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Debido a los altos costes para el sistema público de sanidad
Javier Monjas - 10/12/2012 - 08:07 AM   GMT+01:00

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Demasiados enfermos de vuelta a los hospitales después de ser atendidos de sus enfermedades o dados de alta tras un ingreso. Demasiado dinero gastado en recaídas y en reincidencias de consultas médicas. Obama se ha propuesto apretar las tuercas a los hospitales que atienden a los pacientes que acuden a ellos bajo la cobertura del Medicare, el sistema público de asistencia sanitaria para mayores de 65 años y menores de esa edad con discapacidades.

Los hospitales cobran por cada admisión y también por cada readmisión. Washington penalizará con retirada de fondos a los centros sanitarios con pacientes con salud 'demasiado débil', aunque, según los hospitales, cuando se atiende a ancianos, y a enfermos crónicos o con minusvalías, todos tienen la 'salud demasiado débil'.

Esta es tan solo una de las descarnadas batallas en un sistema sanitario que, como el estadounidense, es de financiación pública, pero de prestación estrictamente privada. Y eso que aún no ha entrado en vigor el 'Obamacare', el plan del presidente para universalizar la asistencia sanitaria bajo los mismos criterios: financiación pública, asistencia y gestión privadas.

El recorte en los gastos por recaídas y readmisiones hospitalarias constituye una de las medidas contempladas en el conocido como 'Obamacare', el plan de Washington para proveer de una cobertura sanitaria pública a una mayoría de estadounidenses que carecen de ella. Pero para entender qué está sucediendo con la sanidad de Estados Unidos es necesario recordar que en ese país, las coberturas públicas, esto es, sufragadas con dinero público, se ejecutan a través de hospitales estrictamente privados, empresas tan comerciales y sujetas a los balances y cuentas de resultados como Coca-Cola o McDonald's.

El plan sanitario de Obama destinado a la conquista de una cierta universalización de la asistencia sanitaria va más allá en esa mezcolanza de asistencia pública y privada puesto que prevé que los ciudadanos sean asistidos en hospitales privados mediante la cobertura de seguros médicos emitidos por aseguradoras igualmente privadas que, sin embargo, serán abonados con dinero de los contribuyentes.

Este sistema público-privado de asistencia provoca fuertes tensiones entre los intereses de rentabilidad de las empresas privadas que lo facilitan y el sistema público que paga la cuenta. Las suspicacias se incrementaron tras la revalidación de la victoria de Barack Obama el pasado mes de noviembre para otro mandato en la presidencia del país. Y, una vez más, Wall Street se convirtió en el mejor índice para medir las rigideces y las presiones a que se encuentra y se encontrará sometido el nuevo sistema.

Fue ganar Obama y subir las acciones de los hospitales hasta un 9 por ciento en una sola sesión, una vez disipados los temores de sus accionistas de que Mitt Romney revirtiera el 'Obamacare'. Mucho, mucho negocio -en efecto, negocio- van a tener a partir de ahora los centros sanitarios con la masiva entrada de cientos de millones de potenciales 'clientes' respaldados por los fondos de Washington. Es decir, se acabaron en la práctica los 'deudores', quienes no pueden pagar sus facturas médicas tras ser atendidos al carecer de seguros propios.

Sin embargo, las aseguradoras se mostraron mucho más débiles en Wall Street ante la ya casi segura certeza de que, a pesar de que los seguros contarán con el respaldo directo del dinero público, no está nada claro que las prestaciones resulten más baratas que el dinero recibido por las pólizas.

Pero estas tensiones 'de mercado' coexisten con las que se producen entre los proveedores del sistema -los hospitales- y el gran cliente que los contrata, en este caso, el Estado, entendido tanto en su dimensión federal, como en la estatal, pues los estados cada vez toman un papel más activo en programas públicos sanitarios de rango precisamente federal como el Medicare o el Medicaid.

