El Reino Unido anunció ayer que bloqueará el acceso de trabajadores de Rumanía y Bulgaria cuando estos países comiencen a formar parte de la Unión Europea con el comienzo del próximo año. La decisión, anunciada por el secretario del interior, John Reid, supone una vuelta de tuerca más en la dureza con que Blair está afrontando de pronto la emigración hacia su país, en un entorno de abierto enfrentamiento con una gran parte de la comunidad musulmana y cuando la opinión pública británica ya hace tiempo que se manifestaba, en gran parte, muy inquieta por la emigración masiva procedente de los países del antiguo bloque soviético durante los dos últimos años. En España, la situación es muy distinta. Madrid no sólo no bloqueará la emigración procedente de estos dos nuevos socios europeos sino que las fuerzas del orden ya están permitiendo de hecho que inmigrantes ilegales búlgaros y rumanos accedan al país de forma libre e incontrolada, y con la aquiescencia de los agentes aduaneros que afirman recibir “órdenes de arriba” en este sentido.
Así al menos lo advertía un reportaje publicado ayer por el diario español El País en el que se desvelaba la existencia de redes de transporte de emigrantes ilegales subsaharianos desde España hacia Italia. Con las protestas del gobierno de Roma, las autoridades españolas estrecharon el control en la frontera con Francia, de obligado paso hacia el país transalpino.
Los agentes reconocen abiertamente que filtran a “los negros” (africanos), a quienes, según ellos, “no los quiere nadie”, pero que dejan pasar hacia España “a los rumanos y búlgaros sin papeles” puesto que “entrarán en la Unión Europea dentro de dos meses”. Testimonios de ciudadanos de estos dos países ya en España reconocen que pueblos enteros se están despoblando en Bulgaría pero, sobre todo, en Rumanía, ante la política de ojos cerrados y puertas abiertas mantenida por Madrid. De hecho, grandes empresarios rumanos ya están financiando en España partidos formados exclusivamente por conciudadanos con el fin de actuar de forma decisiva tanto en la política del país de acogida como en el de país de origen.
Emigrantes aportarán "sólo el 10 por ciento del gasto social"
Es precisamente en este país donde la opinión mantenida tanto por el ejecutivo socialista como por la izquierda política y social defiende que la emigración masiva que ha recibido España, que aún recibe cada día -en especial, procedente de América Latina y de la Europa del Este- y que, previsiblemente aún recibirá de forma incontrolada en el futuro, servirá para equilibrar la futura y envejecida pirámide poblacional española, de forma que, con el aporte de nuevos trabajadores, se pueda garantizar tanto el pago de las pensiones como el sostenimiento del resto del sistema asistencial español.
Sin embargo, varios estudios han venido a suavizar mucho esa percepción cuando no a desmentirla. El catedrático de la Universidad de Harvard, Martin S. Feldstein, pronunciaba una conferencia en Madrid la pasada semana en la que demostraba cómo los inmigrantes llegados a España -incluso con la previsión de que aún acudieran otros dos millones más en el futuro- sólo financiarán menos del 10 por ciento del gasto social, conclusión a la que también había llegado anteriormente otro estudio técnico, esta vez, del propio Banco de España.
Mientras, en el Reino Unido cundía el nerviosismo. Desde los dos países europeos próximos a incorporarse a la Unión se intentaba tranquilizar a Londres asegurando, desde la severa tribuna del Financial Times, que sólo la emigración más cualificada se dirigiría a las islas británicas mientras los emigrantes “más pobres y menos escolarizados” optarían por “Italia y España”.
600.000 emigrantes del este europeo en dos años
Sin embargo, serán precisamente sólo los trabajadores menos cualificados los que vean ligeramente entreabierta la puerta británica hacia sectores como la agricultura y el procesamiento de alimentos, y siempre, en todo caso, mediante un rígido sistema de cuotas. El resto de la industria deberá “probar” sus necesidades para que Londres abra la puerta. De hecho, los trabajadores cualificados procedentes de los dos nuevos socios deberán regirse por los mismos sistemas de contrato previo y cuotas que los procedentes del exterior de la Unión Europea.
Blair responde así a su cada vez más alarmada opinión pública, que contempla como 'avalancha' la emigración procedente del Este europeo, con la llegada de más de 600.000 inmigrantes en tan sólo dos años -según las cifras más conservadoras-, la mayor parte de ellos polacos, y cuando quedan escasas semanas para que se abran de par en par las fronteras con Rumanía y Bulgaria como nuevos miembros de pleno derecho.
Y ello, coincidiendo con el grave conflicto abierto con la comunidad musulmana, en un escenario donde los extranjeros se ven ya en una gran parte de la sociedad británica como una fuente inagotable de problemas económicos y sociales, percepción que produjo la alarmante, para los partidos mayoritarios, subida de la ‘ultraderecha’ en los últimos comicios locales.
Reino Unido: un país "menos habitable"
En un caso, se producen graves preocupaciones por el efecto sobre el sistema productivo y económico. En el otro, el choque es claramente cultural y civilizatorio. Pero, de cualquier forma, los dos ámbitos de preocupación confluían para llevar a la opinión pública británica, según una encuesta de la BBC, a la sensación de que el Reino Unido se ha convertido en un país “menos habitable” que hace veinte años, en gran parte debido a los efectos de una emigración que se veía “fuera de control”.
Blair parece haber optado por plantear, de forma decidida y sin complejos, la batalla contra el multiculturalismo en el que se amparaba el extremismo musulmán pero también por cerrar la espita de un problema potencialmente también muy peligroso para la estabilidad económica de un país que, como Francia, se está viendo sometido a tensiones internas sociales hasta hace unas pocas semanas sólo denunciadas por las opiniones menos políticamente correctas pero ya plenamente desencadenadas en las mesas de los despachos de las administraciones públicas en su máximo nivel.
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