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Dos campesinos muertos por disparos: Cocaleros del interior boliviano se rebelan contra la erradicación de los cultivos ilegales destinados a la fabricación de cocaína

Dos campesinos muertos por disparos: Cocaleros del interior boliviano se rebelan contra la erradicación de los cultivos ilegales destinados a la fabricación de cocaína

03.10.06 • 22:07 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

A la par que se van multiplicando las diferencias entre el gobierno boliviano y los movimientos sociales que acompañaron la llegada de Evo Morales al poder, también han comenzado a surgir los primeros conflictos entre el presidente y los campesinos cocaleros de distintas regiones del país, el sector sindical a partir del cual el actual mandatario logró constituir una fuerte base de poder y transitar con éxito su destino político. Los problemas para Morales no son sencillos: las contradicciones dentro de su administración respecto al control de las plantaciones de hojas de coca van socavando poco a poco su red de aliados y desatan actitudes de rebeldía entre los campesinos, que aún no terminan de entender si los funcionarios del gobierno están de su lado o de la vereda de enfrente.

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Uno de los focos de rebeldía culminó dramáticamente el fin de semana en una zona del Parque Nacional Carrasco, en el oriente boliviano, donde las autoridades detectaron importantes extensiones de cultivos ilegales de coca. La situación derivó en un enfrentamiento violento entre los cocaleros que defendían sus plantaciones y efectivos policiales y militares que tenían la orden de proceder al desalojo del lugar. En medio de los incidentes, dos campesinos murieron por disparos de la patrulla militar y otros tantos resultaron heridos.

El episodio generó un profundo malestar entre las organizaciones que nuclean a los productores cocaleros de todo el país, que inmediatamente amenazaron con accionar contra el gobierno de Morales. Frente a la advertencia, las autoridades privilegiaron un discurso en el que validaron la operación llevada adelante por las fuerzas de seguridad con el argumento de que las plantaciones ubicadas en el lugar del enfrentamiento eran manejadas por grupos de narcotraficantes.

De hecho, el ministro de defensa boliviano, Wálker San Martín, anticipó que la administración de La Paz estaba dispuesta a ordenar la intervención de las fuerzas armadas para avanzar en la erradicación de aquellos cultivos que no estuvieran legalmente habilitados en el resto de las regiones del interior del país.

La embestida oficial continuó este lunes con el anuncio del propio Morales de que dispondrá la implementación de un impuesto al cato de coca, de manera de que mediante el pago del tributo quede legalizada la plantación. La iniciativa por ahora sólo ha reunido la adhesión de las organizaciones que concentran a los productores más importantes que coinciden con los fundamentos ofrecidos por Morales en el sentido de que el pago del impuesto constituirá un "buen golpe" contra el gobierno de Estados Unidos porque la comunidad internacional "se dará cuenta que la hoja es un importante soporte para el tesoro nacional y no un recurso que favorece al narcotráfico".

Sin embargo, en varios sectores dudan de que los campesinos con pequeñas explotaciones de cocales puedan enfrentar el pago del impuesto, una situación que los obligaría a mantener su producción en la clandestinidad y defender con su propia vida cualquier intento de las fuerzas militares y policiales por erradicar sus cultivos. El tema no es menor porque los terrenos del Parque Nacional Carrasco no son los únicos que han sido ganados por plantaciones ilegales de hojas de coca.

Según los informes realizados en los últimos meses por la Organización de Naciones Unidas y la embajada estadounidense en La Paz, actualmente hay en Bolivia entre 27.000 y 30.000 hectáreas de cocales, que en su mayoría constituyen cultivos ilegales. La legislación local establece como máximo la siembra de coca en 12.000 hectáreas ubicadas en las regiones de los Yungas y Chaparé, aunque el gobierno de Morales pretende incrementar la cantidad de terrenos sembrados hasta las 15.000 hectáreas.

De acuerdo con diversas investigaciones actualmente existen plantaciones ilegales en el parque nacional Isiboro Sécure, en otras reservas naturales y en terrenos que se encontraban abandonados en varias regiones del interior del país. Las especulaciones del gobierno de La Paz y de la Casa Blanca coinciden en que esas plantaciones ilegales estarían siendo utilizadas por sectores vinculados al narcotráfico para producir el tipo de hojas de coca que posteriormente se destina a la fabricación de cocaína.

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