NUEVO DIGITAL Internacional - El gobierno de Brown confirma la validez de las sentencias de los tribunales islámicos en el Reino Unido mientras la High Court califica a la sharia de sistema "arbitrario y discriminatorio"
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El gobierno de Brown confirma la validez de las sentencias de los tribunales islámicos en el Reino Unido mientras la High Court califica a la sharia de sistema "arbitrario y discriminatorio"

El gobierno de Brown confirma la validez de las sentencias de los tribunales islámicos en el Reino Unido mientras la High Court califica a la sharia de sistema "arbitrario y discriminatorio"

29.10.08 • 03:29 GMT • Javier Monjas - Madrid Email

Los tribunales religiosos islámicos en el Reino Unido podrán sentenciar por su cuenta y sin ningún tipo de vigilancia civil en casos de disputas matrimoniales entre musulmanes. Sólo en el caso de que alguna de las partes se mostrara disconforme con el dictamen, el descontento podría acudir a un tribunal 'general'. O, más bien, la descontenta, dado cómo legitima la ley islámica la sumisión de la mujer al hombre. De hecho, la propia High Court británica, tribunal de mayor rango del país, acaba de calificar a la sharia como un sistema “arbitrario y discriminatorio” en un caso donde la violenta brutalidad del marido y la marginación de la mujer en la custodia del hijo común se mezclaron siempre a favor del hombre. Hasta que, 'in extremis', prevaleció la ley civil británica. Sin embargo, no sólo los musulmanes tendrán sus propios ‘tribunales’ y su propio ‘sistema legal’, sino que gozarán de un funcionamiento autónomo que muchos -desde todos los sectores ideológicos- ven como la antesala de un extremadamente peligroso oscurantismo donde, lejos de las miradas del sistema democrático, la ley islámica juzgará y decidirá en el Reino Unido.

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El escándalo fue en aumento en las últimas semanas desde que se filtrara cómo el gobierno laborista había dado orden de que se respetaran los dictámenes alcanzados en ‘tribunales’ musulmanes, en realidad, organismos de arbitraje que, aprovechando huecos legales, consiguieron elevar sus mediaciones al rango de sentencia vinculante para las partes (ND). El Times de Londres afrontaba el tema desde la primera frase con un bien explícito “la ley islámica ha sido oficialmente adoptada por el Reino Unido”. Los peores temores sobre un sistema paralelo, excluyente y privado para musulmanes era vista por algunos como una conculcación intolerable de la igualdad ante la ley aplicable en los países occidentales, y por otros como una quiebra del estado de derecho que permite la aplicación de normativas tribales nacidas en los desiertos árabes de hace quince siglos.

Religión propia, justicia propia

Los más apocalípticos consideraban que se trataba del primer paso en una trayectoria que terminará sometiendo de alguna forma a los no musulmanes bajo la sharia. Cuando la dirección de la BBC prohibía todo chiste o broma sobre los musulmanes en los programas de la cadena radiotelevisiva (ND) muchos denunciaron que el carácter de intocable de los musulmanes como una sociedad paralela y no sometida a las normas comunes ya había comenzado a estrangular el sistema de libertades público en el Reino Unido. Es en este entorno en el que las autoridades de Londres quisieron dejar claro que la ley británica seguía prevaleciendo sobre la musulmana y que cualquiera disconforme con las ‘sentencias’ de la sharia podría acudir a los tribunales británicos para obtener una ‘revisión’ de su caso. Pero, con ello, el ejecutivo de Brown no hizo sino levantar nuevas y más profundas alarmas que añadir a las de quienes no olvidaban que, en efecto, ciudadanos del Reino Unido ya son y serán juzgados por la ley de Alá.

La subsecretaria de Justicia, Bridget Prentice, enviaba una comunicación al Parlamento en la que establecía cómo las decisiones de los tribunales de la sharia debían de ser sancionadas por los tribunales generales. Siempre hablando de Inglaterra y Gales -dado el carácter por completo autónomo de la política y la judicatura escocesa-, Prentice decía: “Si las partes en un proceso según la sharia desean que éste sea reconocido por las autoridades inglesas, son libres de remitir un documento que plasme los términos del acuerdo y someterlo a un tribunal inglés”. “Esto permite a los jueces ingleses examinar (el documento) para estar seguros de que cumple con los principios legales ingleses”, añadía la comunicación de la responsable política. Prentice fue más allá y reafirmó con contundencia la preponderancia de las leyes de la tierra sobre cualquier enfoque legal religioso.

