La vicepresidenta del gobierno español ha intentado ser contundente: España “no va a tolerar que sigan llegando a sus costas” emigrantes de forma ilegal. "Repito, que quede bien claro. Todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España (...). Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan". Independientemente de la credibilidad que se conceda en España a esta subida del tono que, por otra parte, no va acompañada de medidas concretas, en Senegal se habrán escuchado las palabras de la vicepresidenta española como una expresión de desafío. Desde allí, enviar emigrantes se ve, sencillamente, como un derecho, y un derecho no se negocia, simplemente se pactan las condiciones de su ejecución. Y, en este caso, las concesiones son positivas y negativas, pero todas recaen en el país de acogida. Francia ya está en ello.
Por increíble que parezca, los Estados Unidos se han tomado muy en serio las informaciones sobre cayucos capaces de alcanzar las costas americanas. Diplomáticos de la embajada en Dakar siguen rastreando el destino de la Titanic, una gran barca que, según comentan desde el constructor hasta la propia policía senegalesa, se construyó para realizar la travesía entre África y Estados Unidos, y que, misteriosamente, desapareció del lugar en que fue armada, y vista por curiosos y periodistas. Los rumores apuntan a que pudo haberse hecho ya a la mar, con la finalidad -expresa, según su constructor- de alcanzar Estados Unidos.
A la luz de estas informaciones, la barca llena de cadáveres de africanos negros que apareció hace unas semanas frente a las costas americanas bien pudo no haber sido haber llevada allí por las corrientes en un frustrado intentado de alcanzar las Canarias, según se dio por sentado, sino, sencillamente, haber sido conducida hasta algún punto indeterminado del Atlántico por sus tripulantes que, finalmente, no pudieron completar una singladura transoceánica que parece el próximo reto de los experimentados pescadores-navegantes de la costa occidental africana en la apertura de nuevas -e intrépidas- rutas para la emigración ilegal.
Policías taxistas
Mientras tanto, la línea regular de la irregularidad establecida entre Senegal y las Islas Canarias, pasando por Mauritania, parece ya plenamente asentada tanto en éxito como en impunidad, en la bien contrastada realidad de que prácticamente nadie que llega a las costas españolas desde la zona es expulsado de vuelta. Aunque nadie en la España oficial parezca preocuparse de la logística del tráfico ilegal y de las mafias que la sustentan, los propios emigrantes senegaleses apuntan a la policía mauritana como la responsable no sólo de hacer la vista gorda en la frontera sino, incluso, de actuar como taxistas para atravesar los distintos puntos de control mauritanos previo pago por ceguera sobrevenida.
En el frente diplomático, el gobierno senegalés no está perdiendo la oportunidad de utilizar la enorme presión aplicada sobre Europa. En estos días, una delegación de alto nivel procedente de Dakar, encabezada por el ministro del interior, se encuentra en París negociando con el gobierno francés los términos de un acuerdo migratorio bilateral.
"Hechos consumados"
Nada concreto se sabe todavía de tal acuerdo, pero de las declaraciones del ministro Ousmane Ngom se extrae con facilidad su estrategia negociadora, empezando por el hecho de que, cuando hay que hablar en serio, se acude a la capital de destino migratorio, sin que parecieran los senegaleses demasiado impresionados con la ‘comisión rogatoria’ española que fue precisamente a rogar a Dakar un respiro que, obviamente, no se ha dado, quizás con la esperanza de incrementar la masa de ciudadanos propios en suelo español y contar así con una baza más sólida de negociación. En este sentido, no parecen que vayan a causar tampoco demasiada impresión las advertencias de la vicepresidente De la Vega.
“Es necesario romper con la política de los hechos consumados”, afirmaba Ngom en París. Sin embargo, cuando el ejecutivo senegalés menciona la expresión “hechos consumados” no se refiere al desembarco ilegal y por la fuerza de los hechos consumados de miles de sus ciudadanos en violación de fronteras extranjeras sino al “unilateralismo” del que se acusa a Francia, recriminación reforzada hasta el enojo más explícito con la nueva ley migratoria auspiciada por Sarkozy. “Queremos ir hacia un acuerdo mutuamente benéfico para los dos países que tome en cuenta los intereses de nuestros conciudadanos”, declaraba el ministro senegalés.
"Reacciones desproporcionadas"
Los intereses senegaleses son, en este sentido, “preservar el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país”, mientras que los de los franceses, en su opinión, pasan por acoger en todo caso las cantidades de personas que se recojan en el pacto pero que, de cualquier forma, también se contabilizan en el capítulo de ‘concesiones’ a Francia que este país, además, deberá agradecer dentro de un “espíritu constructivo”.
¿Cómo? Primero, mediante “el respeto a los derechos del hombre” en el tratamiento de los emigrantes ilegales, cuestión que se hace basar en una constante retórica culpabilizadora para los países europeos en torno al “el drama humano” de la emigración, retórica fundamentada a su vez en lo que desde Dakar se considera como una “injusticia planetaria desde el alba de los tiempos” y que, por tanto, exige reparación -y compensación.
Sin embargo, lo que se ve desde África es justo lo contrario a lo que, en su opinión, cabría esperar, es decir, unas “reacciones desproporcionadas” en el caso francés y su ley de emigración, dentro de una liga de desproporciones a la que se habrá integrado la vicepresidenta española, por el momento tan sólo con ‘palabras desproporcionadas’. En este sentido, a lo más que han llegado algunos países africanos es a reconocer que tienen una "parte de responsabilidad" en el furioso deseo de sus habitantes de abandonar el país incluso arriesgando sus propias vidas en una extremadamente incierta aventura.
'Kyoto humanitario'
Pero, además, el ‘derecho’ a la emisión de emigrantes hacia Europa debe ser compensada con las “ayudas al desarrollo” para Senegal, de forma que ambas variables se convierten en las bazas negociadoras en una especie de precio inverso por persona: menos emigrantes acogidos, más dinero recibido; y, al contrario, emigrante devuelto, emigrante que tiene un precio por reacogida en términos de ‘ayuda al desarrollo’, algo así como una penalización a los países ‘planetariamente injustos’, una especie de impuesto de castigo equiparable a un 'Protocolo de Kyoto' humanitario que, en vez de emisiones tóxicas industriales a compensar y con las que negociar, contabilizara y gestionara emisiones humanas desesperadas.
En términos diplomáticos, esa es la jugada a la que se enfrenta la potencialmente débil diplomacia española que, por el momento, sólo ha dado un zapatazo verbal en las últimas declaraciones de la vicepresidenta De la Vega. Mientras, entre las gentes de Senegal, la difícil vida continúa -sin hambre, como se dice en Europa, pero (lo peor) también sin oportunidades, como se dice en Senegal-, y también continúa y crece el mito de Eldorado español, con una cultura de la emigración a cualquier precio ya enquistada en la sociedad senegalesa donde los jóvenes admiten abiertamente preferir la vida en un campo de acogida español a la mejor oferta de trabajo en su propio país.
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