No son sólo patrimonio de las fuerzas políticas de la oposición boliviana las quejas por la alianza política que Evo Morales ha sellado con Hugo Chávez y Fidel Castro así como por sus planes de consolidar, mediante la Asamblea Constituyente, un poder hegemónico sobre el resto de las instituciones del país. También han comenzado a plantear su malestar con esas posturas algunos sectores de las fuerzas armadas locales que aseguran estar decepcionados con la gestión que lleva adelante el mandatario porque, según su visión, no ha logrado atender las demandas de los grupos sociales más vulnerables del país que acompañaron con su adhesión el desembarco del líder del MAS en el gobierno. Entre los militares es creciente el temor de que la falta de resolución de los principales problemas de Bolivia derive en un enfrenamiento civil que arrastre a toda la población, una situación que, según alertan, les obligaría a intervenir para garantizar la tranquilidad del país y refrenar las ambiciones de poder de Morales.

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La crítica posición que se evidencia entre las filas militares fue admitida en las últimas horas por Marcelo Antezana, un importante general en la reserva activa, quien no tuvo reparos al advertir en declaraciones a un diario local que si la dirigencia política no cumple con sus promesas para efectivizar las medidas que reclama la población, "las fuerzas armadas van a actuar" para que se cumplan.

Según las palabras del militar, la mayor preocupación de los sectores castrenses respecto a la marcha de la administración de Morales se vinculan con "el creciente peligro de absolutismo". "El mismo presidente ha manifestado que el gobierno tiene el poder político, pero que ahora necesitan el poder absoluto para imponer una constitución socialista y esa intención es antidemocrática", sostuvo Antezana antes de ratificar que en algunos sectores del ejército boliviano hay una disposición de intervenir para refrenar cualquier intento hegemónico.

Como entre diversas corrientes de la oposición política y en importantes grupos sociales, también dentro de los cuarteles militares ha comenzado a evidenciarse una fuerte inquietud por la posibilidad de que la escalada de protestas y disputas entre los movimientos alineados con el oficialismo y los representantes de diversos sectores opositores derive en un enfrentamiento que involucre a la sociedad civil.

En esa línea, algunos jefes militares repudiaron en las últimas horas las declaraciones del vicepresidente Alvaro García Linera, quien llamó a los campesinos y comunidades indígenas del país a armarse y a defender "con la vida" el proceso de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos puesto en marcha por el gobierno de La Paz. Para las fuerzas armadas el ultimátum del funcionario sólo sirvió para radicalizar aún más las rivalidades entre la población, en lugar de privilegiar la necesidad de un diálogo que apunte a la pacificación.

"Las fuerzas armadas no permitirán estos desbordes que plantea el vicepresidente", advirtió Antezana en la entrevista con el diario La Prensa y sostuvo que incluso están prestas a actuar con los denominados "satinadores", los comandos de elite formados en la Escuela de los Cóndores ubicada en la zona sur del país, para prevenir cualquier tipo de enfrentamiento.

El temor que expresan los militares y la oposición a Morales en ese sentido se ha extendido también a las autoridades de los países vecinos a Bolivia, donde advierten que cualquier conflicto civil en el territorio andino traerá aparejado serias complicaciones para sus propios distritos. Al respecto, un informe elaborado por las autoridades argentinas y difundido por varios medios locales reveló que una eventual guerra civil en Bolivia significaría para Argentina cerca de un millón de refugiados bolivianos, con un coste anual para el gobierno de Néstor Kirchner de entre 440 y 730 millones de dólares.

También en Buenos Aires preocupa las consecuencias que una situación de esas características provocaría en el suministro de gas boliviano al territorio local, especialmente en medio de la compleja situación energética que enfrenta Argentina. De hecho, el corte por parte de un grupo de campesinos bolivianos del abastecimiento de gas al norte argentino generó el mes pasado un serio conflicto entre el gobierno de Morales y la administración de Kirchner.