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May 08

Obispos católicos y anglicanos se unen a sindicatos y líderes musulmanes para exigir una "amnistía" masiva de emigrantes ilegales en el Reino Unido

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Mientras Francia aguarda la anunciada mano dura de Sarkozy que le ha llevado al poder machacando la ajada corrección política socialistoide de Royal, en el Reino Unido las cosas ya se mueven en la misma dirección teórica del ya virtual todopoderoso presidente francés. Poco importa que unos sean laboristas y los otros conservadores. Hace ya algún tiempo que el laborismo de Blair tomó al asalto los feudos tradicionales de la derecha, entre ellos, los valores familiares y del orden, los del orgullo nacional frente a las culpabilizaciones internas y externas, y también la emigración ilegal, contra la que prepara un durísimo proyecto de ley que incluye no sólo expulsiones sino la retirada de las prestaciones sociales a los emigrantes irregulares. Sin embargo, a Blair le ha salido una poderosa oposición formada por una multicultural y a veces 'contra natura' coalición de obispos anglicanos y católicos, líderes musulmanes, sindicatos, liberal-demócratas y el inevitable grupillo de actores ‘progresistas’ y cantantes ‘protesta’. Trafalgar Square fue ayer el centro de una concentración bajo el polisémico lema de ‘Strangers into Citizens”, tan polisémico según lo lea creyente, ateo, agnóstico, camarada, compañero, feligrés o sumiso fiel.

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Descrito como uno de los grandes nombres de la canción protesta británica, el adjetivo de ‘progresista’ también se lo autoadjudica a sí mismo Billy Bragg, el cantante folk británico que intervino ayer en la concentración y que aún tiene reciente la publicación de un libro titulado precisamente “El patriota progresista”, inspirado en la humillación que supuso para su progresista orgullo el que la ‘ultraderecha’ del BNP barriera en los últimos comicios en Barking, la mismísima localidad natal de Bragg, y ello a pesar de que, como recuerda su sitio web oficial, el Times le describiera una vez como “un tesoro nacional”.

De 500.000 a 900.000 irregulares

El “tesoro” tomó la palabra tras la marcha junto a otros intervinientes en una sorprendente coalición formada por el máximo representante de la iglesia católica en Inglaterra y Gales, el arzobispo de Westminster y el líder del Consejo Musulmán Británico, que, sin duda, obviaría los durísimos ataques lanzados con anterioridad desde las filas anglicanas contra su religión y sus fieles en general, ataques que fueron secundados incluso por el arzobispo de Canterbury junto a su colega de York y el virulento obispo de Rochester, hijo de musulmán pakistaní converso al cristianismo. Por no hablar de liberal-demócratas compartiendo ‘movilización’ codo con codo con los más recalcitrantes sindicatos británicos del laborismo más ortodoxo.

Básicamente, la campaña de ‘Strangers into Citizens’ propugna una concesión de permisos de trabajo por dos años a los emigrantes irregulares que llevan más de cuatro años en el país, cifra en la que también están includas otras bolsas de ‘sin papeles’, entre ellas, las formadas por solicitantes de asilo que vieron rechazada su petición o la de quienes han agotado ya el tiempo concedido en sus visados. Al final de este periodo de dos años, estos emigrantes irregulares podrían conseguir un permiso de trabajo indefinido siempre que cumplieran determinados requisitos, entre ellos, pasar un examen de inglés y no contar con un historial delictivo. Además, los dos años de permiso temporal de trabajo no supondrían derecho a las prestaciones sociales. Según cifras oficiales, serían aproximadamente unos 500.000 los emigrantes que se encuentran en situación ilegal en el Reino Unido. Las organizaciones activistas de Strangers into Citizens elevan esa cantidad a 900.000.

La "amenaza" de España

Sin embargo, el gobierno de Blair ya ha dejado claro que no atenderá esas peticiones. Lo decía alto y claro el máximo responsable de la inmigración británica, Liam Byrne: “Los obispos y otros están pidiendo una amnistía. Esto dañaría gravemente a nuestro país. Por el momento, las autoridades locales están lidiando con la presión (de los emigrantes) en las escuelas y en los servicios pero si damos luz verde a una inmigración sin precedentes, entonces no serán capaces de manejar la situación”.

