"El primer opositor y enemigo que tenemos como gobierno del movimiento indígena campesino es la mayor parte de los medios de comunicación". Es la visión de la prensa local que Evo Morales ha acuñado en los diez meses que lleva gobernando Bolivia pero también el argumento que sustenta una de sus más ambiciosas apuestas políticas: 'regular' la actividad de las cadenas mediáticas bolivianas con el fin de evitar que puedan constituirse a medio plazo en un poder susceptible de erosionar su propia gestión presidencial. El plan del mandatario ya está en marcha y el golpe que proyecta asestar a la prensa podría ver la luz rápidamente merced a la mayoritaria representación que el oficialismo ostenta en la asamblea constituyente, institución que será la encargada de definir el futuro rol de los medios del país.

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Las autoridades del gobierno de La Paz consideran que tanto los principales diarios como las grandes cadenas de televisión local combaten y denigran la gestión de Morales con el objetivo de ir limando poco a poco la capacidad de acción oficial. En esa línea, sostienen que la prensa ha reemplazado a los partidos opositores del centro de la escena política, y que desde ese lugar se ocupa de instalar un clima de inestabilidad política y social en el país. "Están magnificando los problemas de gestión del gobierno", denuncian en las cercanías del presidente.

Las acusaciones lanzadas por los funcionarios dieron paso en la última semana a varias presentaciones ante la asamblea constituyente, realizadas todas por sectores alineados políticamente con el gobierno, que aspiran a imponer una amplia reforma sobre el funcionamiento de los medios. Una de las iniciativas, alentada por el sindicato de trabajadores de prensa de La Paz, pretende poner fin al monopolio periodístico y exige reconsiderar la propiedad de algunas empresas del sector.

La propuesta, que cuenta con un claro respaldo del gobierno, establece que el estado recupere el dominio original del espectro radiomagnético en su ámbito territorial y que ejerza la potestad de otorgar concesiones a particulares o empresas, o directamente las revierta. Es decir que Morales quede habilitado para suspender las concesiones de los medios que considere oportuno o que su administración asuma en forma directa el manejo de la prensa.

La posibilidad de que el proyecto sea sancionado por la constituyente ya generó una fuerte réplica en las principales empresas periodísticas del país, que argumentan que se trata de un intento decidido por coartar la libertad de prensa e información en el país. Al respecto, desde varias cadenas se ha asegurado que el gobierno de La Paz pretende ejercer un control social a partir del manejo de los contenidos y de la programación de los medios para evitar que se articulen las voces críticas a la gestión de Morales.

La reforma impulsada por sectores ligados políticamente al presidente estipula que será eliminado el monopolio en los medios de comunicación, y que también se prohibirá la vinculación de empresarios mediáticos con negocios de otra naturaleza que tengan influencia económica y social o que planteen algún conflicto con los intereses de la actividad periodística. En ese sentido, se alienta el establecimiento de una cláusula de conciencia para que los periodistas puedan abstenerse de emitir una información que obedezca a la consigna de los propietarios de los medios.