¿Qué tienen en común la hiper-maruja Martha Stewart y el supuesto yihadista Najibullah Zazi? Ambos odian la siguiente combinación de números, letras y símbolos: 18 USC §1001. Se trata de un artículo del Código Legal de Estados Unidos que los investigadores federales están utilizando a fondo desde el 11-S contra, entre otros delincuentes, los iluminados del terrorismo islamista, pero que castiga en general el engaño a los agentes de seguridad de ámbito nacional.

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Martha Stewart fue encarcelada por pasarse de lista en el uso de información privilegiada en ciertas inversiones de bolsa, mientras Zazi lo ha sido por sus potenciales planes para volar instalaciones del sistema público de transportes de Nueva York. En el primer caso, la principal amenaza pública de Martha Stewart se encuentra en algún posible error en los tiempos de cocción de su -por ejemplo, ya que estamos en otoño- tarta de manzanas, uvas pasas y ciruelas remetidas entre capas de hojaldre, todo ello endulzado con miel, aromatizado con brandy y coronado con nata montada a discreción. En el caso de Zazi y de sus compinches musulmanes arrestados por el FBI, la amenaza ha llevado a la emisión de una severa alerta de seguridad sobre hoteles, estadios deportivos y medios de transporte públicos. Pero ambos, Stewart y Zazi, han terminado entre rejas por una de las más polémicas y desconocidas provisiones legales de Estados Unidos en el cada vez más desigual combate entre la seguridad y la libertad.

El Título 18, Primera Parte, Capítulo 47, Artículo 1001 del Código Legal Federal de los Estados Unidos penaliza básicamente engañar -"a sabiendas y de forma voluntaria"- al gobierno federal "en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de las ramas ejecutiva, legislativa o judicial de los Estados Unidos". Incluso si el investigado no se encuentra bajo juramento. Incluso si no ha recibido advertencias de ninguna clase sobre el origen o fundamento de la investigación. E incluso si la investigación no se ve confundida por la falsedad, según advierten, alarmados y alarmantes, algunos expertos legales en el negocio del litigio y la defensa.

Explosivos sin explosivos

Martha Stewart intentó confundir a los investigadores que repasaban sus inversiones de bolsa, y su caso se hizo famoso dada la extrema popularidad de la finalmente encarcelada estrella de la televisión estadounidense. Pero la normativa recoge una provisión específica para casos de "terrorismo doméstico o internacional" que es la que se ha aplicado de forma recurrente y predominante en la persecución del islamismo terrorista. De hecho, según los datos correspondientes a 2005, los casos llevados a juicio por el delito federal de terrorismo se basaron sobre todo en la acusación de "engañar a investigadores", muy por delante de las imputaciones específicas de terrorismo, o de los procesos que se pudieron abrir basándose en violaciones de documentos de viaje, conspiración para la comisión de delitos o inmigración.

En el caso de las últimas detenciones, los investigadores han localizado documentación relacionada con la fabricación de artefactos explosivos improvisados (los letales IED -por sus siglas en ingles- de las guerras de Irak y Afganistán (ND)), pero, sin embargo, no han encontrado pruebas fehacientes e inapelables -incluyendo los explosivos en sí mismos- que llevaran a la conclusión de que se iba a perpetrar un atentado de forma inmediata.

Reservas a izquierda y derecha

De hecho, el propio Departamento de Justicia reconocía que la investigación no estaba relacionada con "ningún ataque planeado en tiempo, localización u objetivo", según la nota de prensa emitida por el FBI, aunque sí están convencidos de que los yihadistas (al menos de tendencia) les han intentado engañar en el marco de la investigación y por ello ejecutaron el artículo mencionado del Código federal. Y es precisamente aquí donde se encona el debate alrededor de unas investigaciones y detenciones que muchas veces terminan con los detenidos y procesados en la calle libres de toda condena, para potente carta propagandística a favor de la persecución contra el islam y la "islamofobia".

Para los cuerpos de seguridad, este tipo de provisiones permite abortar desde su misma concepción las operaciones terroristas que ya se han decidido y antes de que sea demasiado tarde. Para quienes se oponen a ellas destacan entre otras cosas cómo, en el terreno práctico, se corre el riesgo de conceder rango de operación terrorista a planes de los que, en realidad, nunca se conocerá su auténtica peligrosidad. En este sentido, la acción del gobierno federal es cuestionada tanto desde la izquierda de la defensa de los 'derechos civiles' como desde la derecha de la protección de la libertad fundacional del país frente a la obsesión por la seguridad que enmascara la voracidad regulatoria y represiva 'de Washington'.

Los republicanos, con Obama

La administración Obama ha continuado utilizando el amplio comodín operativo del 18 USC §1001 que Bush empleó a fondo en la cobertura del desbaratamiento de operaciones terroristas, bien intelectuales -con voluntad o no de pasar a la acción-, o bien cuando ya se han dado pasos operativos concretos. Los altos cargos de la seguridad del ejecutivo de Obama también ya han declarado públicamente que no desean renunciar ni a este ni a varias de las potentes provisiones legales de la Patriot Act que expirarán en diciembre y para las que ya se ha pedido renovación inmediata en el Congreso. Con un nuevo choque entre partidarios de primar la seguridad sobre la libertad y los partidarios de la ecuación inversa.

La demanda de "mejorar" la Patriot Act, es decir, de limitar y suavizar los amplios poderes federales surgidos del post 11-S, están partiendo precisamente de las filas demócratas, que se enfrentan así a las públicas peticiones de su confirmación que llegan desde la Casa Blanca. Son los republicanos quienes están dando apoyo a la administración Obama en este sentido, como hacía el senador Kit Bond al afirmar que "no es atar ahora las manos a nuestros combatientes del terrorismo lo que deberíamos hacer" dado que "la amenaza contra el territorio estadounidense es muy real".

"El humo y el polvo de Grand Central Terminal"

Otro republicano, esta vez el congresista Steve King, se quejaba de que el debate sobre la amplitud de los poderes antiterroristas federales no se estaría llevando a cabo "si las sesiones (del Congreso) se estuvieran desarrollando entre el humo y el polvo de la Grand Central Terminal", es decir, con el hecho ya consumado de un atentado como el potencialmente desbaratado esta semana que, sin embargo, para otros, podria no ser más que una fantasía de un musulmán demasiado devoto -al menos, de Al Qaeda- y un nuevo símbolo de la claudicación de la libertad frente a la seguridad.