De hecho, el proyecto de ley que prepara el gobierno de Blair -con la oposición de unos pocos de sus propios parlamentarios ‘desertores’ de la posición oficial- no sólo contempla expulsiones de inmigrantes ilegales sino la denegación de los servicios públicos a quienes no se encuentren en situación legal en el país. En el gobierno británico el miedo a la emigración se trata como un asunto de seguridad nacional, con el ya explícito precedente de un informe reservado del Home Office al que tuvo acceso la BBC y que no sólo consideraba un grave riesgo la masiva entrada de emigrantes irregulares sino, muy en especial, la “amenaza” representada por la avalancha, sobre todo africana, pero también asiática, que rompe -a veces trágicamente- en las Islas Canarias.

Aquel informe no sólo alertaba sobre la enorme vía abierta en España sino sobre la posibilidad de que, tras los africanos, también los pakistaníes y los srilankeses, pero, sobre todo, los chinos, terminaran percibiendo que se trata de una “ruta segura” de entrada en Europa por la puerta trasera, en especial, hacia el Reino Unido. Este sería el destino natural, cuanto menos, de la mayoría de los emigrantes irregulares de las antiguas colonias británicas y cuyos primeros grandes cargueros ya se han dejado ver por las Canarias con posterioridad al informe, creando unas complejas situaciones de repatriación que ha tenido que terminar resolviendo España entre enormes dificultades diplomáticas y tirando abundantemente de cartera.

Todos menos los delincuentes

Los partidarios del proyecto de regularación británica ponen como ejemplo el proceso similar que Bush intenta sacar adelante en Estados Unidos o el llevado a cabo en España, siendo ambos tan diferentes en relación con su propuesta, dado que, tan sólo respecto a España, la adquisición de derechos sociales es inmediata -con independencia de la legalidad o no de la situación del inmigrante. Además, en España se dieron ‘papeles’ a más de un millón de personas, entre ellas, a muchos delincuentes con decenas de detenciones previas, y que, en algún caso, ya han terminado convertidos en ciudadanos asesinos de pleno derecho, según denuncian los sindicatos policiales españoles, en una situación muy diferente a la del estricto control del historial delictivo del extranjero que incluso los activistas británicos consideran como una de las condiciones necesarias para permitir la permanencia en el país.

Quienes defienden lo que denominan como “a pathway into citizenship” argumentan que se trata de sacar del “limbo” a una población que no puede trabajar de forma legal y, por tanto, tampoco puede pagar impuestos, y aseguran que, en todo caso, esa regularización no sería incompatible con una política de control de fronteras dirigida a que se cumpla la ley en el acceso de los extranjeros. Pero el gobierno británico parece decidido a llevar a cabo ese endurecimiento del acceso desde las mismas fronteras sin necesidad de concesiones con los ilegales que ya se encuentran dentro, rechazando, por el momento, el mismo argumento de negociación en que Bush se encuentra inmerso de lleno en Estados Unidos, con un ala dura republicana que transigiría con permisos temporales de trabajo a cambio de blindar el acceso del país y hacer una pequeña limpia entre los doce millones de irregulares ya dentro de él.

Biometría en las fronteras

Por el momento, las autoridades británicas no sólo están introduciendo los más modernos sistemas de control fronterizo como parte de su programa e-Borders -reconocimientos biométricos incluidos- sino que está exportando tecnología de seguridad y reconocimiento a las autoridades de inmigración de países del Tercer Mundo -el primero, Vietnam- con el fin de que controlen mejor sus salidas y entradas de personas y equipajes. Quizás como símbolo de las insospechadas situaciones que el tsunami inmigratorio está creando en Europa, precisamente el Home Office estudia en estos momentos qué hacer con los seis argelinos recogidos por un crucero británico mientras se dirigían hacia las Islas Baleares en un intento de desembarco ilegal. Los por el momento frustrados emigrantes irregulares terminaron desembarcados en Gibraltar por el crucero de lujo mientras un séptimo navegante moría en un hospital español tras un viaje que terminó para él en algo más que en el fracaso de su plan inmigratorio.