"La tierra no es un objeto para repartir al gusto de cualquiera". La frase, pronunciada por el cardenal Julio Terrazas, constituye el inicio de la ofensiva que la Iglesia Católica de Bolivia ha lanzado contra el presidente Evo Morales, al que considera el principal responsable de la "lucha fratricida" desatada entre los sectores 'ricos y pobres' del país a partir de la polémica reforma agraria impulsada por el actual gobierno.

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La ofensiva de la cúpula eclesiástica se produjo como reacción directa al cuadro de violencia generado en el interior del país a raíz del pulso entre los productores rurales contra las comunidades indígenas y campesinos pobres por la redistribución de los terrenos, situación que ha puesto a Bolivia al borde de un enfrentamiento civil.

Durante el fin de semana, un efectivo policial murió por las heridas recibidas en un enfrentamiento entre la policía e integrantes del Movimiento Sin Techo en la localidad de Oruro cuando las fuerzas del orden intentaban desalojar a un grupo de personas que había ocupado ilegalmente un predio privado. Según varias denuncias, también un civil perdió la vida en medio de esos incidentes que tuvieron lugar durante la madrugada.

En un episodio similar ocurrido la semana pasada, un grupo de indígenas ayoreros armados con flechas y palos, al mejor estilo de una escena histórica del siglo XIX, desalojó a varias familias de otra comunidad indígena que había comenzado a instalarse ilegalmente en una propiedad perteneciente a un ex funcionario público en las cercanías de la ciudad de Guarayos.

"El país está entrando en una especie de lucha fraticida que divide a todos los bolivianos que se están matando por un pedazo de tierra", advirtió el cardenal Terrazas al advertir sobre las consecuencias del clima de violencia que ha creado el proyecto de redistribución de tierras puesto en marcha por la administración de Morales.

El prelado se quejó de los "mensajes violentos y las insinuaciones de peleas, guerras y luchas" que se generan con "algunas leyes que asustan a la población", por lo que convocó a la ciudadanía a utilizar las elecciones constituyentes de julio próximo para hacer valer su libertad sin temor "a ninguna advertencia o amenaza".

La dureza de la ofensiva de la cúpula católica boliviana no ha logrado ablandar la posición oficial en torno a la reforma agraria. De hecho, Morales ha optado por profundizar su ofensiva contra los sectores económicos y políticos que representan los intereses de la próspera provincia de Santa Cruz, que desde la asunción del gobierno socialista han reforzado su propuesta en favor de alcanzar su autonomía del resto del país.

El propio mandatario boliviano ha decidido asumir personalmente la campaña por la boleta del "No" a las autonomías en el referéndum que se desarrollará en paralelo a las elecciones de la Asamblea Constituyente. La consulta autonómica fue habilitada el año pasado mediante la ley de referéndum por iniciativa ciudadana, después de un cabildo que reunió a unas 200.000 personas en el centro de Santa Cruz de la Sierra.

"No queremos autonomía para la burguesía", repitió días atrás Morales, quien ha encargado a ministros y parlamentarios de su partido la tarea de sumar apoyos entre los sectores populares y movimientos sociales bolivianos, que sostienen que la idea de la autonomía constituye una herramienta más de las "oligarquías regionales" para "desestabilizar" la gestión del actual gobierno.

Sin duda, la posición presidencial tensará aún más las relaciones entre el gobierno y las autoridades cruceñas, en un contexto de conflicto por la "revolución agraria" iniciada por Morales y la convocatoria de los latifundistas a conformar "comités de defensa" para custodiar sus haciendas ante la posibilidad de la expropiación oficial.