La prensa internacional fija su atención en la proliferación de bandas latinas en España, en especial en Barcelona y Madrid. El 'antropólogo' barcelonés Carlos Freixa afirma en el Observer que se trata de organizaciones para "la solidaridad y ayuda mutua entre los jóvenes inmigrantes latinos”. Los asesinatos, las extorsiones o las violaciones colectivas a las jóvenes que deseen abandonar la “solidaridad” serían, en este sentido, no mucho más que académicas derivaciones de manual de antropología comparada. En Estados Unidos, dos ciudades se han declarado en abierta rebeldía contra el poder central de Washington y han proclamado sus propias leyes de inmigración en un intento por combatir los altos índices de la delincuencia más violenta provocada por inmigrantes en situación ilegal.

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Altoona, en Pennsylvania, se acaba de convertir en la segunda ciudad de cierto tamaño en aprobar sus propias leyes contra la emigración ilegal ante lo que sus ciudadanos perciben como negligente abandono federal a la hora de mantener la seguridad y el control de la delincuencia cometida por ciudadanos de otros países en situación irregular en Estados Unidos. Palm Bay y Avon Park, en el estado de Florida, así como Escondido y San Bernardino, en el de California, también han anunciado que discuten legislaciones similares.

La rebelión de las ciudades

Todo comenzó cuando el pasado mes de mayo, dos dominicanos asesinaron a un residente de Hazleton, Pennsylvania. Llovía sobre mojado y el consistorio municipal de esta localidad reaccionó ante lo que calificó de situación insostenible no sólo en el ámbito de la seguridad de la ciudad sino en la saturación de los servicios sociales, las escuelas abarrotadas y problemáticas, y los altos costes en asistencia sanitaria.

En julio, dos meses después del asesinato que colmó la paciencia de Hazleton, el ayuntamiento de la ciudad aprobó una dura ley contra la emigración ilegal por la que se condenaba a 1.000 dólares de multa a cada propietario que alquilara una casa o un apartamento a un emigrante ilegal mientras que anunciaba la revocación de las licencias a todo negocio que empleara a una persona en situación irregular.

Ante el Senado

En este sentido, el alcalde, con un fuerte apoyo de sus conciudadanos, recomendó abiertamente a los inmigrantes ilegales que “abandonaran la ciudad” mientras la prensa calificaba a Hazleton como uno de los lugares más hostiles del país para los extranjeros en situación irregular.

De forma casi inmediata a la aprobación de la ley comenzaron los problemas a gran escala para Hazleton. Ante la abierta rebelión de la ciudad en la regulación de asuntos que, como el de inmigración, pertenecen al ámbito federal, una comisión judicial del Senado llamó al alcalde rebelde y le hizo declarar ante algunos de los grandes pesos pesados de la gran política estadounidense, entre ellos, el demócrata Edward Kennedy.

Louis Barletta no consiguió convencer a la audiencia. De hecho, se encontró con que poderosos colegas suyos se ponían en su contra, por ejemplo, Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, quien afirmó que las economías de las ciudades y la armonía étnica y racial se pondrían en peligro si se hicieran cumplir las leyes contra la emigración ilegal.

Delincuencia y saturación de los servicios sociales

Otros sectores en la prensa o en la política del país destacaron cómo el alcalde rebelde no supo cuantificar al nivel que se le pedía en la alta política de Washington cuando se le conminó a ofrecer datos concretos sobre cuántos de los crímenes de la ciudad habían sido cometidos por inmigrantes ilegales y cuántos por residentes legales.

Las apelaciones del alcalde a que los servicios públicos de la ciudad se encontraban en práctica quiebra ante la llegada de miles y miles de emigrantes latinos sin permiso de residencia ni de trabajo tampoco abrió una brecha de compasión entre quienes prometieron acabar con la revuelta de Hazleton.

Triple asesinato

De hecho, los problemas para la ciudad no habían hecho más que comenzar. Enseguida se echaron encima las ‘organizaciones de derechos civiles’, entre ellas varias latinas, que demandaron a la ciudad ante los tribunales. La American Civil Liberties Union de Pennsylvania consiguió que un juez paralizara la aplicación de la ley en Hazleton.

Sin embargo, la veda se había abierto y algunas pequeñas localidades comenzaron a proclamar sus propias legislaciones contra la emigración ilegal, impulsadas en primer lugar por los altos niveles de delincuencia y de crímenes violentos. La última ha sido Altoona, que con sus 47.000 habitantes se ha convertido en la ciudad más poblada que ha aprobado una ley de este tipo. Un triple asesinato cometido por un inmigrante ilegal mexicano disparó una decisión también ampliamente apoyada por la población de la ciudad.

Miguel Padilla había acumulado en sus diecisiete años de residencia ilegal en Estados Unidos un amplio historial delictivo que culminó hace un año cuando asesinó a tres personas en un club cuyos responsables le habían impedido acceder a su interior.

Altoona se une a la revuelta

El alcalde republicano de Altoona, Wayne Hippo, consideró que las autoridades federales no sólo no hacían cumplir las leyes sobre emigración ilegal sino que dejaban a la ciudad prácticamente desprotegida frente a criminales con decenas de delitos a sus espaldas. Es así como Hippo impulsó una ley antiinmigrantes ilegales que reproducía la declarada tres meses antes en Hazleton.

Sobre el clima que se está creando en Estados Unidos contra la emigración irregular latina, es significativo constatar que los casos de Altoona y Hazleton son muy distintos aunque igual haya sido la reacción ante unos crímenes que han disparado la rebeldes acciones defensivas.

Mientras la primera no tiene una base significativa de inmigrantes ilegales, la segunda se ha visto desbordada por miles y miles de hispanos en situación irregular, principalmente mexicanos, entre ellos delincuentes anteriores o nacidos para la vocación en Estados Unidos que, como decía un residente de la localidad, han hecho que los delitos violentos ya ni sean noticia en los medios de comunicación locales cuando hace pocos años, antes de la avalancha, “un apuñalamiento en la ciudad daba para hablar el año entero”.