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EL PAÍS
Javier Monjas - 04/03/2013 - 01:33 PM   GMT+01:00

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Los activistas de derechos humanos saudíes se han movilizado para intentar salvar a siete jóvenes que, si una intervención de última hora no lo remedia, van a ser ejecutados este martes por un delito que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad. Su condena es aún más problemática porque el proceso ha estado plagado de irregularidades y los jóvenes aseguran que fueron torturados para confesar. El supuesto cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, será además crucificado, uno de los crueles castigos físicos que aún contempla el sistema penal saudí.

“Vivimos en una sociedad medieval, aunque estemos en los albores del tercer milenio”, lamenta Mohammad al Qahtani, el director de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA), en conversación telefónica. Este activista explica que esa pena “se reserva para los crímenes más odiosos y que crean alarma social”. No dispone de cifras. “Es infrecuente, pero se dicta, aunque a veces el Gobierno, consciente de la degradación del sistema judicial, conmuta ese tipo de condenas”, añade.

¿Cuál es el delito odioso que cometieron los siete condenados? Al parecer, una serie de atracos a joyerías en la ciudad de Abha, al sur del país, por los que fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006. La sentencia de muerte se pronunció hace tres años, pero las autoridades probablemente han esperado para que todos sean mayores de edad en el momento de su aplicación. En Arabia Saudí, esa pena se ejecuta por el procedimiento de decapitación a espada. En el caso de Sarhan, después se procederá a la crucifixión.

“Le dejarán expuesto [en la cruz] durante varias horas, como medida de escarnio”, explica Al Qahtani. “No es solo la severidad del castigo, sino que no han tenido acceso a un abogado, ni un juicio justo; además les han intimidado y torturado para que confiesen”, subraya. Lo que su organización y otros activistas están pidiendo es que se repita el juicio y se les permita contar con defensa letrada.

“El caso es tan débil que han tenido que recurrir a la intimidación para conseguir las confesiones; si tuvieran pruebas sólidas, no hubiera sido necesario”, añade este activista que lleva años denunciando los abusos de la Dirección de Investigación General —los servicios secretos saudíes— y su interferencia en el sistema judicial.

Amnistía Internacional se ha hecho eco de esas preocupaciones y ha lanzado un llamamiento urgente para que se frene la ejecución. Ali al Ahmed, un opositor saudí que dirige el Institute for Gulf Affairs en Washington, ha escrito a varios embajadores europeos en Riad pidiéndoles su intervención ante las autoridades saudíes.


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