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Sep 06

Terrorismo y delincuencia hacen que los británicos consideren a su país "menos habitable" que hace veinte años en medio de un intenso debate sobre una inmigración "fuera de control"

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La mayor parte de los británicos cree que se vive ahora mucho peor en su país que hace veinte años. Terrorismo y delincuencia encabezan la lista de unos problemas a los que siguen la “falta de respeto” en la vida ciudadana, el medio ambiente, los servicios públicos y la emigración. La encuesta ha sido realizada por la habitualmente calificada como ‘progresista’ BBC pero organizaciones ‘conservadoras’ como el think-tank Centre for Policy Studies se sitúan en la misma línea al denunciar lo que, en su opinión, es la causa de que los británicos se sientan cada vez menos a gusto en su propio país: “Los políticos y, particularmente el gobierno, han dado la espalda a las principales preocupaciones públicas. Estas son el comportamiento antisocial y la delincuencia, que la gente cree incontrolados. El público piensa que la policía y el sistema judicial no están del lado de la víctima sino del lado de lo políticamente correcto”.

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Según los analistas del Centre for Policy Studies, “hay (en el Reino Unido) una preocupación en torno a la emigración, no porque a la gente no le gusten los emigrantes, sino por el impacto de la inmigración a gran escala. Son personas que sienten que su país está fuera de control y que ya no está gobernado por los intereses de la gente que vive aquí”.

La situación migratoria en el Reino Unido poco tiene que ver con la caótica y por completo fuera de control experiencia española, donde decenas de miles de extranjeros atraviesan cada semana las fronteras españolas -comunitarias y no comunitarias- sin ningún tipo de permiso en un país donde el constante desembarco de barcas atestadas de africanos subsaharianos no es, sin embargo, el mayor de los coladeros aunque sí el más espectacular.

Avalancha del Este europeo

En estos días, la sociedad británica se encuentra inmersa en el debate en torno a la llegada de casi 430.000 trabajadores procedentes del este europeo -principalmente polacos- que, desde mayo de 2004, han aprovechado la apertura de fronteras británicas a los trabajadores de los nuevos miembros orientales ex soviéticos de la Unión Europea -en una decisión que sólo han secundado Suecia e Irlanda- para recalar en un país que ven con más oportunidades.

De hecho, la cifra es mucho mayor, puesto que en ese casi medio millón de emigrantes del este europeo no están incluidos los que trabajan por su cuenta debido a que su registro no es obligatorio. Las estimaciones más conservadoras hablan de más de 600.000 emigrantes del este europeo en poco más de dos años. A pesar de que se trata de una emigración plenamente legal y registrada -a diferencia de la anárquica situación española-, en el Reino Unido se preguntan por el tremendo impacto sobre el mercado laboral de tal avalancha de nuevos trabajadores dispuestos a lo que sea en un país donde las autoridades esperaban tan solo entre 5.000 y 13.000 nuevos emigrantes anuales.

Sin mencionar a los conservadores, ni tan siquiera todos los laboristas comparten la misma opinión sobre los masivos movimientos de personas. Algunos, como el parlamentario Tony McNulty creen que la emigración beneficia al país “rellenando los huecos en dotes y puestos de trabajo que no pueden llenar los nacidos en el Reino Unido”. Su compañero de bancada Frank Field opina por el contrario que la política de 'puertas abiertas' no es sostenible por las comunidades locales. “Creo que deberíamos movernos más hacia un sistema de cuotas por el que los empleadores se den cuenta de que no pueden encontrar trabajadores locales y, por tanto, necesitarían nuevos trabajadores que lleguen a este país”.

Invasión blanca

Sin embargo, y por mucho que la emigración intraeuropea sea plenamente legal, cada vez más voces desde todos los sectores políticos británicos exigen que se restrinja en avance la aceptación de emigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía, los próximos países que pasarán a ser miembros de pleno derecho de la Unión en 2007 y cuya disponibilidad de ‘fronteras abiertas’ para sus trabajadores podría verse gravemente comprometida a la luz de lo sucedido con Polonia -y, en menor medida, con Lituania y Eslovaquia- en un Reino Unido por completo bajo el síndrome de invasión.

Con las enormes tensiones raciales que se producen en el país -a veces con estallidos de inusitada violencia con unos recelos por completo vigentes-, desde naciones con mayoría de poblaciones de piel oscura la situación se contempla con sorna. Medios indios ironizan sobre la “emigración blanca” que ahora se ve como peligrosa entre una opinión pública británica nativa por completo inmersa en cierta histeria colectiva con las poblaciones de colores oscuros en una confusa mezcla de miedo por la delincuencia y el terrorismo que la encuesta de la BBC se encarga de destacar en los dos primeros lugares de las preocupaciones nacionales.

Las consultas de opinión coinciden con machacona monotonía en este sentido. Los europeos consideran que sus países se van haciendo cada vez más inhabitables como consecuencia de una emigración que, en algunos casos, como el británico, es masiva pero legal, y en otros, como el español, es también masiva pero, por añadidura, ilegal. Mientras, por toda la zona occidental del continente se extiende una especie de cultura de resentimiento entre comunidades que, en todo caso, se sienten a disgusto con sus vecinos y con el propio país que las acoge.

Cultura del resentimiento

Si una tercera parte de la comunidad musulmana británica considera “inmoral” a su país de adopción hasta el punto de admitir que preferiría vivir bajo la ley islámica en lugar de estar sometida a las leyes civiles nacionales, en ese mismo país se dispara la proporción de los habitantes nativos que creen que los emigrantes están más predispuestos a la delincuencia y al crimen que la población autóctona. De hecho, esta opinión se produce masivamente en Francia, Reino Unido y Alemania, donde las sensaciones descarnadamente negativas incluso triplican o cuadruplican a las que se registran en países también sometidos a fortísimas presiones migratorias ilegales, como España o Italia.

En este entorno, analistas, organizaciones asistenciales y personalidades políticas de todas las tendencias advierten sobre la implacable extensión de una “cultura del resentimiento”, por la que los pobladores nativos del país ven con creciente alarma el favoritismo de sus propias administraciones públicas en la preferencia de los programas sociales por las minorías étnicas de emigrantes en perjuicio de las clases medias y obreras autóctonas, favoritismos que llevan a inéditas situaciones de apoyo a opciones políticas calificadas de ‘ultraderecha’ que espeluznan a las mismas clases políticas ‘aceptables’ en un entorno democrático pero que, sin embargo, se muestran incapaces de reaccionar ante las cada vez más altas y claras llamadas de atención de sus gobernados.