'¿Qué musulmana se atreverá a desafiar la justicia de su comunidad?'

“No hemos emitido ninguna orientación sobre la validez de las fatuas y de otros dictámenes emitidos por las autoridades religiosas para decidir en disputas matrimoniales porque no hay necesidad de tal orientación. La sharia no tiene jurisdicción en Inglaterra y Gales y no hay ninguna intención en cambiar esta posición”, concluía. Sin embargo, con estas aclaraciones, que se querían categóricas, la alarma general no sólo no descendió, sino que se vio incrementada con nuevos temores que añadir al hecho ya irrebatible de que los musulmanes tendrán su propio sistema legal separado del general, por mucho que se reafirme la superioridad legal británica de los 'infieles'. El ‘fuego amigo’ del Guardian, diario habitualmente mudo en medio de su habitual apocalipsis de corrección política y multiculturalismo a cucharadas, se lanzaba sin embargo esta vez sobre los ‘compañeros’ en el gobierno llevando las más que razonadas dudas sobre lo que iba a significar en realidad la tan cacareada preponderancia de los jueces ingleses sobre los islámicos en el país.

Para empezar, nadie en su sano juicio va a someter al dictamen de un juez inglés un acuerdo que ya saben de antemano los musulmanes implicados que nunca pasaría tal escrutinio. Además, los magistrados van a recibir un par de folios con los términos del acuerdo y quedarán ignorantes de cómo se ha conseguido, con lo que las garantías de las partes -en especial, las de la más débiles- serán una pura entelequia. Según se temían otros columnistas, los jueces ingleses quedarán como meros funcionarios sancionadores de un acuerdo que ya se hecho digerible para el sistema legal británico. Lo que haya detrás, nadie lo podrá saber fuera de los tribunales islámicos que, por otra parte, nadie va a vigilar, manteniéndose por completo independientes del sistema general de leyes. Esta característica es especialmente grave en el caso de las mujeres, seres de categoría muy inferior al hombre en la ley islámica. La presión de la comunidad musulmana y de sus divinos 'jueces' sobre las mujeres, en especial cuando sus hijos están en juego, para que acepten las sentencias propias y no se les ocurra la 'traición' de acudir a la justicia de los infieles, se levanta como uno de los mayores temas de preocupación. De hecho, estos temores ya dejaban de ser hipótesis sólo unos pocos días antes, cuando la High Court tenía que meter mano en el desaguisado islámico que perseguía a una madre libanesa y a su hijo.

La salvación 'infiel' de una mujer sometida

Se trataba del caso de una mujer libanesa que huyó -con papeles falsos- al Reino Unido junto con su hijo, escapando del padre y marido que no sólo mantenía un comportamiento violento y brutal con ambos, sino que ejecutó su derecho islámico de obtener la custodia del hijo en cuanto este llegó a los siete años de edad. La ley libanesa, inspirada en la sharia, era inexorable: un hijo pasa automáticamente al control del padre a los siete años sin importar ninguna otra consideración. Sorprendentemente, un tribunal encargado de inmigración y asilo había dictaminado que la deportación de madre e hijo -hoy de doce años de edad- al Líbano no iba a conculcar los derechos humanos de ambos en ninguna forma, ni tampoco el derecho de la mujer a la vida familiar. Pero en su revisión del caso, la High Court no sólo protegía a la mujer de la deportación ordenada por entrar con documentación falsa en el país, sino que establecía cómo la sharia es un sistema “arbitrario y discriminatorio”, y la deportación de la mujer de vuelta a tal sistema supondría una “ruptura flagrante” de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Madre e hijo podrán seguir acogidos en el Reino Unido, lejos del marido que hizo abortar a la mujer de otro embarazo a base de golpes con un jarrón de gran tamaño. Sin embargo, en los tribunales islámicos sancionados por Londres nadie sabrá cómo se sentenciará y qué presiones se ejercerán sobre mujeres y niños para que no protesten la ley de Alá que ya, en efecto, rige en el país que inventó la democracia y la libertad contemporánea.

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