Fue declarada ‘Ciudad Refugio’ en los años 80 del siglo pasado, aún con los últimos hippies flotando entre nubes verdosas su sueño del Flower Power. Refugio para inmigrantes ilegales que debían sentirse allí protegidos, lejos de las ‘totalitarias’ autoridades federales de inmigración, y refugio para inmigrantes ilegales criminales que, así mismo, debían encontrar en la tolerante ciudad comprensión, rehabilitación, el futuro de derechos civiles que exudaba Berkeley entre miles de gays en 'shorts' y la Beat Generation desayunando desnudos el budismo ahora reencarnado en la corporación salvaje de la cercana Google. Pero la ‘Ciudad Refugio’ rememora el Summer of Love de 1967 con el Verano de la Guerra de 2008. Un inmigrante ilegal salvadoreño, reputado y reincidente delincuente impune además de miembro de la Mara Salvatrucha, descargaba su AK 47 sobre un padre y sus dos hijos que le molestaban con su coche el giro en una calle. San Francisco despierta de su sueño de 'progresismo' con un pequeño Irak garantista extremadamente caro, cruel e ineficaz sufragado por unos contribuyentes que primero pagan y después caen abatidos por las armas de asalto de sus únicos beneficiarios.

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Precisamente en Berkeley se entregaba esta semana el sospechoso de tirotear a cuatro personas en la localidad famosa por su progresista universidad. Nada importante. El de Gabriel Alejo, de 18 años, no es más que otro caso entre otros cientos o miles donde los nombres y apellidos latinos siempre aparecen asociados a la criminalidad más brutal. Mucha más polémica estaba causando estos días en San Francisco la oleada de huidas protagonizadas por jóvenes inmigrantes ilegales que habían decidido aprovechar que los centros de rehabilitación y retención fundados y financiados por la ciudad no tenían llave ni vigilancia. El ‘régimen abierto’ de detención, y los planes de asistencia y rehabilitación de peligrosísimos pandilleros, cuestan a la ciudad 7.000 dólares al mes por cada interno, que ahora son casi todos ‘externos’ después de que supieran que sus casos iban a pasar a control federal.

Pies, para qué os queremos

La normativa de ‘Ciudad Refugio’ o ‘Ciudad Santuario’ impuesta a finales de los años 80 impedía que las autoridades locales informaran a las federales sobre las violaciones en los estatus inmigratorios, de forma que, en la práctica, era la propia ciudad la que ‘blindaba’ a los ilegales de ser deportados. Pero recientemente, los actuales regidores de la ciudad derogaron esta normativa después de que el San Francisco Chronicle desvelara que la propia ciudad había venido organizando vuelos de deportación por su cuenta, sin conocimiento de las autoridades federales.

Los federales pusieron el grito en el cielo y exigieron jurisdicción sobre las deportaciones además de acceso a los datos inmigratorios de los detenidos. Pero la ciudad estableció entonces centros de retención donde los jóvenes inmigrantes ilegales delincuentes eran agrupados. De estos centros, que no son considerados prisiones y, por tanto, no están cerrados, se están escapando en los últimos días muchos de los retenidos en un lento goteo después de que se haya extendido que la paciencia del alcalde Gavin Newsom ha comenzado a agotarse, y que, a partir de ahora, los detenidos y condenados pasarán a control federal, donde, ahí sí, la suerte está echada para ellos lejos de la benefactora protección de la ciudad tolerante.

Un inmigrante ilegal protegido y su AK 47

En medio de este tira y afloja entre las autoridades locales de San Francisco y las federales, ocurrió el hecho que se ha convertido en el revulsivo para el fin de una época, con las estremecedoras imágenes de una madre llorando fuera de control en las televisiones el asesinato de su marido y de sus dos hijos en un incidente sin importancia de tráfico, y a manos de inmigrantes ilegales delincuentes, repetidamente impunes, que siempre pudieron sortear la acción de las leyes penales tanto como de los reglamentos inmigratorios, acogidos al cálido abrazo protector de una ciudad que les cuidaba de la crueldad ‘fascista’ de Washington y sus implacables agentes de inmigración.

El pasado 22 de junio, Anthony Bologna, supervisor de una tienda de alimentación, y sus dos hijos, Michael, de 20 años, y Matthew, de 16, se quedaron atascados con su vehículo en medio de una intersección. Aprisionados entre el vehículo de adelante y el de atrás, padre e hijos no tenían muchas opciones para despejar el camino según le exigían los tres individuos, con aspecto de hispanos, que primero les gritaron y después pasaron a palabras mayores. Tan mayores con para ser barridos a bocajarro por las ráfagas de los 600 disparos por minuto de los que es capaz un rifle de asalto AK 47. Uno de los hijos y el padre murieron allí mismo, dentro del coche, literalmente acribillados. El otro lo hizo poco después, en el hospital, baja de un ataque con arma de guerra en una calle de la benéfica San Francisco.

"Incompetencia y gazmoñería"

Esta semana, el salvadoreño Edwin Ramos, de 21 años, se declaraba ante la juez ‘no culpable’ de los asesinatos. Pero el escándalo iba a estallar cuando revelaciones periodísticas señalaban que Ramos era un inmigrante ilegal cuyo estatus inmigratorio no había sido comunicado a las autoridades federales debido a la política de ‘Ciudad Refugio’. Por si fuera poco, Ramos, crecido por su abuela en El Salvador y miembro de la letal Mara Salvatrucha, ya había sido detenido varias veces desde los 17 años bajo cargos relacionados con su condición de pandillero armado. Los servicios de asistencia social de la ciudad habían realizado todo tipo de bienintencionados intentos de rehabilitarle, entre ellos el de que conviviera con su madre, residente en San Francisco. De todo, menos condenarle y expulsarle.

No sólo las detenciones no habían llevado a ninguna condena efectiva, sino que ni tan siquiera se había visto amenazada su permanencia en el país, a pesar de que su abogado insiste en su legalidad y en que Ramos se encontraba gestionando sus papeles de residencia permanente después de casarse con una ciudadana estadounidense. El hecho es que ahora las autoridades federales y locales se acusan mutuamente de ser las responsables de que Ramos, tras su última detención en marzo, no sólo no fuera deportado, sino que, además, fuera liberado y dejado libre en las mismas calles donde unas pocas semanas después iba a cometer la carnicería que llevaba toda su vida buscando, amparado por unas autoridades de San Francisco que protegieron al hombre que ha terminado arrancando, definitivamente, el sueño del poder de las flores de la "incompetencia y la gazmoñería" de las autoridades de la bahía del amor.