Al Reino Unido se le acumulan las crisis provocadas por la delincuencia en varias de sus más conflictivas e impermeables comunidades de emigrantes. Hasta el siempre moderado y políticamente correcto Times de Londres denunciaba hace días la creciente y alarmante cantidad de adolescentes blancas seducidas por “asiáticos” adultos para sus 'harenes' sexuales, entre protestas de los lectores por el continuado uso de un eufemismo que, en el Reino Unido, equivale a “pakistaní”. En paralelo, la policía ha puesto en marcha un plan para destinar policías negros a los barrios donde la conflictividad entre hijos de emigrantes de esa raza está derivando en una incontrolable oleada de asesinatos -diecisiete, sólo en Londres en lo que va de año, y un niño de 11 años asesinado a tiros esta misma noche en Liverpool- que ha disparado la venta de chalecos blindados, con los que muchos niños y niñas ya acuden al colegio. Y en esa presión constante -agravada por los periódicos coletazos más o menos violentos del islamismo radical- estallaba esta semana el ‘caso Chindamo’, un nuevo escándalo que ha reforzado la extendida percepción entre la clase media británica de que los "derechos humanos" de los criminales emigrantes valen más que los de la población nativa que cumple con la ley y con la hacienda pública, percepción, por otra parte, compartida por los sindicatos policiales y por el propio ejecutivo de Londres. Mientras, día a día, crece una 'cultura del resentimiento' que ahonda los odios y los agravios comparativos respecto a la impunidad, hiperprotección y abiertos privilegios de muchos de los 'nuevos británicos', incluyendo a los más salvajes criminales de entre sus respectivas comunidades.
Learco Chindamo -de nacionalidad italiana, y con madre filipina y padre italiano- se convirtió en 1995 en el símbolo de la emigración más problemática que ya entonces había llevado el caos a unos colegios por completo fuera de control. La situación no hizo sino degenerar hasta que los centros docentes del país tuvieron que ser cerrados durante una semana en 2000 en medio de una incontralable oleada de criminalidad y tensiones raciales en las aulas. Ahora, el caso resucitado de Chindamo traslada la sensación a los ciudadanos nativos británicos -y al propio gobierno laborista, donde crece la alarma por días- de que las leyes de derechos humanos y de asilo se alían para proteger de forma masiva e incontestable a terroristas y asesinos extranjeros, una sensación que ya fue dramáticamente denunciada en el denominado 'Miércoles Negro' de abril del año pasado, cuando más de mil delincuentes y criminales forasteros que debían haber sido deportados fueron, sin embargo, puestos en libertad tras el estrepitoso fracaso de un sistema penitenciario británico colapsado por los internos foráneos.
En este contexto, una creciente parte de la población británica ya ha arrojado la toalla, ha declarado a su país prácticamente inhabitable, y ha preferido marcharse del Reino Unido, hacia zonas donde el sol y una menor criminalidad les haga olvidar lo inhóspito de sus ciudades de nacimiento y residencia, en un fenómeno de ‘white flight’ o ‘huída de los blancos’, bien detectado ya incluso por algunos de los más potentes 'think tanks' progresistas del país, y similar al que vació de blancos de clase media los centros de las grandes ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado.
Padre asesino en España, hijo asesino en el Reino Unido
Residente en Londres desde la niñez, a donde se trasladó con su madre y sus hermanos desde Filipinas tras romperse el matrimonio, Chindamo tenía 15 años cuando asesinó a puñaladas a Philip Lawrence, el respetado director de un colegio católico londinense que intentaba proteger a uno de sus alumnos de la agresión de la banda de aquel. Decenas de pandilleros filipinos o de ese origen étnico pretendían por entonces crear una red criminal juvenil que tomaba como soñado objetivo remedar en el Reino Unido a las violentas tríadas del este y sudeste asiático. A Chindamo no le debía faltar ni inspiración ni genética. Su padre, Massimo Giuseppe Chindamo, es un conocido jefe de la mafia -reiteradamente condenado por agresiones, extorsiones y posesión de armas de fuego- que el año pasado alcanzó notoriedad en España por asesinar a puñaladas a su novia venezolana en la isla de Gran Canaria -a donde el italiano había llegado huyendo de la justicia de su país-, y que ahora espera juicio en cárceles españolas.
