Los problemas que atraviesa la representatividad legislativa en algunos países de América Latina han comenzado a verse en grandes sectores sociales como un factor que erosiona la democracia en la región. La dificultad cobra mayor fuerza en algunos países en particular, donde la composición de los parlamentos revela una enorme distancia con la distribución real entre los diferentes estratos sociales de la población. En esa línea, la situación de Brasil es paradigmática: mientras más de la mitad del país vive en la extrema pobreza, un tercio de los escaños legislativos son ocupados por legisladores con patrimonios millonarios y un pasar económico más que confortable que, sin embargo, les aleja de la vulnerabilidad que enfrenta la ciudadanía a la que supuestamente representan. Muchos de estos parlamentarios millonarios pertenecen, precisamente, al Partido de los Trabajadores de Lula.

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Actualmente uno de cada tres diputados federales de los 513 electos en los comicios generales del pasado 1 de octubre en Brasil acumula una verdadera fortuna, según se desprende de una investigación difundida esta semana por el diario Folha de São Paulo. El informe destaca que 165 legisladores declararon un patrimonio superior al millón de reales (en torno al medio millón de dólares), una cifra que está a años luz del ingreso mensual promedio de los brasileños, que apenas alcanza los 500 reales, unos 250 dólares.

La situación de la representación parlamentaria en Brasil no sólo es compleja debido a la cantidad de diputados con grandes fortunas, sino especialmente por el perfil de las fuerzas políticas que han sostenido sus candidaturas. Más allá de que muchos de ellos representen partidos encolumnados en la derecha local, un número nada despreciable de parlamentarios millonarios forma parte del oficialista Partido de los Trabajadores, la fuerza que lidera el presidente Lula Da Silva y que emergió en la arena política con el objetivo de convertirse en la voz de la clase obrera brasileña.

Diversos analistas locales han advertido la contradicción que ese dato implica, sobre la base de la distancia entre una fuerza que en teoría alienta un discurso de izquierda, que plantea el dominio del trabajo sobre el capital, pero que en la práctica privilegia a millonarios para llevar adelante su objetivo político de clase.

La falta de compatibilidad entre la realidad social brasileña y su representación legislativa fue remarcada como un elemento que provoca una reacción crítica de la ciudadanía brasileña hacia la dirigencia política. "Para la mayoría de los brasileños no queda bien que un político sea rico", fundamentó el politólogo Fernando Abrucio, para quien esa situación se relaciona directamente con el alto índice de desigualdad que separa a los distintos sectores de la sociedad local.

Otras especialistas han advertido que las diferencias entre el universo social representado y el perfil de los legisladores ha provocado importantes consecuencias en el propio PT, donde una parte importante de los sectores que históricamente integraron el partido decidieron partir y conformar una fuerza política propia. Los casos de corrupción que involucraron a colaboradores y funcionarios de Lula Da Silva tuvieron gran peso en esa determinación, pero también la distancia entre las políticas aplicadas por el gobierno con los postulados que dieron forma el discurso tradicional del PT constituyeron un elemento clave en esa decisión.