• Autoridades estatales y locales de Estados Unidos toman la iniciativa en la lucha contra los efectos de la emigración ilegal ante la “inacción” del gobierno federal
• Organizaciones partidarias de regular la emigración se pronuncian contra la "carta blanca" de los 'hijos ancla' o 'hijos comodín', vástagos tenidos "nada más cruzar la frontera" para forzar la permanencia en el país

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El lunes pasado, el representante republicano por Colorado, Tom Tancredo, anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2008. Nieto de emigrantes italianos, la de Tancredo se ha erigido como una de las voces más contundentes contra la emigración ilegal hasta llevarle a cómodas mayorías electorales frente a sus oponentes demócratas. En el fragor del debate sobre política migratoria, Tancredo llegó a decir que Miami parecía “un país del Tercer Mundo”. De hecho, la expresión se ha puesto de moda en los 'talk-radio shows". En la presentación de su candidatura, el legislador republicano destacó cómo Estados Unidos está combatiendo en “lejanas batallas" para "defender" al país pero que la "batalla contra la emigración es, en realidad, la que va a definir a la nación”. Primero fue la rebelión de la localidad texana de Farmers Branch y sus normas municipales en abierto desafío a la pirámide de protecciones estatales y federales a la emigración ilegal. Sin embargo, ahora es un organismo oficial estatal el que se atreve a afrontar la relación entre emigración ilegal y delincuencia, uno de los binomios ‘malditos’ en los países del Primer Mundo sometidos a masivas oleadas de emigración ilegal sin precedentes en la historia.

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La Comisión sobre la Delincuencia del Estado de Virginia anunció a comienzos de semana la creación de un equipo de dieciséis personas que se encargará de estudiar los delitos cometidos por y contra inmigrantes ilegales. Se trata de determinar, como un primer paso, la carga financiera de esa delincuencia sobre el estado para, después, intentar establecer soluciones normativas en los niveles estatal y local. La comisión estará integrada por representantes de los cuerpos de seguridad y de la industria pero también de la propia comunidad emigrante legal, en muchas ocasiones, la que lleva la iniciativa contra la emigración no regulada de una forma más clara y explícita (vídeo - en inglés). Este grupo de trabajo se constituye después de que las dos cámaras estatales aprobaran la formación de comisiones para estudiar los efectos de la emigración ilegal sobre los sistemas educativo, sanitario y legal, entre otros.

Los observadores apuntan la tendencia de los estados en tomar la iniciativa en la lucha contra la emigración ilegal y contra sus efectos dada la "inacción" del gobierno en Washington, atrapado en durísimas batallas políticas intra e interpartidarias que bloquean las propuestas federales, incluida la del último intento de reforma migratoria de George Bush. Según datos del Pew Hispanic Center correspondientes al año pasado, en Estados Unidos vivirían no menos de doce millones de emigrantes ilegales. La mitad de ellos entraron en el país con visados turísticos o permisos provisionales fronterizos pero, a su expiración, no regresaron a sus respectivos lugares de origen. El resto no sólo permanece en el país de forma ilegal sino que ya entró de forma irregular en él, principalmente a través de la frontera con México.

Padres ilegales, hijos legales

Mientras desde los estados y las ciudades se considera que Washington no hace nada por solucionar un problema que no deja de agravarse, las autoridades federales tan sólo han acertado a endurecer su política de registro de empresas en la búsqueda de emigrantes ilegales. En ese sentido se han acometido algunos espectaculares golpes, entre ellos los ‘raids’ llevados a cabo contra seis plantas de procesamiento de carne del gigante alimentario Swift, redadas que concluyeron con la detención de nada menos que 1.300 trabajadores ilegales. Sin embargo, con estas espasmódicas acciones, que muchos califican de simples golpes propagandísticos destinados a llenar titulares periodísticos, comienza a aparecer un nuevo y grave problema social: el de los hijos de los emigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos y, por tanto, ciudadanos estadounidenses.

En Estados Unidos, tener hijos ya dentro del país no garantiza la protección contra la deportación de los padres si estos llegaron de forma ilegal. De hecho, el Congreso aprobó en 1996 una ley por la que sólo se autoriza a un juez que permita la estancia de padres con residencia ilegal en el caso de que el o los hijos vayan a sufrir “excepcionales y extremadamente inusuales dificultades”, lo que, en la práctica, sólo se ha aplicado en el caso de menores con graves enfermedades. Tan sólo en una de las plantas cárnicas de Swift, de los 361 emigrantes ilegales detenidos, al menos 90 ya habían tenido uno o varios hijos dentro de los Estados Unidos, en su mayoría menores aún por completo dependientes de sus progenitores.

"Hijos ancla", "hijos comodín"

Mientras algunos grupos sociales se muestran compasivos por este efecto de la represión sobre la emigración ilegal, otros recuerdan que esas situaciones difíciles de los hijos se deben, precisamente, a las ilegalidades cometidas por los padres. Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, también siente compasión por esos niños pero "no menos" que por otros afectados por los "errores de los padres". “Los chicos pagan a menudo las malas decisiones de sus padres. Si haces algo equivocado que te lleva a la cárcel... bien, tus hijos van a sufrir por ello (...). Los padres sabían lo que estaban haciendo cuando tuvieron hijos aquí, sabiendo que eran todavía emigrantes ilegales”, apunta Krikorian.

En opinión de este experto, es un error dar carta blanca a los jueces para decidir qué emigrante ilegal se queda o no en el país basándose en si tiene o no hijos puesto que tenerlos se termina convirtiendo en una especie de “tarjeta automática para salir de la cárcel”. “En resumidas cuentas, lo que estarías diciendo es que todo emigrante ilegal puede conseguir una estancia permanente tan sólo teniendo un hijo tras cruzar la frontera”, concluye Krikorian. Por si fuera poco, la legislación estadounidense garantiza que, una vez que estos hijos, nacidos en Estados Unidos y, por ello, ciudadanos del país, han alcanzado la mayoría de edad, se pueden convertir en los patrocinadores de sus padres para la residencia legal. Es la figura conocida como la del 'hijo comodín” o 'hijo ancla', la criatura generada para convertirse, desde el principio, en una inversión viviente que se rentabilizará en el futuro con la obtención de un pasaporte fuerte para la parte de la familia que llegó de forma ilegal.