Por increíble que parezca, en los mismos Estados Unidos informatizados y computerizados hasta las orejas se da una fortísima resistencia a la implantación de un sistema electrónico que interconecte el sistema hospitalario (privado) y las administraciones (públicas) que abonan las facturas en sistemas de asistencia (pública) como el Medicare. Es más, tanto los hospitales como la propia administración federal se unen en las suspicacias puesto que ambos ven un nuevo enemigo común: los propios médicos, tan 'privados' como los hospitales y las aseguradoras.

Desde el lado público se teme que la informatización de los registros sanitarios lleve a un inflado de la facturación por los servicios médicos puesto que será más fácil 'colar' asistencias mediante su inclusión en formularios informáticos que en el actual sistema de toneladas de papeles que alguien lee y revisa, por mucho que la gestión de estos últimos sea al final muy cara.

Es tan enorme el miedo a la informatización del inmenso programa del Medicare -que cubre a 50 millones de estadounidenses- que los propios hospitales se han unido a la administración en los temores de fraudes masivos en las facturas que emitirán sus propios profesionales. Por ello, las asociaciones hospitalarias reclaman medidas para combatir esta que ven como inminente catástrofe si las pilas de papeles son sustituidas por ordenadores en los que sus médicos marcan casillas en bases de datos por los servicios (supuestamente) prestados.

Según se teme ahora, el software de facturación hace posible que los médicos y el resto del personal sanitario -profesionales privados en centros sanitarios privados- inflen sus cargos tanto al propio hospital como al propio sistema público que debe pagar una cantidad determinada por categorías de atención prestada, cantidad que quizás no cubra el monto completo de las prestaciones, de manera que el hospital también termina perdiendo, pues debe afrontar la diferencia no cubierta por el dinero público.

Estas graves tensiones de todos contra todos -administraciones públicas, hospitales, aseguradoras, profesionales sanitarios- han provocado que el gobierno federal esté apretando las tuercas bien apretadas a los hospitales por las que se consideran demasiadas "readmisiones" en pacientes recientemente dados de alta. Desde Washington van a 'castigar' a 2.217 hospitales con hasta un 1 por ciento de reducción en los pagos del Medicare por lo que los interventores ven como demasiadas -y, por tanto, muy sospechosas- cantidades de pacientes vueltos a atender de sus enfermedades.

Desde los hospitales se contraataca argumentando que, cuando se tienen 70 años o un enfisema pulmonar, no es nada extraño que un paciente regrese para ser atendido por agravamientos de sus dolencias. Pero, una vez más, las suspicacias estallan cuando se recuerda que el Medicare paga una tarifa por cada paciente que un hospital atiende. De esta manera, cuanto menos tiempo ocupe un paciente la habitación, más rotación tendrá esa habitación, incluso cuando es el mismo paciente recién dado de alta el que la vuelva a ocupar.

Según datos federales, uno de cada cinco ciudadanos atendidos bajo el Medicare vuelve a ser hospitalizado tan solo un mes después de ser dado de alta. Este elevado número de 'recaídas' cuestan al gobierno federal más de 17.000 millones de dólares al año, cantidad que se quiere recortar o eliminar en lo posible mediante el combate de las 'readmisiones'.

¿Cómo? Abriendo ese gran bolso de lugares comunes como la 'educación sanitaria', el 'seguimiento personalizado del enfermo', etc. Pero el hecho es que, en pacientes especialmente vulnerables como ancianos, enfermos crónicos o discapacitados, los hospitales se lo pensarán muy mucho a la hora de 'admitir su readmisión' con el fin de no superar el cupo de enfermos con 'recaídas' que el gobierno federal puede considerar 'sospechoso', es decir, aceptable sin que dispare una sanción económica.

Y todo esto sin que aún haya entrado en vigor -se prevé que lo hará no antes de un año- el plan de universalización de la asistencia sanitaria pública mediante recursos de gestión y explotación plenamente privadas.
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