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May 14

Desafío de las pequeñas ciudades a Washington: Famers Branch se convierte en la primera localidad de Estados Unidos en prohibir el alquiler de viviendas a emigrantes ilegales

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El resultado de la votación ha sido recibido con furia entre los grupos de ‘recuperación’ de la tierra ‘robada’ a México. El movimiento Aztlan califica de “electorado racista” al 68 por ciento de la población de la ciudad satélite de Dallas que ha aprobado la primera ordenanza municipal de Estados Unidos por la que se prohíbe el alquiler de casas o apartamentos a emigrantes ilegales, con unas pocas y limitadas excepciones. El movimiento Aztlan ha estado clamando abiertamente por la recuperación, por la vía de los hechos consumados de la inundación inmigratoria, de toda la zona sur de Estados Unidos, que considera “usurpada” a México.

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Es sólo una de las pinzas de la tenaza. La otra está formada por grupos activistas de ‘derechos civiles’ que se han puesto del lado de los emigrantes ilegales y han lanzado una oleada de demandas contra las localidades que se han atrevido a esbozar legislaciones como la ya aprobada en Farmers Branch. Tan sólo esta localidad texana se enfrenta a cuatro demandas federales, entre las interpuestas por activistas y hasta por empresas inmobiliarias. Los observadores apuntan a que es muy difícil que una ordenanza municipal de este tipo sobreviva al acoso de las delicadas jurisprudencias constitucionales presentadas en las acciones ante los tribunales pero, sobre todo, a la imposibilidad de sostener con sus limitados recursos municipales el ataque de tantos retos legales lanzados por los bien financiados grupos activistas.

Noventa normativas similares en todo el país

Aunque Farmers Branch ha sido la primera localidad en sancionar la normativa, noventa consejos locales en Estados Unidos han aprobado ya medidas similares, consejos locales en su inmensa mayoría pertenecientes a pequeñas localidades inundadas por un auténtico aluvión inmigratorio ilegal de masivo origen hispanoamericano y, muy especialmente, mexicano. La propia Farmers Branch era hasta hace escasamente tres décadas un apacible pequeño suburbio residencial de clase media en las afueras de Dallas. Sin embargo, en estos momentos, la localidad cuenta ya con 28.000 habitantes, un 37 por ciento de ellos de origen latino, según el censo.

En la votación celebrada el sábado pasado, casi un setenta por ciento del electorado de Farmers Branch se pronunció en favor de una normativa que, sin embargo, fue suavizada el pasado mes de enero respecto al proyecto aprobado a finales de 2006. En ese primer proyecto se prohibía por completo el alquiler de residencias a emigrantes irregulares, fuera cual fuera su situación personal. En medio de graves enfrentamientos entre vecinos y una enorme polémica que llevó a Farmers Branch a grupos activistas de todo tipo -incluyendo a You don’t speak for me, formado por hispanos que se oponen furibundamente a la emigración ilegal-, el proyecto original fue suavizado en la mayor parte de su articulado.

Agentes federales controlaron la votación

Entre las habituales ‘performances’ de grupos activistas y las protestas de las empresas inmobiliarias -que, de cara a la galería, lamentan el que se les convierta en agentes de inmigración pero que, por dentro, rumían la pérdida de un lucrativo nicho de negocio-, los observadores consideran mucho más importante el ‘mensaje’ que se envía a Washington que la supervivencia de una norma que, probablemente, no resistirá demasiado ante el ataque combinado de decenas de abogados. Legales o ilegales, los inmigrantes alquilan casas, compran ropa y comen en restaurantes pero también ocupan plazas en los colegios y su presencia es masiva en un sistema asistencial público al borde del colapso, según denuncian las autoridades de Farmers Branch.

No reconocida ante los micrófonos por temor al efecto contagio y a la concesión del temido estatus de ‘problema oficial’, en Washington se está otorgando una enorme importancia a estos pulsos que comienzan a plantearse desde pequeñas localidades en todo el país, con especial incidencia en el ‘caliente’ sur de la frontera mexicana pero también en los suburbios de las grandes ciudades, donde no deja de romper el ‘tsunami’ inmigratorio. De hecho, la votación de Farmers Branch fue monitorizada por agentes federales enviados por el Departamento de Justicia, quienes velaron por que el inquietante resultado que ya se presumía fuera, al menos, oficialmente válido y significativo, una vez presentado el desafío a las autoridades del lejano Washington.

En este sentido, tanto los observadores como el propio alcalde de Farmers Branch destacan que, siendo muy importante el desafío lanzado, lo es mucho más el ‘mensaje’ que se envía a Washington en el sentido de que, o bien llegan a algún tipo de acuerdo en torno a la emigración ilegal, o bien las ciudades comenzarán a tomarse la justicia por su mano en forma de ordenanzas municipales que busquen su hueco entre la potestad de las leyes federales, a cuya competencia corresponde la regulación migratoria.

Fuerte "frustración" en la población

Estableciendo fuertes multas para quienes contravengan la nueva normativa municipal, el texto aprobado el sábado pasado prohíbe, en efecto, el alquiler de residencias a todas las personas que no puedan demostrar documentalmente ciudadanía estadounidense o residencia legal pero introduce algunas excepciones a la norma general. Por ejemplo, ni menores de edad ni mayores de 62 años estarán afectados por la normativa, ni tampoco las familias que incluyan a la vez a miembros con documentos legales e ilegales. Sin embargo, más allá de los datos concretos sobre la regulación municipal de Farmers Branch o sobre el pulso planteado a Washington, la enorme polémica levantada en torno al caso no hace más que demostrar cómo los ánimos están muy calientes en ambas posiciones sobre el problema.

“Lo que más me sorprende es el nivel de emoción, el nivel de frustración en torno al tema de la inmigración en su conjunto”, declaraba un profesor de ciencia política de Southern Methodist University. Mientras lobbies de todo tipo y grupos políticos partidistas e intrapartidistas luchan en la capital federal por la imposición de sus propios criterios derivados de sus contrapuestos intereses, en la América de la calle el nivel de debate sube a cada día de pasa en torno a una situación que se hace insostenible por momentos, muy lejos de los pulsos de poder que se desarrollan en un Washington donde todo es mucho más complicado que la difícil experiencia directa de los ciudadanos estadounidenses -y de los propios inmigrantes- en sus vidas cotidianas.