Casi nadie relacionó en España a Chindamo padre con Chindamo hijo dado que el caso de este último es prácticamente desconocido entre la opinión pública española. Tampoco se había sabido hasta hace unos días cómo Chindamo padre -entonces recluído en una prisión de Roma- había escrito decenas de cartas a su hijo -ya internado en una cárcel británica- declarándole su vástago preferido. De hecho, al ser detenido tras coser a puñaladas a su compañera, Chindamo padre decía que "Learco es como yo, tiene valor". Años antes, en 1996, Chindamo, el "hijo favorito", había sido condenado a cadena perpetua, con un cumplimiento mínimo de doce años en prisión y con un plazo que, por tanto, vencerá en 2008, dentro de unos pocos meses. Ante la muy probable perspectiva de la concesión de la libertad condicional, y en un caso excepcionalmente sensible para la opinión pública brítánica, el gobierno del país ya había anunciado su intención de deportarle a Italia, una vez fuera de las rejas domésticas mucho antes de la cadena perpetua a la que fue condenado. Pero la 'drástica' reducción de condena no era el fin sino el principio del 'agravio Chindamo'.
Los abogados del joven apelaron en los tribunales la deportación, y, bajo la Human Rights Act británica, argumentaron que la expulsión representaría una gravísima violación de los "derechos humanos" de su cliente. La High Court británica, uno de los dos tribunales que conforman el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, les dio la razón. Los magistrados sentenciaron que la deportación de Chindamo, hoy con 26 años, sería una intolerable y "desproporcionada" quiebra de su derecho a disfrutar de su familia, puesto que ambos -Chindamo y su familia- se verían forzados a la residencia en un país como Italia, en el que no tienen raíces y del que no conocen el idioma. Además, el Tribunal no veía suficientemente claro que Chindamo representara ahora "una amenaza presente y suficientemente grave" como para expulsarle. A las leyes de derechos humanos y de asilo manejadas por el alto tribunal se unían las internas de la Unión Europea, que prohíben la deportación entre países miembros a menos que el potencial deportado represente una amenaza grave para la salud o seguridad del país de la Unión en el que se encuentra.
Tensión popular y periodística contra los "profesionales de los derechos humanos"
De forma inmediata, tanto la familia del docente asesinado, como destacados miembros del gobierno -que ha anunciado, a través del Home Office, recursos con toda la potencia que les permita la ley-, pasando por una opinión pública que ve con estupor un caso que, además, puede sentar jurisprudencia respecto a los expedientes de cientos de criminales extranjeros en situaciones penales similares, todos se lamentaban de cómo, "de nuevo", los "derechos humanos" de los criminales prevalecían sobre lo demás. La cuestión es qué es 'lo demás". La prensa se dividía, con unos periódicos populares fustigando sin piedad no sólo al 'sistema' sino también al tribunal que ha emitido la sentencia, presidido por un descrito como "activista de los derechos humanos", y todo ello en un extremadamente agrio contexto donde la expresión "derechos humanos" va tomando caracteres cada vez más peyorativos y rencorosos, en especial cuando se refiere a extranjeros, y más en concreto, respecto a las zonas más gravemente problemáticas de la inmigración.
En otros grandes medios, como en el Guardian, Katie Ghose, directora del British Institute of Human Rights, se manifestaba, en agresivo contraataque, en contra de "la histeria" creada en torno al caso, mientras los lectores, en el foro del mismo diario que publicaba el artículo, se abandonaban a amargas recriminaciones contra lo que un participante calificaba de "profesionales de los derechos humanos". Otras articulistas, como la columnista Alice Miles, también se declaraba "orgullosa" de que Chindamo se quede en el Reino Unido porque "el veredicto (de la High Court) lleva la marca de una sociedad civilizada". Tampoco los lectores del Times, en principio lejanos ideológicamente de los del Guardian, entendían bien tanta delicada consideración hacia los "derechos" del asesino. El Independent también se ponía del lado de la sentencia y, en un editorial de ayer mismo, defendía cómo el Reino Unido tiene la obligación de garantizar a Chindamo su derecho a vivir como un hombre rehabilitado, por mucho que la viuda del director asesinado admita, entre lágrimas, que no sabe si podrá soportar tanta humillación derivada de unas leyes "que trabajan a favor de los criminales".
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