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Los estratos de población más bajos se enfrentan violentamente en una Bolivia abrumada por una profunda crisis política y social

Los estratos de población más bajos se enfrentan violentamente en una Bolivia abrumada por una profunda crisis política y social

07.10.06 • 15:21 GMT • Elizabeth Peger - Buenos Aires Email

Los cuerpos de los -al menos- dieciséis muertos en el enfrenamiento aún estaban regados por el terreno de la mina, y las ambulancias no alcanzaban para trasladar a las decenas de heridos. La imagen del boliviano cerro Posokoni era una verdadera escena de terror. "Esto es el resultado de la ambición y la codicia", aseguraba el vicepresidente Alvaro García Linera repartiendo culpas para todos lados. Algunos pobladores le miraban extrañados recordando que apenas unos días antes ese mismo político los había convocado a armarse y defender con "la vida" el gobierno de Evo Morales. El sangriento estallido de violencia en el centro minero de Huanuni reforzó el temor de quienes desde hace tiempo venían advirtiendo de que la creciente tensión política entre el gobierno de Evo Morales y los principales sectores de la oposición desembocará más temprano que tarde en un enfrentamiento dentro de la propia sociedad civil de Bolivia.

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Los síntomas de tensión social ya son inocultables. La literal guerra que enfrentó este jueves con cartuchos de dinamita y armas de fuego a cooperativistas privados y trabajadores estatales por el control de la principal mina de estaño del país fue el segundo incidente con víctimas mortales en menos de una semana. Hace tan sólo seis días, dos productores cocaleros perdieron la vida en medio de una pelea con efectivos policiales. Las autoridades denunciaron que los muertos integraban una banda vinculada al narcotráfico, pero los pobladores de la región rechazaron esas hipótesis y aseguraron que se trataba de campesinos que no formaban parte de los sindicatos de cocaleros que responden al liderazgo de Morales.

En el caso de los incidentes en la mina, el enfrentamiento se produjo porque tanto cooperativistas como estatales se adjudican el poder de explotar el yacimiento, una disputa que ya lleva varios meses y que no ha podido ser resuelta por la administración de La Paz. Las autoridades hasta llegaron a proponer en un momento la construcción de un muro de cemento para que cada sector explote una parte de la mina y así frenar los permanentes roces. Sin embargo como ninguna propuesta consiguió adhesiones, los intentos por encauzar la situación quedaron en la nada.

El problema se agudizó aun más porque la pelea involucra a dos sectores alineados con la figura de Morales. Los cooperativistas son parte de las bases sociales del gobernante Movimiento al Socialismo y tienen justamente en el ministro de minería Walter Villarruel a su propio representante dentro de la administración nacional. También los estatales han simpatizado siempre con las medidas nacionalistas del presidente, y con ese argumento reclamaban la explotación integral de la mina. Pero este viernes, tras los violentos enfrentamientos, desde ese sector denunciaron haber sido defraudados por el gobierno.

La preocupación para Morales es mayúscula. La creciente tensión social que revela una profunda disputa entre las clases más acomodadas del país y los estratos más pobres de la sociedad se da en un contexto en que una crisis política de proporciones divide las aguas entre el gobierno y la oposición, situación que complica los planes oficiales para imponer la reforma constitucional del país y advierte de un colapso en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.

La reforma impulsada por Morales proponía la consagración de la Asamblea Constituyente como un poder hegemónico sobre el resto de las instituciones del estado. Sin embargo, un fallo de la corte suprema de justicia local estableció que los constituyentes están forzados a respetar la actual legislación del país y no pueden considerarse como "plenipotenciarios" porque eso significa trastocar el orden legal y pone en riesgo la integridad nacional, la paz social y la seguridad del país, en opinión del fallo.

Tampoco le ha ido muy bien al gobierno con la nacionalización. Justamente el mentor de esa iniciativa, el ex ministro Andrés Solíz Rada debió dejar su puesto un mes atrás en medio de fuertes críticas en su contra por maniobras irregulares en los contratos por las millonarias ventas de hidrocarburos al exterior.

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