Prevista como obligatoria para adolescentes, con o sin consentimiento de los padres: Los conservadores británicos fuerzan la eliminación de la educación sexual en los colegios desde los siete años
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La devastación se ha extendido esta semana entre los laboristas. El gobierno se ha visto forzado a masacrar los puntos más polémicos -y, para Londres, más importantes- de la ya Ley sobre Niños, Colegios y Familias. Se trataba de eso, o de que no fuera aprobada a tiempo antes de las próximas elecciones generales -que se deben celebrar en menos de un mes- debido a la oposición de los conservadores, por otra parte, muy destacados en las encuestas. Pero no sólo ha quedado eliminada una disposición que, de haber sido aprobada, habría llenado la cabeza de niños y niñas de incluso siete años de edad de un apocalipsis educativo sobre "relaciones personales" y "educación sexual". También los profesores se oponían a determinadas y agresivas provisiones de la denominada 'pedagogía progresista'.
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El Proyecto de Ley sobre Niños, Colegios y Familias -en estos momentos, ya ley tras su tramitación parlamentaria- contemplaba varias provisiones clave dentro de una 'pedagogía progresista' aplicada con furor totalitario en España, donde la última ocurrencia hembrista (ND) acaba de plantear la prohibición en las aulas de los cuentos tradicionales por "sexistas". Pero en el Reino Unido, varias medidas contempladas en el texto legal habían sido calificadas por los conservadores como una intolerable intromisión del Estado en la educación de los hijos por encima de los deseos y las voluntades de los padres incluso en asuntos tan delicados como la educación sexual de niños pequeños.
'Home schoolers', equiparados con criminales
De hecho, el proyecto de ley proponía un registro nacional de familias que educan en el hogar a sus hijos, práctica conocida también en España por la expresión en inglés de "home schooling". El lado sentimental de la medida había sido justificado como un intento de evitar tragedias como la de Khyra Ishaq, una niña de siete años dejada morir de hambre por su madre y su padrastro, ambos musulmanes conversos deseosos de 'purificar' a la criatura, y que estaba siendo supuestamente educada en casa cuando, en realidad, ni tan siquiera estaba siendo alimentada.
Pero la mayor parte de las familias que optan por esta alternativa nada tienen que ver con el caso de la pobre Khyra, torturada y asesinada por sus devotos padres ante la inacción de los multiculturales trabajadores sociales que nada hicieron por salvarla, sin embargo, ahora bien protegidos por los sindicatos. Según quienes se oponían a la restrictiva y discrecional normativa, la ley propuesta por los laboristas simplemente pretendía estrechar el control del Estado sobre los derechos de los progenitores. No sólo habría costado el sistema 191 millones de libras durante los próximos diez años, sino que las autoridades locales habrían recibido potestad para retirar a discreción el derecho de los padres a educar a sus hijos en casa dependiendo de la voluntad y los burocráticos criterios del funcionario de turno.
La imposición de una "ideología concreta"
Mientras tanto, los sindicatos de profesores, en su casi unánime mayoría de querencia 'laborista', criticaban por su parte el intento de importar el modelo de las escuelas neoyorquinas, donde profesores, escuelas e institutos son calificados por los alumnos, lo que, en opinión de aquellos, "habría reducido los colegios a una simple letra o número" de calificación. Pero, con diferencia, la provisión que había polarizado las posiciones se centraba en la reforma de la "educación sexual".
Nada menos que 640 personalidades, entre los que se encontraban obispos católicos, párrocos, líderes de varias confesiones religiosas, profesores universitarios, consejeros y médicos, además de padres, trabajadores sociales, y directores de colegios, firmaban una carta exigiendo la retirada de una medida que habría llevado la educación sexual y sobre "relaciones personales" a las cabezas y preocupaciones de niños de hasta siete años de edad. Los firmantes denunciaban que el proyecto de ley pretendía imponer una "ideología concreta" mientras se anulaban los derechos de los padres dado que éstos no podrían ni tan siquiera objetar que sus hijos la recibieran, en especial en relación a los mayores de 15 años de edad, donde tales contenidos serían obligatorios con o sin autorización paterna.
"Los más vulnerables, indefensos
Los conservadores forzaron la agresiva poda del proyecto de ley al iniciar unos trámites que, de hecho, habrían impedido la aprobación del texto legal antes de la disolución del parlamento con motivo de las próximas elecciones generales. Con esta perspectiva, el gobierno laborista prefirió someterse a los recortes conservadores con el fin de salvar la ley en su conjunto, aunque con unas modificaciones que ponen "en riesgo la mejora de nuestros colegios, el apoyo a los alumnos y el bienestar de nuestros jóvenes", según Ed Balls, máximo responsable, con rango ministerial en la equivalencia española, del departamento para Niños, Colegios y Familias.
Para los conservadores, sin embargo, su bloqueo ha sido simplemente una reacción a la "arrogancia" de los laboristas al no aceptar la discusión de sus puntos de vista, pero, sobre todo, una acción defensiva contra el intento de "eliminar los derechos de los padres a retirar a sus hijos de unas clases que consideran dañinas". O, como han dicho algunos destacados columnistas, una ofensiva para acabar con una normativa que, simplemente, "dejaba indefensos a los vulnerables".
