Mientras en España, el timorato discurso políticamente correcto de los políticos sobre inmigración da la espalda a la tensión de la calle, que se encuentra muy alejada en sus problemas cotidianos de la “fusión” y el “mestizaje” que “enriquecen las culturas” o se muestra escéptica con que “los conflictos de convivencia (con los inmigrantes) también se pueden producir igualmente entre la población autóctona”, en el Reino Unido, por el contrario, las declaraciones de altos responsables inmigratorios y policiales británicos están alcanzando una crudeza que asombra al ser contagiada a los medios de comunicación de referencia. “Demasiado tarde para decir la verdad sobre la inmigración”, titulaba una columnista del Sunday Times este fin de semana pasado un extraordinariamente duro artículo en el que alababa “el coraje” de algunos altos mandos de la policía que han comenzado “a decir la verdad, incluso cuando ésta es obvia”. Fuerte incremento de los accidentes de tráfico por conductores borrachos, delitos armados contra la propiedad o de índole sexual, y redes criminales de todo tipo y condición desfilan en tensas declaraciones a los medios y contra la clase política “aislada en Londres” que poco o nada sabe -o quiere saber- sobre la situación real del país.

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“En nuestro represivo mundo de criminalización del pensamiento y de declaraciones culpables, supone un gran coraje decir la verdad, incluso cuando ésta es obvia. Afortunadamente hay algunas pocas y valientes personas preparadas para hacerlo, y Julie Spece, la jefa de policía del condado de Cambridge, es una de ellas. La semana pasada dijo lo que no se puede decir, y apuntó que la gran cantidad de inmigrantes recientes está causando graves problemas en su ámbito territorial”, escribía, en la edición dominical del Times de Londres, la columnista, escritora y periodista, Minette Marrin. “Es perfectamente obvio que el multiculturalismo corta los lazos que ata; demasiada diversidad significa insuficiente solidaridad y una sociedad rota, como hemos visto y como seguiremos viendo”, añadía Marrin.

Inmigrantes: "Gente armada y conductores borrachos"

¿Pero qué dijo Julie Spence y qué han dicho después otros altos jefes policiales e inmigratorios? Como señalan otros artículos en diarios de referencia, como el Telegraph en un editorial, mientras el gobierno laborista “niega” los problemas en vez de “ser receptivo respecto a ellos”, la jefa de policía del condado de Cambridge denunciaba la enorme presión que la emigración “descontrolada”, principalmente procedente de la Europa del Este, está poniendo en los servicios públicos, muy especialmente, y en lo que a ella toca, en los de seguridad. Spence dijo que los inmigrantes llegan con “diferentes estándares” de comportamiento, entre los que destacó la costumbre de ir armados con cuchillos o la de conducir borrachos, lo que ha provocado que las detenciones de extranjeros en su territorio se multiplicaran por 17 en tan sólo un año, sin contar el incremento de fenómenos como la prostitución y otros asociados a la violencia de baja o alta intensidad.

Tras constatar cómo "cuando (los inmigrantes) llegan, se creen que pueden hacer lo mismo que en los países de donde vienen", Spence pedía a los políticos “aislados en Londres” más recursos. Después, en infalible degeneración del debate, llegaron las acusaciones de "racismo". La defensa -anónima- de algunos compañeros policiales que exclamaban cómo "ella no ha dicho nada racista" sólo ampliaba el otro debate de fondo, el del "multiculturalismo", con insospechados y repentinos frentes abiertos. Nada menos que la Comisión para la Igualdad Racial británica, habitualmente siempre situada en el lado de las “minorías marginadas y discriminadas”, reconocía en su último informe cómo tres décadas de “multiculturalismo” están llevando a la “fractura” del Reino Unido, con graves signos de “extremismos” creciendo en diferentes grupos tras las murallas étnicas, fenómenos que el organismo también relacionaba con “la desigualdad, la exclusión y el aislamiento” que provocan un incremento de la “segregación” en los ámbitos residenciales, sociales y laborales. Sin embargo, en las alturas policiales y político-inmigratorias no estaban para autoculpabilizaciones ni para desviar la carga de la responsabilidad en la sociedad británica y, mucho menos, en sus equipos de seguridad o de inmigración.

"Que paguen los servicios que reciben"

De hecho, el nuevo responsable de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos -uno más de los muchos organismos de altisonantes y bienintencionados nombres pero de escasa o nula efectividad en la consecución de la armonía social- se inauguraba a sí mismo exigiendo nada menos que los inmigrantes “paguen por algunos servicios”, entre ellos, la sanidad, la educación o la propia asistencia social que reciben de forma masiva pero cuya financiación recae sobre las espaldas de la población general británica. En una intervención relacionada de forma inmediata con la de Spence, Trevor Phillips atacó a los inmigrantes “que virtualmente viajan permanentemente (al Reino Unido) desde Varsovia o Eslovenia” y que “ponen sobre presión a las infraestructuras” asistenciales del país. Por ello, Phillips exigía que los “inmigrantes económicos de ida y vuelta” o sus empleadores paguen “por los seguros sociales, por ejemplo”, ya que ahora reciben abundantes prestaciones en forma de créditos fiscales, casas sociales y beneficios para los hijos tras un año de empleo en el país.

Informaciones, crónicas y artículos destacan, asombrados, cómo el Reino Unido ha recibido un millón de inmigrantes irregulares en la última década, quizás ignorando las cifras del caso de España, que ha visto llegar a, al menos, el triple en menos de la mitad de tiempo. Las últimas y muy recientes cifras oficiales sobre delincuencia –hechas públicas esta misma semana- apuntan a que los extranjeros cometen “uno de cada cinco delitos en Londres”, en una lista encabezada por polacos, y seguidos por jamaicanos, irlandeses, somalíes, rumanos, nigerianos, lituanos, indios, turcos y pakistaníes. Varias procedencias nacionales ocultan los orígenes étnicos de quienes cometen los delitos. En este sentido, las informaciones destacan el desbocado incremento de la delincuencia de los rumanos (un apabullante 705 por ciento en el último semestre respecto al mismo periodo del año anterior), en cifras que los medios han comenzado a relacionar con el libre y masivo tráfico de gitanos tras la incorporación del Rumanía a la Unión Europea, y cuyos graves problemas de convivencia con la población local también destacan ya los medios del país sin demasiados tapujos.

Tráfico sexual de mujeres y niños... y más conductores borrachos

Sin embargo, el goteo de denuncias de altos responsables inmigratorios y de seguridad arreciaba cuando el pasado lunes, otro alto jefe policial se refería sin ningún tipo de eufemismos, a “la actitud de los conductores del Este de Europa”, -“no es tan educada como la nuestra”- y atacaba la costumbre de los nuevos inmigrantes de “conducir bebidos”, lo que está provocando un fuerte incremento en “el número de colisiones con muertes o heridos graves”. Y, por si falta alguna fórmula en la ofensiva de la ecuación inmigración ilegal/criminalidad, Jacqui Smith, la responsable de interior del gobierno de Londres, ordenaba una fuerte ofensiva sobre el tráfico humano de niños y mujeres -en especial, procedentes de la Europa Oriental-, que se desvían al comercio sexual en la que es calificada como “la forma de delincuencia organizada de mayor crecimiento en el Reino Unido”. Una vez más, las informaciones volvía a incidir en la ‘salida del armario’ de Julie Spence y en su duro ataque contra los “políticos aislados de Londres”.