Los números no cuadran con las palabras. Mientras Bush continúa enhebrando su retórica en torno a lo que considera como creciente y cada vez más grave amenaza del terrorismo internacional, ni por número de encausados ante los tribunales, ni por aceptación de casos por los fiscales, ni por la duración de las condenas impuestas a los condenados, se observa tal amenaza para los Estados Unidos. Es más, todas las variables judiciales se encuentran en niveles inferiores a los años anteriores al 11-S. Menos detenidos por terrorismo que antes. Menos casos perseguidos en los tribunales. Menores condenas a los condenados. Así lo demuestra la implacable minería de datos realizada en un estudio que acaba de hacer público la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), especializada en el análisis y vigilancia de la administración federal a través del control de los registros públicos.

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El estudio de TRAC, organización asociada al potente centro de investigación de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, ha analizado “cientos de miles de registros del Departamento de Justicia” relacionados con la persecución del terrorismo en Estados Unidos en un periodo que va desde 1996 hasta los ocho primeros meses del presente año. Los datos, obtenidos mediante la ‘palanqueta legal’ de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) son sorprendentes.

Por ejemplo, se constata un fortísimo incremento en el número de casos por terrorismo en 2002 respecto al año anterior, año en el que se produjeron los atentados en el mes de septiembre. Sin embargo, cinco años después, el número de casos se ha reducido a los que se registraban antes de los ataques terroristas y, en algún caso, la cifra es incluso inferior. Según TRAC, “dada la ampliamente aceptada creencia de que la amenaza del terrorismo en todo el mundo es mucho más grande hoy que hace seis o siete años, no se espera la amplitud del reciente declive en las interposición de acciones judiciales”.

Además, no es sólo que se hayan interpuesto menos casos, sino que los fiscales -que disponen en Estados Unidos de capacidad para aceptar o no un caso según el grado de solidez que en él detecten- cada vez se hacen cargo de menos sumarios. O, en otras palabras, no sólo hay cada vez menos acusados, sino que lo son con cargos cada vez más débiles, hasta el punto de que los fiscales los rechazan por no considerarlos suficientemente justificados.

En los ocho primeros meses de 2006, los fiscales federales rechazaron más de nueve de cada diez casos que les fueron presentados por los investigadores. “Dada la presunción de que la investigación del terrorismo internacional debe ser el objetivo individual más importante para el FBI y para otros organismos, es difícil de entender esta tasa a la baja”, concluye el informe en este sentido.

Pero, además, a los cada vez menos casos que son aceptados en los cada vez menos detenidos se les aplican condenas cada vez menores. Para los condenados en los casos iniciados en los dos años posteriores al 11-S, las condenas medias se establecían en los 28 días de reclusión. Si esta cifra parece ridícula en acusaciones tan graves, las condenas se han ido reduciendo aun más para los casos de los últimos dos años, con unas sentencias medias de 20 días. Es más, con ser pequeñas la duración de estas penas, la media para las anteriores a los ataques terroristas a las actuales no se medían en días sino en años, con una media de 41 meses de prisión.

El informe establece la gran importancia de las estrategias humanas y electrónicas en la detección de complots terroristas, tanto en fase de ejecución –como el del Reino Unido para hacer estallar aviones comerciales en vuelo- como en fase de financiación, como el descubrimiento de la forma en que algunas ong's islámicas pakistaníes desviaron fondos de ayuda a los damnificados por los terremotos hacia organizaciones terroristas. Sin embargo, todos esos esfuerzos de investigación no parecen conducir a condenas reales y efectivas de las supuestas grandes redes que estarían detrás para ejecutar atentados a gran escala.

Con todos estos datos en la mano, el informe de TRAC se hace varias preguntas envenenadas: “A pesar de los altamente publicitados incidentes de un real y amenazante terrorismo, ¿es posible que la percepción sobre la extensión de este problema en la opinión pública sea, de alguna forma, inexacta o exagerada? ¿Cómo son de efectivas las crecientes acciones del gobierno en la vigilancia y en la inteligencia a la hora de identificar a terroristas de verdad? Una vez que los sospechosos han sido identificados, ¿hasta qué punto es bueno el trabajo de los investigadores obteniendo pruebas que concluyan en condenas ante los tribunales?”.

La Transactional Records Access Clearinghouse demandó a finales del año pasado a la administración Bush por negarse a facilitar la lista de los nombres y lugares de trabajo de los alrededor de 900.000 trabajadores civiles que cobran de la administración federal. En esa ocasión, TRAC también enarboló la crucial Ley sobre Libertad de la Información -que protege el acceso de los ciudadanos a los datos manejados por la administración federal- para reclamar, ahora por vía judicial, que “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está trabajando para el gobierno”.

Con su último informe sobre terrorismo internacional, parece que han extendido su rango de acción no sólo a quién está trabajando para la administración federal sino a cómo está desempeñando su trabajo en relación a la esgrimida como mayor amenaza a la que se enfrentan los Estados Unidos y, por extensión, las democracias occidentales.