La emigración no deber ser vista “sólo” como un problema decía, aceptando implícitamente la ecuación maldita y acallada, el recién (re)elegido José Luis Rodríguez Zapatero. En su discurso de investidura, el presidente del gobierno español ponía la música, y su nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, la letra. “Habrá que intensificar las repatriaciones”, era lo primero que declaraba Celestino Corbacho, aún caliente el cadáver político de su antecesor Caldera. Además, “hay que dejar muy claro que las normas no las pone el último que se empadrona”. En pocas palabras, España seguirá pagando -cada vez más- para que sus inmigrantes se vayan. El problema para el gobierno español es que no se van, no regresan a sus países. Y si se van, se gastan el dinero recibido del Estado español, y retornan a España. Y, mientras, la Europa Oriental, en pleno crecimiento, se ve obligada a contratar a decenas de miles de trabajadores extranjeros, lejos, muy lejos, y a traerlos cerca, muy cerca, a una Europa donde parece que demasiados sobran en el lugar que están, y nadie está en el lugar en el que se le necesita.

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Bulgaria ha anunciado la contratación de un primer contingente de nada menos que 20.000 trabajadores vietnamitas. Con sus albañiles trabajando masivamente en la Europa Occidental, el gobierno de Sofía se ve obligado a viajar al sudeste asiático para cubrir la demanda de mano de obra de los empresarios locales de la construcción. Es sólo un ejemplo. De hecho, es sólo un viaje de la diplomacia búlgara a un solo país, en busca desesperada de mano de obra. Mientras tanto, las autoridades rumanas también buscan trabajadores. Y, a diferencia de los búlgaros, lo hacen entre sus propios compatriotas en España, por ver si les tienta el regreso, pregonando que las cosas han cambiado mucho en Rumanía desde que se fueron. "Si tenemos déficit de fuerza de trabajo es preferible conseguir que los rumanos vuelvan a casa, antes que traer mano de obra de Asia, África u otras partes", declaraba el ministro rumano de Trabajo, Paul Pacuraru. No hace ni año y medio que el propio presidente rumano, Calin Tariceanu, intentaba tranquilizar la enorme inquietud que la avalancha de emigración del Este estaba causando en el Reino Unido (ND). “Los emigrantes rumanos con altos niveles de educación irán al Reino Unido; los más pobres y menos escolarizados, a Italia y España”, declaraba Tariceanu al Financial Times (ND). Medio millón de estos últimos se encuentra ya en el paraíso español de la baja cualificación inmigratoria. Obviamente, sin ninguna intención de regresar con Tariceanu.

Eutanasia a la contratación en origen

Mientras tanto, mientras la Europa Oriental intenta fomentar el regreso de sus emigrantes, en un fenómeno débilmente replicado por varios países sudamericanos que intentan mantener un perfil de dignidad ante la estampida de sus ciudadanos huyendo de los mismos iluminados y arrogantes populistas que eligieron para gobernarles, en España se encuentra la otra parte del drama. No es sólo que se endurezcan las fronteras hasta una situación que ha provocado graves problemas diplomáticos con media América Latina. Y no es sólo que se anuncien más y recrudecidas cuotas de expulsiones. Es que, además, se va a aplicar la eutanasia a la única vía de inmigración controlada y legal que existía en España. “Hay que revisar la contratación de inmigrantes en el extranjero”, decía el nuevo ministro español de Inmigración. ¿Y qué significa “revisar”? Revisar significa liquidar más entradas de inmigrantes, incluso los legales contratados en origen, “porque lo único que estarías haciendo (perpetuando la contratación en el extranjero) sería mantener el contingente de parados aquí e, incluso, parte de los inmigrantes que trajeras acabarían incrementándolo”.

O, sea, la emigración no es “sólo” un problema; es, de hecho, 'un problema', quizás, 'el problema' para un Partido Socialista Obrero Español que ha comprobado la sangría de votos de las clases obreras, que son quienes, en realidad, sufren en primera línea los efectos del caos inmigratorio, y el rencor, siempre en silencio, de las políticas de discriminación positiva aplicadas a los recién llegados. Ahora, el gobierno español se encuentra con una explosiva situación, agravada por la necesidad de recolocar a cientos de miles de extranjeros que, con los enormes gastos correspondientes al intento de ‘rediseño’ a través de políticas dirigistas y con un sector inmobiliario desplomado que va arrastrando en su caída a una larga cola de sectores dependientes, simplemente ya no son necesarios donde estaban. Ni, probablemente, tampoco donde no estaban.

Sindicatos: los jóvenes españoles, los más perjudicados

La obsesión del gobierno de Madrid ya no es cómo aliar civilizaciones, sino cómo devolver a sus emigrantes de vuelta para que se alíen en el amor universal desde sus propios países y, si es posible, con los menores gastos posibles a los presupuestos generales del Estado español. Zapatero intentaba tranquilizar a los españoles afirmando su voluntad de que, en el futuro, no les faltarán los servicios sociales que, sin embargo, ya les faltan como consecuencia de una emigración salvaje que sólo enriqueció a unos pocos, muy pocos. De nuevo, el recién llegado ministro de Inmigración era más claro en la letra: “Un colectivo extranjero no puede poner en riesgo los derechos que tiene como ciudadano. Nadie puede dejar de percibir un derecho por haber llegado un importante contingente de extranjeros”. Antes, hace meses, casi hace unas pocas semanas, una opinión así sería simplemente ‘fascista’, ‘xenófoba’, ‘incitadora al odio de los extranjeros’ o cualquiera de las frases hechas con que se han desecho los próceres ‘progresistas’. Ahora, pronunciarlas es ser de izquierdas porque “la izquierda no debe renunciar a gestionar y ordenar la emigración”.

