Por derecha y por izquierda, la realidad de la última semana ha terminado acorralando al gobierno de Evo Morales. No ha sido sorpresiva la presión de la oposición política y los grandes sectores económicos de Bolivia que rechazan las decisiones del mandatario, y que con sus quejas y denuncias han puesto en jaque el proceso de nacionalización de los recursos naturales del país. El problema más grave para el futuro de la administración de Morales viene del descontento social que envuelve a los movimientos sociales y a los sindicatos, colectivos que constituyeron el gran soporte político para su desembarco en el presidencia. La escalada de protestas protagonizadas los últimos días por su ex aliados mostraron al mundo la profundidad del desconcierto que rodea al gobierno que, en lugar de apostar al diálogo como alternativa para asegurar la calma, privilegió un discurso de abierta confrontación como vía para desbaratar los conflictos que amenazan la gestión.

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Pero lejos de acallarse, la ola de reclamos provenientes de distintos sectores y con diversos objetivos se han agudizado. No fue bien recibida en esas organizaciones la determinación de las autoridades nacionales de recurrir a las fuerzas militares para recuperar el control de un gasoducto que había sido tomado por un grupo de manifestantes de movimientos indigenistas, quienes cortaron durante horas el suministro de gas a Argentina en reclamo de diversas mejoras sociales.

También molestó a los sindicatos de docentes y transportistas que Morales enviara a los efectivos policiales para desarticular las protestas que habían organizado en las regiones de El Alto y Cochabamba exigiendo mejoras salariales. Los choques entre manifestantes y policías terminaron caldeando aún más los ánimos, situación que disparó nuevas manifestaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

Un grupo de indígenas guaraníes se movilizó en la zona fronteriza con Brasil, donde desde hace horas amenazan con impedir el bombeo de gas al vecino país. Otro movimiento social advirtió sobre su disposición a tomar los pozos petroleros bolivianos si las autoridades no se sientan a negociar soluciones a sus diversos reclamos. Y a las protestas de maestros y transportistas se unieron los trabajadores de varias áreas del estado, en tanto que los gremios que nuclean a los cocaleros -desde dónde surgió a la arena política el propio Morales- anunciaron el inicio de un fuerte plan de lucha para repudiar los intentos del gobierno por erradicar sus plantaciones de coca en las regiones del interior.

Dentro del convulsionado escenario social, tanto la dirigencia política del oficialismo como los representantes de la oposición no han hecho más que seguir echando leña al fuego. Una muestra de ello fueron los graves incidentes que los dos sectores protagonizaron este viernes durante las deliberaciones de la Asamblea Constituyente que debe acordar la nueva constitución del país. Si bien los delegados que responden a Morales lograron sancionar una norma que le permitirá aprobar por mayoría simple la nueva carta magna, antes de la votación hubo insultos, empujones y hasta latigazos. Como consecuencia de los incidentes, el jefe de bancada del MAS sufrió una caída en una fosa del anfiteatro y fue internado en gravísimo estado.

"Morales está viendo que una cosa es el balcón y otra cosa es la gestión", advirtió el sacerdote y periodista Eduardo Pérez en su programa noticioso matutino, el de mayor audiencia en el país. La opinión de Pérez es compartida por importantes analistas internacionales que sostienen que el gobierno se ha mostrado incapaz de resolver la multiplicidad de pequeños frentes abiertos en su contra, situación que ha puesto en peligro el nivel de adhesión popular del presidente.

Sin embargo, dentro de la administración de La Paz insisten en atribuir las protestas y muestras de descontento con las decisiones oficiales a la estrategia de los sectores políticos nacionales y del exterior que pretenderían poner punto final a la gestión de Morales. "Todas estas manifestaciones están manejas por la derecha que utiliza la protesta para desestabilizar. Pero nosotros no vamos a ceder a esos caprichos", indicaron funcionarios cercanos a Morales. En el gobierno están empeñados en responsabilizar a los opositores de Podemos por el incremento de la conflictividad social del país, pero no existe ninguna autocrítica respecto de la actitud oficial frente a los reclamos de aquellos sectores que siempre han comulgado con las medidas del gobierno y han ayudado a Morales en su proyecto para refundar el país.