• Expertos legales y políticos consideran que la victoria de la administración federal en el caso podría abrir la puerta a la expulsión de miles de inmigrantes legales relacionados con delitos hasta ahora considerados menores

• THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES - Alberto R. Gonzales, Attorney General, Petitioner v. Luis Alexander Dueñas-Álvarez (pdf)

• NUEVO DIGITAL (31/03/06) - La reforma de la emigración en Estados Unidos divide a los fieles de la poderosa iglesia evangélica entre quienes se basan en la acogida bíblica al extranjero y quienes creen prioritario hacer cumplir la ley
• NUEVO DIGITAL (16/10/06) - Dos pequeñas ciudades de Estados Unidos se rebelan contra la autoridad de Washington y proclaman sus propias leyes contra la emigración ilegal

En Estados Unidos, muchas pequeñas localidades han comenzado a luchar por su cuenta contra una emigración ilegal que ven por completo fuera de control. Saturación de los servicios públicos -escuelas y sanidad, muy especialmente- y criminalidad desbocada son algunos de los argumentos que llevaron el año pasado a un par de pequeñas localidades de Estados Unidos a rebelarse contra la maraña de normativas federales sobre emigración que garantizan los derechos de permanencia y asistencia a los emigrantes irregulares. El pulso está siendo seguido en otras pequeñas ciudades, como Farmers Branch, un suburbio de Dallas, en Texas, donde la inflamable división entre ‘anglos’ y ‘latinos’ amenaza con desembocar en violencia. Sin embargo, y en relación a la lucha contra la criminalidad cometida por emigrantes -irregulares o no-, las autoridades federales acaban de conseguir un triunfo que muchos observadores califican de “crucial” a la hora de facilitar la expulsión de extranjeros delincuentes.

Seguimiento:

En la texana Farmers Branch, situada en la zona metropolitana de Dallas, el consejo de gobierno municipal aprobó varias medidas destinadas a combatir la emigración ilegal que, desde quienes se opusieron a ellas, fueron calificadas inmediatamente de “racistas”. Los responsables municipales establecieron una ordenanza por la que se prohibía el alquiler de casas a emigrantes ilegales, otra convirtiendo al inglés en el idioma oficial de la ciudad, y una tercera habilitando la formación de un agente de policía experto en la normativa sobre emigración.

Malos y buenos cristianos

Quienes apoyan la normativa consideran que la ciudad está soportando unos niveles insostenibles de emigración ilegal, con un grave impacto en los sistemas sanitarios y educativos públicos puesto que ni en hospitales ni en colegios se exige ningún documento de residencia para la atención de quienes requieren el servicio. No sólo las acusaciones de “racismo” no se hicieron esperar sino tampoco las imputaciones de “malos cristianos” a quienes promocionaron la normativa, “todos blancos”, como se encarga de destacar Elizabeth Villafranca, residente en Dallas y propietaria de un restaurante mexicano en Farmers Branch.

En un enfrentamiento clásico de los que se producen en los últimos meses en torno a la emigración ilegal entre cristianos activistas, Villanueva recuerda a los ediles su deber de “dar la bienvenida al extranjero”. El principal promotor de la medida, Tim O’Hare, de 37 años, negó que se estuviera tratando injustamente a nadie y, en referencia a las acusaciones religioso-morales, el edil replicó: “No conozco ningún pasaje en la Biblia en el que se anime a qubrar la ley. Jesús nunca quebró la ley”.

Estados Unidos sí dio la bienvenida a Luis Alexander Dueñas-Álvarez, un emigrante peruano que consiguió la residencia permanente. Le dio la bienvenida pero ahora le da la despedida, eso sí, tras un tortuoso y largo proceso legal que terminó en el Tribunal Supremo federal y que podría extender sus consecuencias por todo el país, a pesar de estar basada la sentencia en una normativa local.

Robo de coche, delito grave

Dueñas-Fernández, de 32 años y residencia legal permanente en Estados Unidos, se declaró culpable en 2002 de “coger un Honda Accord sin el permiso de su dueño”, de acuerdo con la jerigonza legal que califica el robo de un coche. Fue sentenciado a tres años de prisión. Según se acercaba el cumplimiento de la pena, las autoridades federales de emigración comenzaron el proceso de deportación, basándose en una normativa estatal sobre emigración que considera como “delito grave” el robo de un vehículo a motor por parte de un no ciudadano, incluso si el condenado simplemente ayudó o indujo a otra persona a cometerlo.

Fue entonces cuando un tribunal de apelaciones de San Francisco revocó la orden afirmando que la normativa californiana era demasiado amplia y podría llevar a la deportación a personas que participaran de forma muy limitada en la comisión de estos delitos. Lo que el Supremo federal acaba de establecer ahora es que el primer juez que, en primera instancia, calificó de “delito grave” el robo del coche, tenía razón en su apreciación.

Expulsión por más de un año de cárcel

Por tanto, la sentencia del más alto tribunal estadounidense (pdf) -fechada el pasado mes de diciembre pero conocida públicamente ahora- sanciona la aplicación de las leyes californianas sobre emigración que, a su vez, autorizan la expulsión de los no ciudadanos que hayan cometido “delitos graves” cuya pena exceda el año de prisión.

Puesto que, según aclara el mismo Supremo, existen leyes similares en todos los estados del país, la decisión del tribunal “hace más fácil para el estado federal la deportación de miles de emigrantes ilegales que hayan estado relacionados con robos de coches”, como destaca Los Angeles Times, bien cometieran ellos mismos los robos, o bien participaran de alguna forma, como inductores o colaboradores, en ellos, como pareció ser el caso del peruano.