Tradicionales e irresponsables aliados de los ‘papeles para todos’ y la ‘antixenofobia’ de circo demagógico subvencionado con el dinero de los xenófobos que sólo piden una beca de comedor o una plaza en una guardería pública como las preferencialmente concendidas a quienes acaban de llegar legal o ilegalmente, los sindicatos españoles también reconocen ahora de forma abierta que serán los propios jóvenes españoles con baja cualificación profesional quienes saldrán más perjudicados de la crisis, con unos inmigrantes que siempre van a resistir más que el vecino -y, sobre todo, mucho más que el vecino español- ante la disyuntiva de regresar a una situación en sus países que es peor a la peor de las situaciones previsibles que puedan afrontar en España.

Peor en España, mejor que en sus países

Hace unas pocas semanas, una joven inmigrante -ilegal- paraguaya le contaba a este periodista cómo ella, ganando 500 euros mensuales al mes por cuidar a una anciana, se embolsaba más dinero que una doctora en su país haciendo doble turno. Y, además, tenía cubierta manutención y alojamiento. En un par de años, incluso a ese ritmo, podrá comprarse casa y coche propios en Paraguay. Si permanece más tiempo, comenzará a comprar “tierras”, como han hecho algunas de sus compatriotas con quienes sale los domingos por la tarde. Y todo ello enviando simultáneamente dinero para mantener a sus dos hijos, que han permanecido en el país sudamericano, y a la familia directa que los cuida. Incluso si baja la remuneración, el ritmo de adquisición de capital se ralentizará, pero cada semana en España seguirá equivaliendo a meses en su país, de donde salió como una ‘turista’ que nunca aprovechó el bono de hotel en Madrid que la abrieron las puertas de España de par en par.

Pero el problema no es que un mal trabajo y un mal sueldo en España sean mucho mejor que un buen sueldo y un buen trabajo en los países de origen. Además, se encuentra la calidad de la estancia en España que, por mucho que se deteriore, siempre será preferible al regreso. Y en esas condiciones, con una sólida pirámide de derechos, prestaciones básicas gratuitas e, incluso, discriminaciones positivas a su favor, no piensan en regresar. Es más, incluso en el caso de que existiera la posibilidad de hacerlo en condiciones ventajosas, sus organizaciones -en algunos casos, auténticos grupos de presión- ya enseñan los dientes, en inequívoco indicio que ni se lo van a poner fácil a España, ni le resultará barato a los españoles. Con miles de inmigrantes extranjeros que, tras unos muy pocos años de trabajo, a veces no más allá de un par de ellos, se ven beneficiados de lleno de las muy generosas prestaciones españolas al desempleo, el presidente Zapatero anunciaba la posibilidad de abonar éstas en un solo pago o conceder “microcréditos” -en la práctica, regalos de dinero- a los inmigrantes que decidieran regresar a sus países de origen, todo con el deseo de ‘aligerar carga’, entre tanta bella palabra sobre cómo son necesarios para España y toda la demás hojarasca para pánfilos con que desea camuflar su nuevo y contundente mensaje.

¿Regresar? Depende de cuánto dé España

Pero esas políticas ya han fracasado con anterioridad de forma no menos contundente, por ejemplo, en el caso de los incentivos en dinero contante y sonante con que se intentó reanimar al regreso a peruanos. Pero, en total, para todos los programas de incentivación de retornos con un buen talón español dulcificando las despedidas, sólo 3.700 inmigrantes han regresado entre 2003 y junio de 2007, según datos oficiales. Y ello, sin contar los que, después de gastarse el dinero en sus países, han regresado de nuevo a España. Lo reconocen las propias organizaciones de inmigrantes que, además, añaden nuevas y férreas condiciones en el pulso. Por ejemplo, la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, bautizada, por otra parte, con el provocador nombre de uno de los líderes indígenas que con mayor crueldad masacró a los colonizadores españoles.

“Habría que aclarar hasta dónde van a llegar los microcréditos, porque de esa cantidad depende que el inmigrante retornado pueda o no montar un negocio en Ecuador y rehacer su vida”, dicen los ecuatorianos. “El retorno sigue sin ser atractivo porque las condiciones de vida en Colombia apenas han cambiado y están lejos del grado de bienestar que pueden disfrutar en España”, reconocen y avisan los colombianos. “Dudo mucho que a los marroquíes les interese este retorno voluntario. Además, van a hacer falta muchos inmigrantes en cuanto se ponga en marcha la Ley de Dependencia”, advierten los marroquíes, intentando encontrar improbables nichos alternativos a la construcción o la agricultura en un país donde pocos nichos alternativos quedarán los próximos años, derrumbados como los Budas afganos en sus propias hornacinas por los cañonazos de los talibanes de los papeles para todos y las fronteras abiertas de par en par, y sin que las amenazas de "incrementar las repatriaciones" sean más que una débil musiquilla que nadie se cree mientras se desvanece.