Fue un ruego casi desesperado. "Tienen que armarse y defender con su vida la nacionalización", pidió el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera tanto a los movimientos sociales como a las comunidades indígenas del país alineadas con el proyecto político de Evo Morales. El recurso de reclamar el auxilio de sus principales aliados planteado por la administración de La Paz pareció extremo pero fue una reacción natural ante los graves tropiezos que ha experimentado el proyecto de nacionalización de hidrocarburos en el último mes y que lo han colocado al borde de convertirse en un rotundo fracaso. Morales sabe que la caída en desgracia de su gran apuesta de gobierno puede a la larga poner en riesgo su propia gestión presidencial.

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El lamamiento de García Linera, que evocó su pasado como guerrillero cuando -según su propia descripción- aprendió a "matar" en defensa de los recursos naturales de Bolivia, se produjo en momentos en que el gobierno de Morales aparece jaqueado por múltiples circunstancias. Por un lado la salida del gabinete de Andrés Solíz Rada, el gran mentor de la nacionalización, en medio de un pulso personal con el vicepresidente, y por otro, la ola de conflictos protagonizados por las propias organizaciones que simpatizan con el jefe de estado pero que exigen al gobierno una solución urgente ante el compleja realidad social que enfrentan en el país.

La situación de desbordamiento social se profundizó durante la última semana. Al menos siete de las nueve provincias del interior del país quedaron cercadas desde el miércoles a raíz de los cortes de las principales carreteras locales realizados por grupos de campesinos y cooperativistas mineros que reclamaban la aplicación de medidas para resolver diversos conflictos. A esas movilizaciones se sumaron también las protestas de grupos indigenistas de las selvas de la región oriental en la ciudad de Santa Cruz en repudio de los sectores de la oposición que, según sus denuncias, pretenden "boicotear" la administración del Movimiento al Socialismo (MAS).

Las manifestaciones y bloqueos provocaron el jueves un verdadero colapso en el transporte de carga y pasajeros en todo el interior boliviano, pero también derivaron en serios problemas para las exportaciones del país, especialmente las dirigidas a los puertos de Perú y Chile. El panorama se podría agudizar en las próximas horas si algunas organizaciones sociales concretan sus amenazas de volver a cortar el suministro de gas desde el territorio local hacia Brasil y Argentina, lo que ya ocurrió un par de semanas atrás generando a La Paz severos problemas con los gobiernos vecinos.

Los indicios de convulsión social que se multiplicaron en los últimos días han beneficiado la ofensiva que llevan adelante las fuerzas políticas de la oposición en alianza con los sectores empresarios de las regiones ricas del país, que se resisten a las principales iniciativas de Morales como la nacionalización de los hidrocarburos y el proyecto de estatalización de las tierras improductivas del país. Además, cuestionan la supuesta intención del mandatario de consagrar mediante la reforma constitucional que elabora la Asamblea Constituyente un poder "hegemónico" sobre el resto de las instituciones del estado.

En la administración paceña advierten de que el creciente malestar político terminará favoreciendo las posiciones de sus adversarios locales, por lo que apuestan a recrear en los sectores populares de la población la sensación de que deben comprometerse en la defensa de la gestión de Morales como única garantía de que así serán oídos sus reclamos. En esa línea fue leído por los principales analistas de Bolivia el ultimátum del vicepresidente para que sus aliados se "armen" en apoyo a la nacionalización.

Sin embargo, el éxito de la estrategia oficial también dependerá de cómo se encarrilen las disputas internas que dividen a los propios laderos del mandatario. La falta de homogeneidad gubernamental quedó a la vista tras la renuncia de Solíz Rada. En este sentido, dentro de la estructura oficial subsisten dos líneas políticas internas bastante marcadas: un grupo más cercano a Morales, con una posición radical y de características populistas, que privilegia un discurso hostil hacia los sectores que históricamente manejaron el poder en el país. Y, por otra parte, una corriente más dialoguista, nucleada alrededor de García Linera, que apuesta a un consenso multicultural y la defensa a ultranza del sistema institucional.