"Esas denuncias son infundadas. Queremos pruebas documentadas de lo que han afirmado". Así ha reaccionado el gobierno iraní de Mahmoud Ahmadinejad ante la sorpresiva decisión de un grupo de fiscales argentinos que denunciaron la presunta responsabilidad de las máximas autoridades de Irán en el atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 destruyó una mutual judía en Buenos Aires y causó la muerte a 85 personas. El dictamen de los funcionarios judiciales locales tiene el respaldo del gobierno del presidente Néstor Kirchner y ya amenaza con generar un duro conflicto diplomático que podría derivar en la ruptura de relaciones entre ambos estados. También Washington aparece terciando en la disputa al salir a apoyar públicamente la investigación que se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires.

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Los fiscales argentinos que investigan el atentado, encabezados por el funcionario Alberto Nisman, acusaron al ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y a otros siete altos cargos que le acompañaron en su gobierno. Los investigadores pidieron la detención de los iraníes por considerarlos autores intelectuales del ataque terrorista que culminó con la voladura del edificio que ocupaba la entidad judía.

La determinación de los funcionarios judiciales argentinos generó un profundo malestar en el gobierno de Teherán, hasta el punto de que colaboradores de Ahmadinejad salieron a reclamar públicamente las pruebas que documenten en forma fehaciente las acusaciones. En paralelo, el fiscal general iraní, Ghorban Ali Dorri Nayafabadi, anunció que su país demandará al gobierno argentino ante los tribunales internacionales por considerar "infundadas" las denuncias que vincularon al ex mandatario de Irán en el atentado de 1994.

"Vamos a llevar el caso ante un tribunal internacional y veremos si la parte argentina puede presentar pruebas documentadas. De lo contrario, serían ellos quienes deberían ser procesados por acusar sin fundamento y ensuciar la reputación de altos funcionarios iraníes", dijo Nafayabadi.

En Buenos Aires, los colaboradores de Kirchner no parecen estar inquietos por la amenaza lanzada por Teherán. Según comentarios extraoficiales de funcionarios diplomáticos locales, el gobierno actuará con prudencia y no se pronunciará sobre la investigación hasta que lo haga el juez que lleva adelante el caso. No obstante, en la cancillería argentina ya dejaron trascender la posibilidad de endurecer las relaciones con Irán.

En ese sentido, la administración kirchnerista analiza la alternativa de votar en contra del polémico plan nuclear iraní en el marco de las Naciones Unidas, en una apuesta destinada a dejarle en claro al gobierno de Teherán que no aceptará ningún tipo de presión para frenar las pesquisas que tienen por objeto dar con los responsables del sangriento ataque terrorista.

La firmeza que transmiten los funcionarios locales está relacionada con el apoyo que la denuncia de los fiscales recibió de parte del gobierno de Estados Unidos, donde en las últimas horas también reclamaron una acción decidida de las autoridades argentinas para avanzar en la detención y el enjuiciamiento de quienes planearon y materializaron el atentado.