, un grupo de indígenas ayoreros armados con flechas y palos, al mejor estilo de una escena histórica del siglo XIX, desalojaron a varias familias de otra comunidad indígena que habían comenzado a instalarse ilegalmente en las tierras.

La furia generada durante el enfrentamiento provocó, incluso, que los indígenas que habían sido contratados para custodiar la hacienda terminaran quemando las precarias chozas construídas por aquellos que pretendían radicarse allí para sembrar y cosechar los terrenos.

La contratación de aborígenes para la defensa de la tierra es parte de la ofensiva puesta en marcha por las principales organizaciones agropecuarias del rico departamento de Santa Cruz con la intención de frenar la reforma que promueve Morales, quien pretende redistribuir entre las comunidades indígenas y los campesinos pobres aquellas tierras que considera que están ociosas porque no son utilizadas por sus dueños.

Como parte de su estrategia, las organizaciones agropecuarias decidieron también poner en marcha una campaña masiva de recaudación de fondos para financiar los comités de defensa de la tierra.

"Se ha determinado pedir a nuestros afiliados y amigos ganaderos un aporte voluntario con el propósito de asegurar los intereses de nuestra región", indica el comunicado de la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en la que se solicita dinero para poder pagar la contratación de personal para custodiar las haciendas de la región.

El plan de los productores rurales fue puesto en marcha después de que la organización decidió el último viernes romper las negociaciones que mantenía con el gobierno de Morales, molesta porque no se atendían sus reclamos en el sentido de dejar sin efecto la reforma agraria.

La retirada de los hacendados de la instancia de diálogo abierta por el gobierno recibió duras críticas de parte de los colaboradores del presidente, quienes advirtieron que puede causar "daños imprevisibles" el recurso de conformar comités de autodefensa que resolvió la dirigencia de la CAO. "Instamos a los sectores agroempresariales a continuar el diálogo, lo cual significa que deben deponer sus actitudes", afirmó el viceministro de coordinación de Morales, Alfredo Rada.

Por su parte, el viceministro de interior, Rafael Puente, denunció que tras la ruptura de las negociaciones con las autoridades muchos hacendados han recurrido a maniobras de "autoavasallamiento fingido" de sus propiedades con el objetivo de generar entre la población un clima adverso a la reforma agraria planteada por el oficialismo. "Ya se ha comprobado que en el caso de una hacienda de Guarayos sus dueños fingieron una ocupación ilegal que en realidad no existía", enfatizó el funcionario.

Pese a la ofensiva de los productores rurales, Morales está decidido a ir a fondo con su proyecto y en las últimas horas ratificó que no le temblará el pulso cuando tenga que confiscar las tierras de quienes, según afirma, "han avasallado los derechos de todos los bolivianos durante los últimos 500 años".